El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: EFEVALÈNCIA. La reversión del servicio de resonancias a la gestión pública valenciana se ha alargado en el tiempo, un hecho ya de sobra conocido. Hace un año y tres meses que acabó el contrato y, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, el retraso sigue apuntillando las arcas de la administración. La clave para dar por terminada la internalización del servicio es la aprobación del decreto de subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud, un proyecto que lleva dando vueltas en la Conselleria de Sanidad desde 2018.
El departamento de Ana Barceló no ha puesto sobre la mesa los motivos sobre por qué no culmina la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud más allá del informe de la Abogacía que paralizó el proceso y que reactivo un dictamen del Consell Jurídic Consultiu el pasado mes de febrero. Sin embargo, Sanidad y Hacienda llevan prácticamente un año persiguiéndose para que el departamento de Vicent Soler emita un informe de carácter vinculante sobre la adecuación del decreto a las disponibilidades presupuestarias.
Así se desprende de un requerimiento realizado el pasado octubre por el subsecretario de Sanidad, David Fernández, a la dirección general de Presupuestos, en el 'reprochaba' a Hacienda no haber recibido el informe en prácticamente un año. "Se solicitó con fecha 12 de septiembre de 2018, entrada a esas dependencias el 14 de septiembre, el correspondiente informe a los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1/2015", señala el escrito del subsecretario. La dirección general de Presupuestos solicitó el 25 de septiembre de 2018 información complementaria que le fue remitida el 15 de octubre de 2018, a través de informe de la Directora General de Eficiencia y Régimen Económico fechado en 10 de octubre.
Sin embargo, según apunta Martínez en el documento, a fecha 11 de octubre de 2019 no había recibido el informe necesario para continuar con los trámites de la reversión. De hecho, consta una nueva carta del departamento de Barceló a Sanidad, donde se hace una nueva recopilación de todos los informes emitidos. Desde Hacienda señalan que está estudiándose toda la información complementaria que se ha solicitado a Sanidad que la información inicial que envió la subsecretaria no era la adecuada por lo que se reclamaron informes complementarios. De hecho, aseguran que el último informe enviado a la dirección general de Presupuestos fue el 19 de diciembre de 2019, con el que dan por concluida la petición de documentación y esperan que el informe se emita este mismo enero.
No es la primera vez que un documento retrasa el proceso. Cabe recordar que desde la Conselleria de Sanidad señalaron que estaban pendientes de un informe del Consell Jurídic Consultiu que no habían solicitado. Como se explicaba, el proceso de reversión de las resonancias sufrió un parón por un informe de la Abogacía de la Generalitat emitido e 28 de noviembre. Sin embargo, el departamento de Sanidad se manifestaba pendiente de un dictamen imprescindible de CJC que no solicitó hasta un mes después de darlo como pedido, continuando con el retraso del proceso.
Mientras, desde Sanidad simplemente señalan que forma parte del proceso de tramitación. Tal y como publicaba Valencia Plaza esta semana, el cálculo de la propia Conselleria de Sanidad estima que la Generalitat podría ahorrarse 17,8 millones de euros al año si devolviera el servicio a lo público. Según consta en la memoria económica, el presupuesto anual para la internalización del servicio será de 24 millones, una cifra lejana a los 44 millones que en 2018 la Conselleria de Sanidad pagó a la UTE controlada por Eresa (Grupo Ascires) y participada por Inscanner (28,5%) y Ribera Salud (14,5%).
Aunque la diferencia arroja 20 millones de euros, a esta cifra hay que restarle la amortización de la inversión en los nuevos equipos, las actualizaciones, las provisiones de fondos para los equipos donados por la Fundación de Amancio Ortega y el importe que aún tendrán que pagar por quedarse las máquinas de la UTE. Una montante que asciende a los 22 millones pero que se reparte en diez años, atendiendo a la vida útil de los equipos, 2,2 millones por año. Una vez realizada esta inversión, el ahorro podría estirarse hasta los 20 millones.
