València cederá suelo a la Generalitat Valenciana para saldar la deuda del PAI del Grao

VALÈNCIA. Ambiente más tranquilo entre la conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de València en cuanto al PAI del Grao. A finales de año, ambas instituciones decidieron pactar un nuevo convenio para ver quién y cómo pagaría la deuda pendiente del circuito de Fórmula 1 que se construyó junto al arco marítimo de la ciudad. Ahora, y en virtud de estos acuerdos, ha sido el turno del consistorio para dar el siguiente paso: el alcalde, Joan Ribó, anunció este jueves la posibilidad de ceder terrenos a la Generalitat Valenciana para compensar la deuda que no podrá ser amortizada por los propietarios de los terrenos. 

Y es que, la historia del circuito acumula más de una década de idas y venidas. El anterior Ayuntamiento liderado por la popular Rita Barberá llegó a un acuerdo con la Generalitat de Francisco Camps para que fuera la administración autonómica quien adelantara los gastos de urbanización del terreno, todo ello con el objetivo de que el asfalto pudiera estar listo a tiempo para la competición. Así, el consistorio se comprometía a devolver más adelante la deuda, un dinero que al mismo tiempo cobraría a los propietarios de las parcelas en concepto de cargas urbanísticas.

Esto, claro, bajo la premisa de que el asfalto por el que una vez habían circulado los bólidos era trabajo adelantado de urbanización para el nuevo barrio que tendría que haber alumbrado la ciudad de València. Es decir, que era imputable a los propietarios de los terrenos que luego se beneficiarían de la promoción de servicios y viviendas. Sin embargo, esa ecuación a priori sencilla no ha hecho más que complicarse a lo largo de los años y, mientras todo eso sucede, el terreno sigue degradándose sin que se haya puesto todavía un solo ladrillo. De hecho, famosa es la estampa del circuito desierto y los asentamientos de chabolas. 

Todo ello porque los propietarios de los terrenos no consideran que se les pueda imputar la totalidad de las costas de urbanización, ya que entienden que no todas las zonas urbanizadas con el circuito son aprovechables ni compatibles con la vida diaria de un barrio. Es decir, están dispuestos a pagar por aquellas obras que se tendrían que haber hecho igualmente si no se hubiera construido la pista, pero rechazan salvar la deuda completa tal y como se planteó en su momento desde las instituciones. Así con todo, la transacción entre promotores y Ayuntamiento todavía no se ha producido a día de hoy, por lo que el consistorio tampoco ha pagado su deuda a la Generalitat Valenciana.

Y en esto se basan ahora mismo precisamente las negociaciones: en ver cómo se salda una deuda que asciende a los 42 millones de euros. En noviembre, el recién estrenado conseller de vivienda, Héctor Illueca, tensó la cuerda con el Ayuntamiento de València para pedir que se agilizaran los trámites. Actitud que le valió un aviso por parte de la concejala de Urbanismo y vicealcaldesa de València, Sandra Gómez: "No se puede entrar como un elefante en una cacharrería". Todo ello teniendo en cuenta que el consistorio se encontraba en negociaciones con los propietarios para ver cómo solventar el problema. 

Unas semanas después, las aguas se calmaron con el anuncio de las intenciones para pactar un nuevo convenio. Convenio que partía de una base común: la Conselleria aceptaba la tesis ya asumida por el Ayuntamiento de que no todas las costas serían repercutibles a los dueños de los terrenos. De este modo, se asentaba una de las principales bases del acuerdo, que era reconocer que la administración debía hacerse cargo de lo que no se hicieran los propietarios. Así, quedaba esta cuestión pendiente: ¿quién y cómo se saldaría el resto?

Una pregunta para la que el alcalde de València, Joan Ribó, ya ha ofrecido una posible salida: pagar esta diferencia con terrenos a la Generalitat para que la administración autonómica ponga en marcha servicios o incluso vivienda pública. "Hay muchos mecanismos. Por ejemplo, tenemos unos 40.000 metros cuadrados que no contabilizan para la urbanización y que el Ayuntamiento puede facilitar para una serie de equipamientos sociales de los que no solo se podría aprovechar la conselleria de Vivienda sino también, por ejemplo, la de Servicios Sociales". A este respecto, ponía como caso la construcción de centros para mayores en estos espacios.

También habló, incluso, de la posibilidad de poner en marcha vivienda pública, aunque por el momento no adelantó el porcentaje de mercado libre y vivienda social pendiente de desarrollar dentro del PAI. Pero sí que tuvo clara una cosa: "La compensación no tiene por qué ser económica. Puede ser de muchas formas y eso es lo que vamos a estudiar". Guante que en cierto modo recogía el conseller de Vivienda, Héctor Illueca: "La conselleria ve con buenos ojos que esta gestión nefasta que hemos heredado repercuta en el bienestar de la ciudadanía". 

En este sentido, el conseller se abrió a "estudiar todas las posibilidades desde el diálogo constructivo", y adelantó la voluntad del gobierno autonómico de "alcanzar un convenio en el que todo el mundo se encuentre cómodo". Así, no se pronunció directamente sobre la propuesta del alcalde de la ciudad, a la espera de evaluarla, pero tampoco cerró drásticamente la puerta a que la deuda fuera pagada "en especie".

Las negociaciones

La concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, es en realidad la responsable de las negociaciones con los propietarios privados del suelo. Hay que recordar que el desarrollo de este suelo depende de Aumsa, la empresa urbanística municipal adscrita a dicha concejalía. En este sentido, Gómez señaló este jueves que su departamento "está a punto de llegar a un acuerdo con los propietarios" y que "lo mejor es que se respete la línea que se ha venido llevando a cabo desde el Ayuntamiento y se sea muy prudente por parte de otras administraciones", aseguró en clara referencia a la Conselleria de Vivienda tras el primer encontronazo.

Así pues, fuentes de Urbanismo subrayan que ahora mismo las negociaciones están avanzando y se está en "proceso de intercambio de documentación" para afilar al máximo qué es lo que finalmente los propietarios están dispuestos a asumir como cargas de urbanización y qué es lo que finalmente va a tener que asumir la administración.

Así pues, Gómez subrayó que cuando Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat, "hablaba de que esto no nos iba a costar ni un euro, era absolutamente falso: no se puede repercutir el 100% de un circuito de Fórmula 1 porque un circuito de Fórmula 1 no puede ser un nunca un barrio, no puede ser nunca un coste adelantado de urbanización porque tiene un uso muy distinto a generar barrio".