Schengen, España y Gran Bretaña: los tres problemas de la UE en 2016

Durante las últimas semanas la opinión pública española está pendiente de la formación del nuevo gobierno, no sólo por las consecuencias internas de la incertidumbre, sino también por las repercusiones que ésta pueda tener sobre la UE, en general, y la zona euro, en particular. Siendo casi veinte los integrantes de la zona euro y 28 los países de la UE, si hay algo que asusta a los países miembros es ver su nombre escrito en la agenda de las reuniones. Se podía pensar (con alivio) que quedaban lejos los días (en 2012 y 2013) en los que España aparecía siempre en el orden del día del Ecofin o en las reuniones del Eurogrupo: cuando se renegociaba el plazo para el cumplimiento del objetivo de déficit o se debatía el volumen de la ayuda que el sistema financiero español iba a recibir. 

Pero la inestabilidad política en España no es la única preocupación que va a sobrevolar las diferentes cumbres europeas este año. Otro de los cinco grandes países miembros, Gran Bretaña, se encuentra sumido en el debate interno sobre su permanencia en la UE, lo que se conoce como el Brexit. Aunque el plazo para realizar el referéndum se extendería hasta mediados de 2017, David Cameron ya está negociando concesiones por parte de la UE que le permitan salir airoso. Su objetivo es lograr que la UE acepte un paquete de medidas que añadan nuevas excepciones a las que ya disfruta el Reino Unido en la UE.

GRAN BRETAÑA SE ENCUENTRA SUMIDA EN EL DEBATE INTERNO SOBRE SU PERMANENCIA EN LA UE, LO QUE SE CONOCE COMO BREXIT

En los últimos días, tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le han facilitado la tarea, al autorizar un mecanismo especial de salvaguarda (un “freno de emergencia”) para bloquear los beneficios sociales a los trabajadores de otros estados miembros en caso de un flujo de “magnitud excepcional” de trabajadores “durante un extenso período de tiempo”. Gran Bretaña tendría que notificar la situación a la Comisión y el Consejo Europeo podría autorizar restricciones por mayoría cualificada en el acceso al sistema de beneficios ligados al empleo durante un período máximo de cuatro años, según consta en el borrador. Además, un segundo elemento en la propuesta de Tusk incluiría, de facto, un poder de veto a los parlamentos nacionales sobre normativa comunitaria, siendo incluso posible bloquear iniciativas legislativas europeas si lo aprueba el 55% del parlamento de un país miembro. Cameron, con la mediación de Tusk, espera lograr el visto bueno de los países más afectados, como Polonia, Hungría o Bulgaria, de manera que en el próximo Consejo Europeo de mediados de febrero quede ratificado el acuerdo. Así, sería posible adelantar el referéndum a junio y poner a la opinión pública a favor de mantenerse en la UE, cumpliendo al tiempo su promesa electoral.

Aunque, a simple vista, estas excepciones puedan parecer razonables, lo que implican en realidad es una enmienda al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la puerta de atrás. No hay razones objetivas para que Gran Bretaña considere la afluencia de trabajadores europeos un problema acuciante ni ahora ni en los últimos años, puesto que España, Italia o Alemania, por compararlo con otros países de tamaño similar, han recibido flujos de entrada mucho mayores. Además, el desempleo en Gran Bretaña se encuentra en una tasa del 5% y puede que, en realidad, necesite de mano de obra foránea en los próximos años. Por otro lado, volver al veto en la toma de decisiones comunitarias, aunque ahora sea a través de los parlamentos nacionales en lugar del Consejo de Ministros, supone un paso atrás en todo lo avanzado desde los 80 para lograr acuerdos por mayoría en lugar de unanimidad.

Es bien sabido que en los momentos de crisis económica los países miembros suelen mirar hacia dentro y tiende a aumentar el proteccionismo en sus diversas formas. Sin embargo, es la misión de las instituciones europeas preservar lo logrado y defender las ventajas del mercado único. En el actual contexto, la crisis económica ha venido seguida por la crisis de refugiados. La falta de una solución conjunta (seguramente a través de una normativa común en materia de asilo y, quizá, un cuerpo europeo de control de fronteras externas) está poniendo en peligro la libre circulación de personas en la UE: el acuerdo Schengen, de cuya firma se acaban de cumplir los 30 años.  

Las bases de la integración europea se tambalean en 2016, al sumarse las dudas sobre la recuperación de España, el potencial Brexit y la ruptura de Schengen. El mercado interior y la eliminación de barreras ha sido una fuente de ahorro de costes y de aumento en la competitividad de las empresas europeas.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, el euro y la libre circulación de personas en la UE constituye una las principales señas de identidad europeas frente al resto del mundo. Desde un punto de vista económico, volver a establecer los controles en las fronteras interiores tiene un coste que Guntram Wolff en el Blog de Bruegel ha cuantificado en alrededor de 3.000 ó 4.000 millones de euros al año. Se calcula que en Europa 1.7 millones de personas viven en un país distinto de aquél en el que trabajan. Países como Luxemburgo o Eslovaquia serían los más afectados, pero también los propios viajeros europeos (más de 200 millones cada año) verían aumentar el tiempo de espera y también el precio de sus desplazamientos. Por no hablar del principal coste: el de transporte, puesto que la vuelta de los controles en frontera retrasaría y encarecería el comercio de mercancías.

La respuesta a las crisis, como se ha mostrado en otras ocasiones, no es reducir la integración sino profundizarla. Los problemas con dimensión europea deben también tener respuesta europea. Convencer a todos los socios, en especial a los más escépticos, sólo se logra con liderazgo. Esperemos que los dirigentes europeos estén a la altura.