Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Satan se suma a la vigilancia de las posibles irregularidades de la administración. No, no han decidido contratar a un demonio para patrullar la Generalitat, se trata del nuevo sistema de alertas que Trasparencia incorporará el próximo año para evitar casos de corrupción. Conocido técnicamente como Security Administrator Tool for Analyzing Networks (Satan), se trata de un software que cruzará bases de datos en manos de la administración para generar alertas sospechosas.
Éste ha sido presentado por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, tras aprobar en el Consell el anteproyecto de Ley de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas contra la corrupción en la administración. "Si una entidad recibe un número alto de subvenciones puede significar que haya una irregularidad, igual que si nos encontráramos con sucesivos contratos menores", ha explicado Alcaraz.
Transparencia no se ha conformado con los datos generados por la Generalitat y sus empresas públicas y está negociando convenios con los colegios profesionales para disponer de sus bases de datos con el fin de construir "toda esta arquitectura informática". El software se ha realizado a través de un convenio de 55.000 euros con la Universitat Politècnica de València pero con la confección del sistema también ha colaborado con Hervé Falciani, con la Fundación Baltasar Garzón y Transparencia internacional.
Alcaraz lo ha definido como una fórmula de autocontrol con la que vigilarán posibles irregularidades para evitar, mediante su corrección, que puedan convertirse en "caldo de cultivo" de casos de corrupción. "Buscamos vida corrupta administrativa", bromeaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Este programa será utilizado por la Inspección General de Servicios, donde actualmente trabajan 15 personas, para apoyar su labor de control y a partir de ahí se derivarán los asuntos a los diferentes organismos: Intervención General de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
La Inspección General de Servicios dará traslado a estos organismos cuando se detecte la existencia de indicios de fraude o corrupción a partir de las irregularidades advertidas y se pondrá a su disposición toda la información obtenida.
No se trata de "una policía, no es la Fiscalía", ha aclarado el conseller, que ha destacado que se garantizará el anonimato del "funcionario alertador" hasta donde "se pueda llegar" y ha afirmado que se trata de uno de los mejores mecanismos para evitar la corrupción, pionero en España y de los más destacados en Europa. Con este programa también será posible elaborar un Mapa de Evaluación de Riesgos para la prevención de posibles irregularidades e incluso recomendaciones sobre cómo actuar.
El anteproyecto de Ley tiene un triple objetivo. Por un lado la utilización del Sistema de Alertas Rápidas, pero también establece la competencia, funciones y principios de la Inspección General de Servicios para reforzar su actuación y las relaciones de colaboración con el resto de órganos e instituciones de control, tanto internos como externos.
Se trata de avanzar un paso más en la estrategia de fortalecimiento de los instrumentos de control que mejore los niveles de integridad de la administración y propicie una actuación acorde al cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.
El anteproyecto también regulan algunas atribuciones en la Inspección General de Servicio como el carácter de autoridad del personal inspector de servicios y la inclusión de un régimen sancionador, además se le confiere autonomía funcional, entre otros mecanismos, para garantizar la eficacia de sus investigaciones y favorecer el cumplimiento de sus recomendaciones.
