VALENCIA. El grupo Bupa Sanitas ya ha tenido varios disgustos con la concesión del Hospital de Manises. La última, provisionar 67 millones por las bajas perspectivas de rentabilidad del hospital. Esto se ha debido por cambios en normativas de la Generalitat, como el decreto de libre elección de centros sanitarios que el Consell aprobó en mayo.
Con esta normativa, se pasa de aceptar la libre elección de especialidad en solo 12 especialidades a aceptarla en todas las de la cartera de servicios de hospitales públicos. También se elimina la burocracia, con lo cual no es necesario tramitar la nueva libre elección para atenciones derivadas de un proceso inicial.
Estos cambios también lo generan en la forma de facturar, lo que ha provocado que tengan menos expectativas en la rentabilidad aunque esperan seguir teniendo los mismos pacientes. A esto suman el cambio de sentimiento del actual Gobierno de la Generalitat con las concesiones, ya que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha repetido en numerosas ocasiones que no piensa renovarlas, aunque la de Manises concluye en 2024.
No obstante, esta norma no ha afectado a otras concesiones, que tienen hospitales más aislados y donde es más difícil que haya trasvases entre los distintos centros por la libre elección. Como consecuencia de este ajuste, la división de Bupa en España y Latinoamérica sufrió en 2015 una caída del beneficio ordinario del 40% en 2015, hasta los 70,1 millones de libras.
Sanitas llevó a los tribunales a la Conselleria de Sanidad en los últimos meses de mandato del Partido Popular al discrepar de la liquidación del gasto cruzado de la concesionaria y la Conselleria en atención a pacientes desplazados de una y otra áreas de salud.
La Sindicatura de Comptes alertaba en su informe de las cuentas de la Generalitat de 2014 el retraso a la hora de realizar liquidaciones de los conciertos del modelo Alzira, concretamente 26. Esto determina si es la Generalitat quien debe compensar a la concesionaria y viceversa acorde a los servicios prestados.
En el informe de la Sindicatura, el exconseller de Sanidad Manuel Llombart revelaba en sus alegaciones que existía una deuda de alrededor de 50 millones de la Conselleria con las concesionarias. Esta cifra salía de las liquidaciones anuales de varios años, que en conjunto eran favorables a la Generalitat, y de los denominados resarcimientos, compensación de la Generalitat a las concesionarias por gastos que no están dentro del catálogo de servicios tasado y que, por tanto, quedan fuera de las liquidaciones. Por ejemplo, la atención primaria a población no protegida, la farmacia ambulatoria hospitalaria o los gastos financieros por confirming.
Sin embargo, los datos de resarcimiento no estaban completos, ya que faltaba el del Hospital de Manises. El motivo era la falta de acuerdo entre la concesionaria de este hospital, el Grupo Bupa Sanitas, y la Conselleria dirigida por Llombart hasta el pasado mes de junio. La compañía puso un recurso ante la sala del tribunal contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia como vía de seguridad ante las diferencias de cálculo entre la empresa y la administración.
Cabe destacar que el saldo de liquidación entre 2009 y 2013 era de 181 millones a favor de la Generalitat, una cifra más que considerable, debida a correcciones realizadas por la Conselleria. La compañía consideró que la propuesta de liquidación de la Generalitat no era ajustada a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".
Esto les llevó en su momento a mantener acciones legales para tener amparo judicial, aunque dejaron la vía de negociación abierta, la misma que han planteado al actual Consell. Grupo Bupa Sanitas optó por la vía legal con el fin de aclarar los criterios ya que apuntan al "incumplimiento" de algunos aspectos concretos y a una decisión "arbitraria" y no fundada en derecho.
De hecho, según consta en las cuentas de la compañía, destaca que ya estaban aprobadas las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 cuando la concesionaria pidió a la Generalitat las liquidaciones de 2011 a 2013. Sin embargo, recibió una notificación en febrero de 2015 de la Conselleria de Sanidad donde modificaba las liquidaciones de 2009 y 2010, ya aprobadas en las reuniones de Comisión Mixta, lo que generó "discrepancias en discusión de cuantía significativa en cuanto a las cantidades a liquidar".
