VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad y los sindicatos, a través del comité de empresa, han iniciado conversaciones para negociar el nuevo convenio colectivo del departamento de La Ribera. Heredado por la administración de la gestión de Ribera Salud, finalizó el 31 de diciembre de 2018 y ya son más de tres meses en los que más de 1.000 trabajadores laborales tienen el convenio prorrogado.
Desde los sindicatos destacan que el asunto aún se encuentra en fase muy inicial y que tan solo se han tratado temas de consenso como cambios en artículos que hacían referencia a la empresa y en los que ahora tendrá que constar la administración o el incremento del 2,25% del salario, una subida que fue aprobada a nivel estatal para los empleados públicos.
Ahora, serán los trabajadores lo que tengan que presentar un documento de propuestas para negociar con la administración en un encuentro que todavía se hará esperar. Desde el comité de empresa solicitaron un aplazamiento de la última reunión, concertada para este mes de marzo, y desde la conselleria les emplazaron a retomar las conversaciones tras las elecciones del 28 de abril.
Entre los puntos de posible conflicto estaría el de los incentivos a los trabajadores del hospital, un beneficio que la administración tuvo que aceptar al tener que subrogarse en Ribera Salud y asumir a los trabajadores con las mismas condiciones. Los incentivos son una fórmula poco habitual entre los trabajadores de la administración pública y están dando más de un dolor de cabeza a la Conselleria de Sanidad.
Cabe recordar que el convenio colectivo trajo no poca cola cuando fue aprobado en 2016. A pesar de que los trabajadores lo habían refrendado por unanimidad, desde la Conselleria de Economía rehusaron en varias ocasiones inscribir el convenio al tener su fecha de finalización más allá del 31 de marzo, cuando la administración pasaría a gestionar el departamento.
Sin embargo, la empresa se escudó en que el convenio había sido aprobado antes de que el Gobierno de Ximo Puig comunicara a Ribera Salud II UTE de forma oficial que se iba a producir una reversión con la finalización del contrato y que no se iba a ejecutar la prórroga. Tras varios tira y afloja, el convenio pasó a entrar en vigor y a ser heredado por la administración con fecha de finalización en 2018 y que ahora tendrá que decidir junto a los trabajadores cuál será su evolución.
