VALÈNCIA. El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión privada del área de salud de Manises concluye que el llamado modelo Alzira ahorra a la Conselleria de Sanidad un 24,6% de gasto en ese departamento, 42,5 millones de euros al año. No obstante, incluye una salvedad en este cálculo que resulta paradójica.
Se trata de la reclamación, ya conocida y que está en vía judicial, de la Conselleria de Sanidad a la concesionaria de 179 millones de euros por el cálculo de las liquidaciones entre 2009 y 2013, cuyo efecto resultaría paradójico en caso de que la justicia dé la razón a la Generalitat.
De ser así, por un lado la gestión privada del área de Manises aún resultaría más económica para las arcas públicas, ya que ese 24,6% de ahorro está calculado con las liquidaciones con las que Sanidad no está de acuerdo. No incluyen por tanto los 179 millones reclamados. Pero por otro lado, resultaría tan económica la gestión privada, que sería prácticamente inviable para la empresa concesionaria, ya que esta cantidad repartida en el período reclamado le generaría una pérdida media anual de 35,8 millones de euros.
La empresa, que se denomina Especializada y Primaria L'Horta Manises SA y es filial del grupo hispano-australiano Bupa Sanitas, registró en 2013 y 2014 unos beneficios netos superiores a los 11 millones de euros cada año. Sin embargo, en 2015 se apuntó unas pérdidas de 19,23 millones debido a las provisiones por el decreto de libre elección de médico aprobado por la Conselleria en mayo de 2015, todavía bajo gobierno del PP. Este decreto obligó a cambiar, a peor, el plan económico-financiero a la concesionaria.
A la espera de la resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), lo cierto es que la Sindicatura de Comptes da en parte la razón a la Conselleria de Sanidad en el contencioso que mantiene con la concesionaria del Hospital de Manises.
La Conselleria decidió revisar las liquidaciones entre 2009 y 2013, que habían sido acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento de la concesión, revisión que fue recurrida por la concesionaria. A este respecto, la Sindicatura sostiene que, tal como dice Sanidad, el órgano competente para aprobar las liquidaciones es "el órgano contratante", es decir, la Conselleria, y no la Comisión Mixta de Seguimiento formada por ambas partes.
Además, la Sindicatura de Comptes no ve claro el cálculo de la cápita –pago fijo anual por habitante que percibe la concesionaria– que hizo la Conselleria en tiempos del PP por dos motivos. Por un lado, se calculó de acuerdo con el gasto real ejecutado en asistencia sanitaria en la Generalitat, a pesar de que los pliegos establecen que el dato a tomar en consideración el es del crédito aprobado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que siempre es inferior.
Según el Síndic, el cálculo según el gasto real "hubiese gozado de mayor lógica desde el punto de vista económico", pero "la literalidad de los pliegos del contrato es clara" y, por tanto, el cálculo está mal hecho. Esto supone que habría un "sobreprecio" de entre 39,2 y 42,7 millones de euros en el cálculo.
Destaca la Sindicatura que "la ausencia de un procedimiento claro y acordado entre ambas partes para determinar el precio del contrato, en el que se establezcan aspectos tales como los plazos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para su aprobación, ha llevado a una situación litigiosa y enfrentada entre la Administración y el concesionario, cuya resolución pasa previsiblemente por una futura sentencia judicial".
En concreto, destaca que el TSJCV debe pronunciarse sobre la validez de algunos acuerdos de la Comisión Mixta de Seguimiento, "que implican compensaciones económicas significativas entre las partes". Y señala que "una de las discrepancias más relevantes se refiere a parte de la facturación intercentros de asistencias y prestaciones realizadas a la población del departamento de Manises en otros centros sanitarios". Así, "el rechazo del concesionario a sufragar parte del gasto incurrido por el servicio prestado a los pacientes de su población protegida pero atendidos en otro departamento, implica que la Administración asume doblemente el coste: la cápita pagada y el coste de la prestación realizada".
En consecuencia, los autores del informe afirman que "esta Sindicatura no puede concluir sobre el resultado final de las liquidaciones del contrato desde el inicio de la concesión, puesto que en la fecha de elaboración de este informe existe incertidumbre jurídica sobre la validez o no de los acuerdos que sustentan determinados conceptos que componen el precio final del contrato".
El informe de la Sindicatura de Comptes revela otro contencioso económico entre las partes, derivado de los retrasos en los pagos de Sanidad a la concesionaria. Según detalla, la Conselleria "ha incurrido en mora y debería haber pagado el interés pactado en el contrato, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor".
Sin embargo, "el 30 de septiembre de 2016, el concesionario ha presentado un escrito ante el órgano de contratación, reclamando el abono de 3.806.030 euros en concepto de intereses de demora" y ha informado de que va a presentar un segundo escrito solicitando 7 millones de euros adicionales.