Ana Barceló, consellera de Sanidad.VALÈNCIA. Sanidad no se ha dado por enterada del plante que los radiólogos de los hospitales públicos esperan iniciar este jueves, momento en el que dejarán de colaborar con la UTE Erescanner Salud. Así lo señalan desde Conselleria, quienes apuntan a la "falta de comunicación oficial" por parte de estos profesionales sobre cuál será su acción.
Los radiólogos de la mayoría de hospitales públicos exponían por carta a la Generalitat hace algo más de una semana la intención de no colaborar más con la UTE Erescanner Salud en la prestación del servicio de resonancias magnéticas por el retraso en la reversión de las pruebas a la gestión pública además de tener una reunión con la ex subsecretaria de Sanidad, Isabel Castelló, para hablar sobre la situación.
Sin embargo, desde el departamento de Ana Barceló no tienen un plan específico para la situación ni se han comunicado con los jefes de servicio de radiología tras la marcha de Castelló. "Se actuará según la situación que se dé", insisten desde la conselleria. "No tenemos comunicación de si se va a hacer o no".
La UTE, controlada por Eresa y participada por Inscanner, Iberdiagnosis, Beanaca y Ribera Salud, finalizó su contrato con la sanidad pública el 31 de octubre pero Sanidad pidió a la UTE que continuara prestando el servicio tres meses más, hasta el 31 de enero de 2019, cobrando mediante expedientes de enriquecimiento injusto. Este es el motivo por el que, según señalaban a Valencia Plaza fuentes de diferentes departamentos, la intención hasta este mismo miércoles es la de mantener la amenaza.
Una que se materializa en dejar de "aceptar, protocolizar, priorizar, controlar, comentar, consultar, cotejar y firmar cualquier estudio, examen urgente o cargo económico relacionado con las exploraciones de resonancias magnéticas que haya realizado la UTE".
Para que la asistencia discurra con normalidad, los jefes de servicio exigieron a Sanidad que durante los tres meses de prolongación del servicio se implante el modelo C en todos los hospitales que lo soliciten. Esta fórmula, utilizada por algunos centros durante la vigencia del contrato, implica que los profesionales públicos sean los que tomen las riendas de la actividad mientras que la maquinaria es propiedad de la empresa.
Esta petición permitiría que los departamentos con capacidad para asumir estas pruebas con personal público pudieran tomar el control del servicio. En la reunión celebrada en la Conselleria, los responsables de Sanidad aceptaron estudiar la propuesta de aquellos hospitales que lo solicitaran pero no consta que esta situación haya ocurrido.
