Hoy es 9 de octubre
VALÈNCIA. Los jefes de servicio de Radiología de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana continúan con la intención de dejar plantada a la Conselleria de Sanidad por el retraso en la reversión de las resonancias. Como ya adelantó Valencia Plaza, los radiólogos de la mayoría de hospitales públicos exponían por carta a la Generalitat hace algo más de una semana la intención de no colaborar más con la UTE Erescanner Salud en la prestación del servicio de resonancias magnéticas por el retraso en la reversión de las pruebas a la gestión pública.
La UTE, controlada por Eresa y participada por Inscanner, Iberdiagnosis, Beanaca y Ribera Salud, finalizó su contrato con la sanidad pública el 31 de octubre pero Sanidad pidió a la UTE que continuara prestando el servicio tres meses más, hasta el 31 de enero de 2019, cobrando mediante expedientes de enriquecimiento injusto. Los motivos, según la Conselleria, son el retraso en la adjudicación del concurso de servicio privado complementario al servicio público, tras varios recursos, y no tener listo el decreto de personal que regulará la integración del personal de Eresa e Inscanner que ahora presta el servicio.
A falta de un día para que se llegue la fecha, los radiólogos tan solo han tenido una reunión con la conselleria el lunes de la pasada semana con la ya ex subsecretaria de Sanidad, Isabel Castelló. Desde el departamento de Barceló pidieron disculpas tras las quejas de los profesionales del desconocimiento que tenían sobre el proceso debido a la falta de información en tiempo y forma a los radiólogos y porque de muchas cosas se hayan enterado por la prensa.
"No conocemos con precisión el número ni la cualificación del personal subrogable, el acceso de las nuevas incorporaciones que fueran necesarias, las relaciones contractuales y laborales del personal que fuera subrogado, la figura de la extinción laboral, las solicitudes que hay en lista de espera, el estado real del equipamiento antiguo de la UTE Erescanner ni los planes de reemplazamiento, ni tampoco la organización funcional y estructural final en los Servicios de Radiología de esta prestación radiológica", lamentaban en el escrito.
A pesar de que se comprometieron a mantenerlos informados, no se han producido nuevas reuniones desde el encuentro con Castelló su interlocutora en la mayoría de ocasiones. Ahora, su nuevo interlocutor es Juan Ángel Poyatos, quien aterrizó en la conselleria este mismo viernes desde la cartera de Hacienda. Valencia Plaza preguntó a la Sanidad la tarde del martes pero no dieron respuesta a si existe un plan para contener las posibles repercusiones. Desde la UTE señalan que no tienen constancia de la situación, pero que continuarán con su actividad diaria.
La amenaza de los radiólogos se materializa en dejar de "aceptar, protocolizar, priorizar, controlar, comentar, consultar, cotejar y firmar cualquier estudio, examen urgente o cargo económico relacionado con las exploraciones de resonancias magnéticas que haya realizado la UTE". Una decisión que podría provocar situaciones tensas en los departamentos públicos en un servicio clave para la prestación del servicio sanitario.
"Los profesionales de la Radiología saben que fracturar el proceso diagnóstico con la externalización de pruebas empeora, distorsiona, entorpece y encarece la atención sanitaria a los pacientes", señalaban los radiólogos. "Las exploraciones de RM han estado incomprensiblemente externalizadas en la mayor parte de la Comunitat Valenciana desde hace décadas. Desafortunadamente, esta externalización ha impedido no sólo una asistencia adecuada, sino también la docencia y la innovación de calidad en el proceso integrado sanitario público", añadían.
Para que la asistencia discurra con normalidad, los jefes de servicio exigían también a Sanidad que durante los tres meses de prolongación del servicio se implante el modelo C en todos los hospitales que lo soliciten. Esta fórmula, utilizada por algunos centros durante la vigencia del contrato, implica que los profesionales públicos sean los que tomen las riendas de la actividad mientras que la maquinaria es propiedad de la empresa.
Esta petición permitiría que los departamentos con capacidad para asumir estas pruebas con personal público pudieran tomar el control del servicio. En la reunión celebrada en la Conselleria, los responsables de Sanidad aceptaron estudiar la propuesta de aquellos hospitales que lo solicitaran pero no consta que esta situación haya ocurrido.
Los radiólogos no solo se quejan del alto coste que supone mantener este servicio externalizado, también de la disonancia entre personal público y el de la empresa en su funcionamiento, además de la obsolescencia de las máquinas. Tampoco entienden que, tras tres años desde el anuncio de la reversión, nadie les haya informado con claridad de la situación.
Los radiólogos también realizaban otras peticiones a la Conselleria para que el proceso de internalización se realice de forma eficiente, entre ellas revertir de forma completa la externalización, reemplazar y renovar todos los equipo, garantizar un plantilla de personal completa en condiciones de igualdad y transparencia, además de facilitar la realización de estas exploraciones y sus informes con todas las medidas pertinentes, como el control de la adecuación de pruebas o los autoconciertos.