GRUPO PLAZA

Entrevista a  la SECRETARIA AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL

Sandra Casas: "Hasta 2018 no resolveremos los nuevos expedientes de dependencia"

20/06/2016 - 

VALENCIA. Los servicios sociales son una de las señas de identidad del actual Gobierno y donde se han encontrado un cajón con demasiados temas por resolver. Sandra Casas, secretaria autonómica de Servicios Sociales, explica cómo ha sido y qué se ha hecho en este año al frente de una de las áreas más importantes para el actual Consell.

-Casi un año al frente de la secretaría autonómica de Servicios Sociales, ¿cuál es el balance?

-El balance es que estaba mucho peor de lo que pensábamos  porque la información y la transparencia con el antiguo gobierno no ha sido lo que ha caracterizado su legislatura. Lo que conocíamos era en base a la información pública. Pero uno de los ejemplo son las 15.000 solicitudes de dependencia que estaban en un cajón y que no aparecían en las estadísticas. Igual que nos hemos encontrado en otras materias como renta garantizada de ciudadanía.

"El balance de este año es que todo estaba mucho peor de lo que pensábamos"

En general, en todo el sistema y en esta conselleria, hemos encontrado más cosas de las que pensábamos que había que mejorar. Durante este tiempo, en los seis primeros meses desde que entramos, han sido de diagnóstico. En cada una de las materias hemos tenido que hacer el diagnóstico de la situación, del sistema heredado y saber cuál era el punto de partida. Lo que nos planteamos en los seis meses siguientes, en 2016, era marcar los nuevos modelos en dependencia, en el sistema del menor, porque no solo hay que apagar fuegos, sino marcar una hoja de ruta y lo que queremos hacer.

El cambio de modelo va a ser el sello del nuevo Gobierno. Que realmente sean inclusivos, que no fomenten la exclusión social y durante estos seis meses ha sido este el objetivo. Se trata de pasar de un modelo asistencial a un modelo de derechos.

-El nuevo modelo de dependencia es uno de los que más inquietan, ¿cómo está pensado?

-Hay cosas comunes a los tres sistemas que es la desmercantilización, la descentralización y los servicios de proximidad. Esos son pilares comunes. En el sistema de la dependencia se trata de deconstruir el modelo generado por el anterior Gobierno que venía a hacerse a través de encomiendas de gestión. La estructura ya es errónea, porque ya partes de la externalización. Y lo que nosotros queremos es revertir y recuperarlo para el sistema público y que la tramitación se haga desde la conselleria, no desde una entidad externa. Y a su vez descentralizar desde la Conselleria a los municipios, que son quienes están en contacto con las personas.

También vamos al cambio del modelo para modificar la normativa con los tramites. Ahora conlleva mucha burocracia, dos procesos. Primero te reconocen el grado y luego el recurso que te asignan, y ralentizan la resolución porque el procedimiento es muy complejo. La conselleria está trabajando en el nuevo modelo de ayuda a la dependencia comparándolo con otras comunidades autónomas y viendo las buenas prácticas. Nosotros contamos con la experiencia de la que la ley lleva 10 años y podemos recoger las mejoras para crear nuestra normativa.

También hablamos de una coordinación con Sanidad, que hasta ahora no se había hecho, y lo cierto es que la mayoría de personas que tiene dependencia porque viene derivada de una patología. La Conselleria de Sanidad tiene que aportar mucho en el sistema de dependencia. Va a ser un modelo coordinado.

-El presidente de Aerte pedía un acuerdo marco con un modelo de proximidad. ¿Cómo se contempla el nuevo modelo?

-Cuando llega el nuevo Gobierno nosotros nos encontramos con un modelo de residencias basado en el concurso de accesibilidad, que era de las empresas de Cotino y otros empresarios. Nos encontramos con un sector de mayores enfrentado porque la política del anterior Gobierno beneficiaba a unas empresas. Y luego a la conselleria atada de pies y manos por una sentencia que tenía que resolverse en el mes de febrero. La conselleria no podía lanzar un nuevo concurso hasta que estuviera en vigor el que existía, aunque entendíamos que no era el correcto y que había tenido cierta fase irregular.

En febrero sale la sentencia y determina lo que pensábamos. A partir de ahí se abre la posibilidad de que la conselleria realice un nuevo concurso, y pensamos en un concurso público abierto, transparente y el criterio no es solo el precio, como el anterior Gobierno, sino que se prima la calidad del servicio y la proximidad de la plaza a la persona. Esto se consigue haciendo lotes más pequeños. La ley de dependencia, en su catálogo de servicios y prestaciones, también dice que puede optar a una plaza de residencia o a un prestación del servicio residencial. Puedes elegir la plaza pública y por otro lado la prestación vinculada al servicio de prestación asistencia, que también tenía un recurso porque las empresas de accesibilidad decían que no podían otorgar estas prestaciones mientras tuvieran plazas libres, pero lo que ellos planteaban iba en contra de la ley, que te da a optar.

-¿Y se van a mantener las prestaciones de servicio residencial?

-Las hemos subido porque la intención es que todo el mundo tenga posibilidad de libre elección. Si al final el coste de la privada de esta prestación no te permite hacerlo, no hay libre movilidad que es lo que queremos. Si una persona no tiene pública en su localidad, si no puede optar por la privada porque la prestación que le da el Estado  y su pensión no le llega, se tiene que ir a 50 kilómetros. Por eso lo que vamos a hacer es incrementar la prestación vinculada de manera que tú vas a pagar lo mismo que si fueras a una pública.

El concurso público lo estamos poniendo en marcha pero esta segunda parte requiere de su normativización en la nueva ley de dependencia. Sobre plazos en la administración es bastante complejo porque todo lo que se desea poner en marcha por el equipo de Gobierno no siempre puede ser rápido por la tramitación. El acuerdo marco  que proponía Aerte también está funcionando en Aragón y esta conselleria no opta porque implica que por cada persona de una residencia habría que hacer un contrato mientras que con  el concurso público es un único contrato. Por eso el aspecto de la proximidad lo resolvemos con lotes pequeños y las prestaciones.

-¿Hay alguna comunidad autónoma con un modelo a seguir en la aplicación de la ley de la dependencia?

-La comunidad autónoma que va la primera en la aplicación de la ley de la dependencia es Castilla y León. Hemos cogido cosas de su modelo, pero ninguna es perfecta. Hay cosas que otras comunidades están haciendo cosas bien y también las estamos cogiendo.

-Aerte también apuntaba a que no se están cumpliendo los objetivos de resolver expedientes de dependencia.

-No vamos mal. Cuando entramos nos encontramos 46.000 personas sin atender. En el mes de diciembre ponemos en marcha el plan estratégico para atender el colapso y se establece que de esas 46.000 personas, se resuelvan 22.500 en 2016, 22.500 en 2017 y en 2018 resolver los que se han generado durante el 16 y 17 porque esos años no vamos a resolver peticiones nuevas. Aunque la ley dice que son seis meses, va a ser imposible. Sería posible resolver en seis meses si no hubiesen dejado las 46.000 a cola. La gente ya sabe que tardará un año y medio o dos años en resolver su expediente por el tapón.

En esa fase en la que nos encontramos vamos bien. Hemos resuelto 6.000.  Son 1.800 al mes, eso se ha estado cumpliendo, pero sí que es verdad que durante el mes de mayo se han hecho cambios y tenemos que seguir dando continuidad mientras cambiamos el modelo. Las encomiendas de gestión terminaban el 30 de abril. El 30 de abril se acaba este modelo y se solicita a Justicia que nos mande personal para devolver a lo público para parte de dependencia. Así que se fueron 41 personas de la encomienda y han venido 52 funcionarios. Esas personas necesitan un periodo de adaptación, así que durante el mes de mayo no alcanzamos el objetivo de 1800 expedientes, y llevaremos un retraso de 500. Sobre los datos de Aerte –que son del ministerio-, no coinciden con los nuestros. Podríamos seguir resolviendo 1.800 y dejar el sistema privatizado pero no se trata  solo de resolver sino de ir cambiando el modelo.

-No están muy de acuerdo con los cuidadores no profesionales. ¿Cómo veis vosotros el modelo?

-El modelo factible es que se hubiese desarrollado el catálogo de servicios y prestaciones como dice la ley. Con el antiguo Gobierno no sucedió y ahora estamos trabajando para ello. Por ejemplo, los servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. Esto es una mala inversión en dependencia en la Comunitat Valenciana. Porque si tú inviertes y olvidas la promoción y prevención y solo inviertes en institucionalización, siempre va a ser muy caro porque siempre vas a tener grandes dependientes. Y que estos servicios sean coordinados por Sanidad, Educación, sobre todo los niños, y en servicios municipales.

El servicio de atención a domicilio es otro de los que no se han puesto en marcha en diez años y que están prestando los ayuntamientos porque la Generalitat no ha desarrollado el servicio de atención domiciliaria. La intención es que los ayuntamientos no se dediquen a hacer esto y dediquen la atención domiciliaria a personas que no son dependientes como niños con problemas de conducta. Lo que sí que existía, era la prestación vinculada al servicio a domicilio donde entran todas las empresas. Eso determina como el antiguo Gobierno se decantaba más por lo privado que por lo público. Con lo cuál, los trabajadores sociales si alguien se lo pedía decía que no existía y si lo solicitaban tenían que pagarlo y luego ya la conselleria lo resolvía.

-¿Pero se prima porque es más barato?

-Tienen que existir servicios profesionalizados pero también la prestación para cuidados en el entorno familiar. Otra cosa será profesionalizar al cuidador. Pero el servicio de atención en el entorno familiar tiene que estar porque las personas quieren ser  atendidos en su hogar. Pensamos que hay compatibilizar los servicios a domicilio con la prestación de cuidados en el entorno familiar, algo que podremos hacer en 2019. Nuestra proyecto de legislatura es al resolver en 2018 el tapón de personas, empezar a compatibilizar.  De todas forma, los cuidadores familiares están formados en sus centros sociales. Pero el conceder más prestaciones de cuidador o no no va ligado a una cuestión económica. El que existan más cuidadores o no van en función de la persona.

No puedes forzar a un niño que está atendido por su madre ir a un centro. Pero también piensa en un hijo que dice que no va a llevar a su padre a una residencia de 100 personas, que es lo que tenemos ahora. Otra cosa es que tengamos que reforzar todo el catálogo de servicios para que esa persona se quede en su casa. Somos una sociedad que prefiere cuidar en casa que mandar a alguien a una residencia de  100 personas. Se hacen informes técnico y se han desestimado prestaciones de cuidador por no ser la persona idónea.

-¿Tenéis previsión de incorporar más funcionarios?

-Le hemos hecho una petición a Montoro de que elimine el veto de que según la reducción del déficit se puede ampliar el personal. Cuando llegamos aquí  y dijimos que íbamos a eliminar las encomiendas de gestión e íbamos a traer funcionarios, los mismos nos decían que eso era imposible. A lo mejor otras comunidades autónomas que crecieron en personal durante los años anteriores no han tenido problema, pero en nuestra administración pública en los 20 años ha brillado por su ausencia las ofertas públicas de empleo no lo hemos hecho. Sin embargo, con muchas trabas, lo hemos logrado. Nosotros alegamos a Madrid que no se puede gobernar para las personas sin personas. Sí que se han incremento de personal no solo en esta área sino en otras.

-¿Se han puesto ya en marcha las cláusulas sociales?

-Hoy por hoy es la medida que tiene el Gobierno para intentar que los contratos no primen únicamente el precio en cualquier servicio de esta conselleria. La ley de contratos del sector público que es nacional, habla de un tipo de contrato que no se puede nunca ajustar a las necesidades de las consellerias de Igualdad porque gestionan servicios de personas. Hay que ver cómo va a funcionar en la práctica porque es algo pionero en esta aplicación.

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email


Quiero suscribirme