Foto: RF._.studio/PEXELSVALÈNCIA (EFE). El Ministerio de Sanidad ha emplazado este lunes a las comunidades que están por debajo de la media de plazas acreditadas en Medicina Familiar y Comunitaria -Comunitat Valenciana, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias y Madrid- a hacerlo para poder así añadir otras 224 más.
Lo ha hecho en la reunión de la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos en la que se ha acordado la celebración de un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la Atención Primaria para el próximo mes de enero.
Tras analizar las 14 medidas que incluye el Plan de Acción de Atención Primaria aprobado en 2021, los representantes del Ministerio y de las comunidades han constatado la necesidad de aumentar las plazas acreditadas, dadas las enormes desigualdades entre ellas.
Así, Extremadura alcanza una tasa de 9,25 tasas acreditadas y ofertadas por 100.000 habitantes, el triple que Madrid, que es la que menos tiene (3,76 de acreditadas y un 3,61 de ofertadas), muy por debajo de la media del SNS, que es de 5,29.
Por debajo de esa media están también País Vasco (5,19 en ambos casos); Cataluña (4,88 de acreditadas y 4,78 de ofertadas); Castilla-La Mancha (4,83); Comunitat Valenciana (4,63 y 4,59) y Canarias (4,14). La administración central se queda en 3,53.
"Es decir, que ahí tenemos una capacidad de mejora más allá de que todas las comunidades puedan plantear nuevas solicitudes de acreditación y que revisemos también los requisitos de acreditación", ha subrayado Celia Gómez, secretaria de la Comisión y directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
Solo con que esas 7 comunidades alcanzaran la tasa media, "estaríamos añadiendo 224 plazas más", ha añadido.
Durante los últimos 6 años, las plazas ofertadas en Medicina Familiar y Comunitaria han aumentado un 38 % (casi 3.000 más) y el 99 % ya están acreditadas por las comunidades.
El proceso de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada requiere que cada comunidad pida, por un lado, la unidad docente (es decir, el dispositivo donde el especialista en formación va a realizar la residencia) y, por otro, el número de plazas que necesita para las distintas especialidades.
Asimismo, en la reunión también se hecho un seguimiento de las 14 medidas que incluye el Plan de Acción de Atención Primaria; en este sentido, en la reunión se ha acordado que en el primer trimestre de 2024, se va a realizar un seguimiento de seis de las acciones que son competencia exclusiva de las comunidades, como el resultado de la oferta de contratos, con una duración superior a los dos años, a los residentes que acaban su especialidad.
Y el de la identificación de los puestos de difícil cobertura y la aportación de incentivos económicos y no económicos para la atracción y retención en dichos puestos.
Otras dos de las medidas del plan revisadas hacen referencia a la reducción de la temporalidad.
La primera conlleva que las comunidades resuelvan sus ofertas de empleo público (Opes) antes de que finalice 2024, algo que está en proceso en la mayoría; la segunda es la amparada en el real decreto de verano pasado que acabó con la figura del personal eventual en los centros sanitarios y que supone evitar que se vuelvan a repetir los niveles de temporalidad que se han dado hasta ahora.
