Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Vuelve a tensarse el debate sobre el PAI del Grao en la ciudad de València. Y es que, la concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, negó este viernes la posibilidad de que el Ayuntamiento complete su deuda frente a la conselleria de Vivienda con la cesión de suelo para equipamientos públicos, tal y como planteó hace unos días el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. "Puedo garantizar que este consistorio no tiene que pagar ni un solo euro ni ceder un solo metro de suelo", aludía tajantemente.
El PAI del Grao es un desarrollo urbanístico que se planteó sobre lo que en algún momento fue el circuito de Fórmula 1 construido junto al arco marítimo de la ciudad. Este proyecto fue impulsado en el año 2007 por la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, quien adelantó los costes de urbanización del entorno con el objetivo de que el asfalto estuviera listo para la celebración del Gran Premio. Dentro del acuerdo, el gobierno autonómico firmó un convenio con el Ayuntamiento de Rita Barberá mediante el cual este tendría que devolver luego el importe, que asciende a unos 40 millones de euros.
Este dinero sería, a su vez, abonado a través de las costas urbanísticas de los propietarios de los terrenos, aquellos interesados en construir viviendas y otros equipamientos en el entorno. Todo ello, bajo la premisa de que el asfalto por el que habían circulado alguna vez los bólidos eran trabajo adelantado de urbanización para el nuevo barrio pendiente de desarrollo en la ciudad de València. Sin embargo, los años pasan y el dinero todavía no se ha ingresado. Principalmente, porque los dueños se niegan a asumir la totalidad de estas cargas urbanísticas.
Y es que, consideran que algunas de las zonas urbanizadas del circuito no son compatibles con el diseño y vida diaria de un barrio. Es decir, aceptan pagar la parte que les es imputable pero rechazan asumir el entero. Así, todavía no se ha pagado el importe y por lo tanto la Generalitat Valenciana no ha visto ni un solo euro de la deuda que contrajo para sacar adelante el circuito y posterior PAI del Grao.
Ahora bien, este es un tema que según la concejala de Desarrollo Urbano tienen que resolver las dos partes implicadas. Esto es, el gobierno autonómico y los propietarios de las parcelas, mientras que el Ayuntamiento es bajo su defensa totalmente ajeno a la materia. "En cualquier desarrollo, son los propietarios quienes se tienen que hacer cargo de los costes de urbanización. La Generalitat avanzó ese dinero y ahora los promotores tienen que devolver una buena parte de la deuda".
Así, aceptaba que en este caso particular no todos los costes pueden ser repercutidos a los dueños. Sin embargo, cree que es la Generalitat Valenciana quien en última instancia se tiene que responsabilizar del dinero sobrante: "Y de todo aquello que no es imponible se tiene que hacer cargo la institución que impulsó el proyecto, que es la Generalitat". De este modo, trasladaba a la conselleria de Vivienda que dirige Héctor Illueca el deber de hacer frente a la parte de la deuda que nunca será satisfecha por los promotores, liberando así al consistorio de su papel en el proceso.
"Recordemos que fue la Generalitat Valenciana quien quiso construir el circuito y quien de manera totalmente unilateral decidió cancelar luego el Gran Premio. El Ayuntamiento solo es la ciudad en la que se desarrolló todo". "Esto es un tema entre la Generalitat y los propietarios del suelo", zanjaba al respecto. Y apuntillaba: "Este Ayuntamiento no va a pagar nada, y menos en suelo público que es propiedad de la ciudad para poner en marcha los servicios públicos que un barrio necesita".
No dice eso, sin embargo, el convenio que por aquel entonces firmaron las dos instituciones. Y es que, tal y como se desprende del acuerdo, el Ayuntamiento liderado por Barberá sí que se comprometió a devolver todo el montante a la Generalitat. Así se refleja en una resolución del Consell Jurídic Consultiu (CJC): "Del convenio se desprende, a juicio de este órgano consultivo, que la voluntad de los firmantes fue, por un lado, que la Generalitat Valenciana asumiera anticipadamente el coste real de las inversiones en infraestructuras y, por el otro, que el Ayuntamiento retornara o devolviera ese coste".
Por lo que concluye: "Por ello, el hecho de que se estableciera, en principio, un determinado modo de generar los recursos económicos necesarios para recuperar la inversión de la actuación fruto del convenio no obsta desvirtuar el compromiso asumido por el Ayuntamiento de retornar, en definitiva, el coste de las infraestructuras".
Aunque, indicaba Gómez, que este acuerdo "está caducado" y que por ende ya se está trabajando en uno nuevo. "Vamos a trabajar en un nuevo convenio porque estamos a punto de resolver lar cargas urbanísticas con los propietarios del suelo y ahora nos queda por aclarar el nuevo marco jurídico de las relaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento".
Así con todo, lo cierto es que las relaciones con la conselleria de Vivienda han vivido algunos momentos de tensión. Por ejemplo, el recién estrenado conseller Héctor Illueca apremió hace unos meses al consistorio a solventar su deuda. Movimiento que ya le valió un aviso por parte de la concejala: "No se puede entrar como un elefante en una cacharrería". A partir de ahí, las fricciones se saldaron mínimamente con la promesa de negociación de un nuevo acuerdo, aunque por el momento esto todavía está en proceso.
Y precisamente en el marco de estas negociaciones fue cuando el alcalde de València, Joan Ribó, planteó la posibilidad de ceder suelo para solventar el pacto: "La compensación no tiene por qué ser económica", aludía al respecto. Así, planteaba la posibilidad de equipamientos para las consellerias, como por ejemplo el desarrollo de centros de mayores. Algo que no ve así en absoluto la titular de Desarrollo Urbano, quien sostiene que el Ayuntamiento "no le debe nada a la Generalitat".
