Hoy es 14 de agosto
CASTELLÓ (EFE). El Boletín Oficial del Estado ha abierto plazo de información pública y alegaciones para autorizar el sellado y abandono definitivo de los pozos del proyecto Castor por parte de la empresa Escal UGS, después de que la misma haya presentado el proyecto para el desmantelamiento del almacén de gas situado frente a la costa de Vinaròs, que supone un coste de cerca de 70 millones de euros.
Se abre un plazo de 20 días para presentar las alegaciones y observaciones que se estimen antes de conceder la autorización para llevar a cabo los trabajos en los 13 pozos asociados al almacenamiento de gas.
En la documentación aportada por Escal para solicitar el desmantelamiento se explica que el proyecto se inició para evaluar el potencial y la viabilidad de transformación de un campo productor de hidrocarburos para el desarrollo y explotación de un almacenamiento subterráneo de gas natural a 22 kilómetros de la costa, frente a Vinaròs.
En 1996 Escal UGS se interesó por este yacimiento abandonado, que ya había sido explotado por Shell, y, tras realizar estudios se determinó la viabilidad del proyecto. La autorización de explotación se concedió en enero de 2006.
La plataforma de pozos se instaló en 2010 y durante ese año y 2011 se perforaron un total de 13 nuevos pozos y la inyección de gas colchón se inició en septiembre de 2013. Fue entonces cuando "se detectaron una serie de eventos sísmicos inducidos por la actividad", según recoge la documentación de la empresa.
Como consecuencia, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013, se decretó la suspensión temporal de la operación del almacenamiento. Dicha resolución fue prorrogada posteriormente mediante resolución de fecha 18 de junio de 2014.
Finalmente, la Secretaría de Estado de Energía, emitió la Resolución de 6 de noviembre de 2019, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministro de 31 de octubre de 2019, por el que se pone término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor acordando su desmantelamiento y se ordena el sellado y abandono definitivo de los pozos.
El desmantelamiento llega después del procesamiento por delito medioambiental a dos dirigentes de Escal y la propia empresa y cuyo reciente fallo les ha absuelto de todos los cargos.
Las actuaciones para el desmantelamiento serán llevadas a cabo por varias empresas especializadas según consta en la documentación aportada por la empresa. Entre los trabajos se incluyen planes de estudio y análisis del ecosistema marino y terrestre que pudiera verse afectado por las labores así como planes de contingencia en caso de producirse alguna afección.
Se asegura en la información que el proyecto "no está directa o indirectamente relacionado" con la gestión del espacio natural del Delta del Ebro e Islas Columbretes", aunque señala que "no se puede descartar la afección para mamíferos marinos" o los cetáceos en el supuesto de derrame, aunque "podría considerarse un impacto moderado".
En conclusión, la potencial afección del proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000 se produciría como consecuencia de un suceso imprevisto (accidental) que "obviamente no forma parte de las actividades planificadas, tiene una probabilidad de ocurrencia asociada muy baja y requiere de un análisis de riesgo para su evaluación, que se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental".
Además, con el objetivo de reducir los daños potenciales anticipados, reducir el tiempo de respuesta tras un derrame y contener la extensión del derrame, se implantarán una serie de medidas preventivas y correctoras, "lo que llevará a minimizar el riesgo lo máximo posible".
Se contará con varias embarcaciones para los trabajos, con una zona logística en el puerto de Vinaròs para almacén de materiales y suministros, así como el almacenamiento de los residuos generados durante la ejecución del proyecto. También con un helicóptero para el transporte de personal que realizará vuelos regulares desde Reus (Tarragona).