FOTO: KIKE TABERNER VALÈNCIA. (EFE) La Comisión de Salud Pública ha acordado proponer de cara a la Semana Santa que las comunidades autónomas se cierren perimetralmente y fijen el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas, además de que limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas.
Son algunas de las medidas acordadas por la Comisión, que tendrán que ser ratificadas el próximo miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad.
El documento de la Comisión, organismo en el que están representadas todas las comunidades, incluye como recomendación el desaconsejar "expresamente" la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.
El departamento que dirige Carolina Darias informa de que la Comisión considera que las medidas "persiguen limitar la movilidad y los contactos".
Así, con carácter general, se recomendaría "no bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las comunidades desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por tanto, mantener las medidas establecidas en ese momento".
Respecto a la movilidad, la Comisión ha acordado "que se deben evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades", salvo las excepciones reguladas en el Estado de Alarma mediante el Real Decreto 926/2020, en cuyo caso se recomienda una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Entre las medidas propuestas por la Comisión, se encuentran la limitación de reuniones en espacios públicos o privados a como máximo 4 personas en el exterior y en el interior, así como la limitación del derecho de movilidad desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.
El mismo documento de la Comisión, según Sanidad, recoge que no se celebren eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración y que, en concreto, los eventos en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas, según el nivel de alerta de cada comunidad.
La Comisión sí considera "pertinente", explica Sanidad, hacer una campaña institucional para evitar "la relajación" de comportamientos bajo el lema "No salvamos semanas, salvamos vidas".
Por otra parte, Sanidad no ha informado de momento de si la Comisión ha llegado a un acuerdo sobre la priorización de los pacientes de riesgo en el proceso de vacunación.
Según adelantó ayer el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, se dará "prioridad" a un nuevo grupo integrado por personas trasplantadas, pacientes que realizan diálisis por una enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos en tratamiento y, en general, pacientes inmunodeprimidos.
La Comisión también ha aprobado un documento sobre medidas en residencias de mayores en el marco de la vacunación. En él se recoge que "se debe informar a los residentes, trabajadores y familiares que aunque con la vacunación el riesgo de padecer covid es "significativamente menor", no desaparece "por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas".
Así, señala que se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención". Dentro del centro, se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes, manteniendo las medidas de seguridad y la Comisión desaconseja de forma general llevar a cabo cribados periódicos en residentes así como realizar serologías para verificar la efectividad de la vacuna.
En cuanto a las visitas, salidas e ingresos, el documento señala que se flexibilizarán "tras una valoración individualizada de cada residente y de cada centro residencial".
La ubicación y organización de estas visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas, "se pautará por parte de la autoridad competente garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas".
Y de forma general, no se realizarán pruebas diagnósticas a la salida y reingreso de residentes vacunados, mientras que si no lo están o se dan determinadas situaciones en las que así se valoren sí que se harán las pruebas teniendo en cuenta: el perfil de la salida (duración, actividades realizadas), así como la situación epidemiológica del lugar de la estancia.
Al reingreso, se mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención, mientras que en los nuevos ingresos se garantizará la vacunación con la anterioridad suficiente y en aquellos con ingreso urgente se extremarán las medidas de precaución hasta completar la pauta vacunal.
Asimismo, el documento recomienda "activamente" la vacunación de los nuevos trabajadores y por lo tanto, no incorporarse en un centro residencial hasta haber completado su pauta de vacunación, "salvo que sea estrictamente necesario".
Tampoco aconseja cribados periódicos entre los trabajadores vacunados, aunque la Comisión estima que será la comunidad, en función de su situación epidemiológica, la que podrá considerar su realización.
Sí aconseja la realización de pruebas diagnósticas "tras periodos vacacionales u otras ausencias prolongadas especialmente si no han completado su vacunación".
Si se diera un caso sospechoso en el centro -trabajador o residente- se le aislará hasta el resultado de la prueba, y sus contactos estarán en cuarentena, según lo establecido en la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de COVID-19.
Además, se protegerá "de forma especial a los residentes no vacunados, si es posible situándolos en habitación individual".
