Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el decreto de reversión de las resonancias magnéticas y subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud ha obligado a la Conselleria de Sanidad Universal a modelar un nuevo mecanismo para internalizar el servicio, una cuestión que no puede configurar en solitario. Y es que la Conselleria vuelve a depender de Hacienda para definir cómo devolverán el servicio a la gestión pública en los 13 departamentos donde actualmente la UTE está presente.
Sanidad ya logró consensuar con el departamento de Vicent Soler la creación de 219 plazas públicas, de las que unas 150 iban a ser cubiertas con la subrogación de personal de las dos empresas socias de la UTE que prestan el servicio, Eresa e Inscanner. Ahora, la Abogacía señala que la administración no puede decidir si realmente existe sucesión de empresas, lo que daría lugar a la subrogación, sino que debe ser un juez el que dicte sentencia sobre el asunto.
Este escenario supone introducir un nuevo elemento en la ecuación, que es la necesidad de que trabajadores de la administración y de la UTE convivan en las instalaciones públicas durante un periodo de aprendizaje para los primeros. Las creación de las 219 plazas públicas iba a financiarse con el ahorro que suponía dejar atrás la gestión privada, pero ahora el planteamiento es sacar las plazas en varios bloques.
El plan que actualmente maneja Sanidad que fue esbozado por el subsecretario de la Conselleria, Juan Ángel Poyatos, el martes en una reunión con los responsables del servicio de radiodiagnóstico en los hospitales públicos valencianos. Supondría crear una parte de las plazas en una primera instancia, asignar en ellas a personas que estén en la bolsa, que estos profesionales tengan un periodo de formación en convivencia de personal de la UTE y que, cuando finalmente estén preparados para rodar en solitario, finalice esa parte del servicio con la empresa privada.
Evidentemente, esta fórmula no permitirá ir tan rápido como el departamento de Ana Barceló tenía pensado, y es que tendrá que abordarse en, al menos, dos o tres tandas. Esto se debe a que realizar todo el proceso en un único bloque tendría un alto coste ya que supondría pagar tanto a los 219 trabajadores de la bolsa como al servicio de la UTE.
El nuevo planteamiento, si finalmente se lleva a cabo, revertirá el servicio por partes, un proceso que a priori es factible, ya que el contrato con la UTE finalizó el 31 de octubre y se abona a través de pagos por enriquecimiento injusto. Con este sistema, Sanidad debe consensuar con Hacienda cuántas plazas creará en cada bloque para poder ir incorporando a personal dependiente de la administración.
Los trabajadores de la UTE que consideren que deben ser subrogados deberán acudir al juzgado de lo Social, quien sentenciará si existe o no sucesión de empresas. En caso afirmativo, la Generalitat tendría que readmitir a los trabajadores de las contratas o pagarles una indemnización.
En tal caso, la incorporación sería como 'indefinidos no fijos' y no como 'personal a extiguir', tal como ha dispuesto la Abogacía. Esto les permitiría ocupar una de las plazas ya creadas para las que en cualquier momento podrían convocarse oposiciones -en principio, antes de tres años- que permitieran la entrada de personal respetándose los principios de igualdad, mérito y capacidad, algo que no ocurre con la figura del 'personal a extinguir'.
En todo este proceso Sanidad cuenta con una ventaja y es el nombramiento como subsecretario de Sanidad de Poyatos, quien fuera director general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio. El subsecretario, quien se ha encargado de comunicar esta nueva situación a sindicatos y jefes del servicio de Radiología de los departamentos públicos, formó parte hasta hace unas semanas del departamento de Hacienda, lo que supone una ventaja para resolver la cuestión.
El informe de la Abogacía que obliga a cambiar todo el modelo se basa en dos resoluciones recientes sobre el personal de contratas o concesiones públicas cuando estos servicios revierten a la Administración. Por un lado, el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que emitió en el mes de octubre y que cuestionaba la figura del 'personal a extinguir', y por otro, una sentencia del Tribunal Constitucional dictada el pasado 31 de octubre que anula una disposición legal introducida en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy que había servido de base a la Generalitat para asumir, por ejemplo, el personal del Hospital de Alzira y su área de salud cuando finalizó la concesión.
Aunque el informe no afecta al personal de La Ribera ni a ningún otro personal que haya sido asumido por la Generalitat porque se considera que entonces sí era legal, sí quedan a la expectativa otras reversiones como la recuperación de la gestión directa de los centros de diversidad funcional, cuyo personal pasaría a integrarse en la empresa pública IVASS –dependiente de la Conselleria de Igualdad– conforme vayan venciendo los contratos o de los radiólogos de Eresa que está previsto que pasen a depender del Hospital General de Valencia.
