Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El coste de la gestión privada de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos vuelve a ser noticia. La Conselleria de Sanidad reconoció este viernes que no llegará a tiempo para asumir en su totalidad el servicio de resonancias magnéticas de los centros públicos cuando finalice, el próximo 30 de septiembre, el contrato por el que la gestión la realiza la unión temporal de empresas UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (grupo Ascires).
Por este motivo, el departamento que dirige Carmen Montón sacará a licitación parte del servicio durante hasta dos años pero con un diferencia sustancial respecto a la situación actual: el precio no será el mismo que se acordó en 2008, cuando el Gobierno del PP adjudicó el contrato al grupo controlado por Vicente Saus. Sanidad pagará cada prueba hasta un 50% más barata de como la está cobrando la UTE Erescanner Salud.
Esto abundaría en la tesis de que los precios que cobra Eresa están fuera de mercado y que el servicio que presta ha supuesto una sangría para las arcas públicas, como ya constató en dos informes (2013 y 2016) la Sindicatura de Comptes, que afirmaba que la Conselleria podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros al año si prestara el servicio con sus propios medios.
Fue en el pleno del Consell de este vienes donde se hizo oficial que al departamento de Carmen Montón le faltan medios técnicos y humanos para poder asumir lo que lleva anunciando desde principio de legislatura, la reversión del servicio de resonancias. El 30 de septiembre de este año finaliza el contrato que hace 10 el Gobierno del PP adjudicó a Erescanner y que no ha estado exento de polémica por errores en la facturación.
Con este escenario, la administración ha ajustado en el nuevo concurso el precio al mercado con rebajas, por ejemplo, del 40% en la resonancia simple o del 50% en la doble respecto al contrato por el que se beneficia la compañía presidida por Lorena Saus.
La nueva licitación se dividirá en cinco lotes, que en algunos casos tendrán una duración de hasta dos años. El periodo de ejecución de los lotes 1, 2 y 3 –correspondientes a los departamentos de Vinaròs, Requena y La Marina Baixa, respectivamente– será de seis meses. Este es el tiempo previsto para las obras de acondicionamiento y de puesta a punto de los nuevos equipos que la Generalitat instalará en los hospitales de estos departamentos.
Los lotes 5 –provincia de Valencia– y 6 –Alicante– tendrán una duración de dos años para, durante este tiempo, ir ajustando progresivamente la integración de la gestión de los servicios. El presupuesto máximo de licitación de la suma de los cinco lotes será de 7,9 millones anuales de media.
Con la reversión a lo público del servicio, el departamento de Carmen Montón pagará a la UTE Erescanner Salud los 20 equipos de resonancia magnética instalados en los hospitales públicos, mientras que la internalización de la prestación se reforzará por la adquisición de nueve equipos más.
Estos equipos se irán instalando progresivamente en Vinaròs, Requena, Arnau de Vilanova, San Juan, el Centro de especialidades de Torrent, y el hospital General de Valencia (dos). Todos ellos financiados a través del convenio con la Fundación Amancio Ortega. También adquirirán nuevos equipos en el departamento de la Marina Baixa y Doctor Peset de Valencia, financiados por la Conselleria de Sanidad. A medio plazo también tienen previsto aumentar el parque de equipos en el Espai de Salut Campanar-Ernest Lluch.
Mientras, el Hospital General de Valencia mantiene la prestación de servicios con Eresa, a pesar de que el contrato que tenían –sin soporte legal y nulo de pleno derecho, según dijo la Intervención de la Generalitat en 2016– se denunció para no ser renovado a principios de enero.
El hospital también planteó a la Conselleria de Sanidad que el grupo Eresa –esta vez directamente– siga prestando el servicio de TAC para el centro más allá de julio de 2018, fecha en la que vence el actual contrato, a pesar de que la Sindicatura de Comptes ya le advirtió en 2015 de su irregular gestión, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable.
El director gerente del Hospital General de Valencia, Enrique Ortega, planteaba que fuera Eresa la que siga prestando los servicios de resonancia magnética y TAC tras el fin de los contratos, y que la Generalitat le pagara al proveedor "a través de la figura del enriquecimiento injusto".