La secesión de los ricos

Imaginemos por un momento que usted y yo nos sentamos a la mesa en un restaurante y nos sirven un buen banquete, pero con una regla: solo puedo comer yo y usted solo puede mirar. Cuando he terminado, me dirijo a usted y le digo: “Entre los dos hemos comido muy bien. Ahora, ya podemos pagar la cuenta.”

Esto es fundamentalmente lo que está sucediendo con la supresión del Impuesto de patrimonio en Andalucía que anunció recientemente el presidente de la Junta, Juanma Moreno: “Vamos a bajarle los impuestos a los andaluces!” Es una afirmación que fuerza los límites de la semántica tratándose de un impuesto que paga menos del 1% de los más ricos. En la práctica el presidente de la Junta les va a regalar a los grandes patrimonios de Andalucía cientos de millones de euros de las arcas públicas. El resto de los andaluces solo podrán mirar. Lo único que les van a reducir a ellos son sus derechos como ciudadanos. Los cientos de millones que se ahorren los más ricos se pagarán por el otro lado reduciendo la inversión en políticas sociales que suponen más del 80% del gasto de las Comunidades Autónomas. Menos impuestos para los ricos significa más alumnos por aula en las escuelas y más listas de espera en la sanidad.

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento global de las desigualdades sociales que ha impactado de lleno en Europa y en España. Antes, defendíamos el Estado de Bienestar como un puntal de los valores europeos asentado en la idea de que la redistribución de la riqueza proporcionaba no solo mayor cohesión social sino también mayor prosperidad para todos. Ese pacto se ha ido descomponiendo hasta niveles de obscenidad como los que estamos viendo estos días en que se hacen pasar medidas que solo favorecen a los más poderosos, y perjudican a la inmensa mayoría, como si fueran a favor del interés general.

Los sectores reaccionarios defienden esta política con la retórica del goteo: reducir impuestos a los más ricos hace aumentar la actividad económica, impulsa el crecimiento y por lo tanto acaba beneficiando a todos. Incluso a las Administraciones Públicas que acaban ingresando más con tipos impositivos menores porque la economía crece más (la Curva de Laffer). Este discurso no solo no es nuevo, se retrotrae a las ofensivas neoliberales de Thatcher y Reagan durante los años 70, y ha sido ampliamente desmontado por la evidencia empírica y los economistas que han demostrado que estas políticas han conducido a crisis fiscales de los Estados, a reducir el crecimiento económico potencial y a expandir sobre manera las desigualdades sociales y la pobreza. Este fue el balance especialmente a partir de la gran recesión de 2008.

Ahora bien, certificar el fracaso de las políticas neoliberales en el terreno académico e intelectual no cambia nada si no se lleva también a la arena política. El PP y Vox siguen con su ofensiva de rebaja generalizada de impuestos por mucho que lo desaconsejen las principales instituciones económicas internacionales. En contraste, el Ministerio de Hacienda paralizó la reforma fiscal del Gobierno a raíz de la invasión de Ucrania. Aquella reforma postergada viene al caso porque entre otras propuestas incluía establecer tipos mínimos efectivos en los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. Un modo de evitar la competición fiscal a la baja entre Comunidades Autónomas que han protagonizado primero Madrid y ahora Andalucía. ¿Porqué el Ministerio de Hacienda paralizó medidas que evitarían el dumping fiscal por la invasión de Ucrania? ¿Por qué se confunde el tocino con la velocidad? Sencillamente porque jugamos a la defensiva creyendo que defender una fiscalidad progresiva es impopular cuando lo que resulta impopular es mantener un sistema fiscal regresivo que castiga a la mayoría y subvenciona a los más poderosos.

Lo más ridículo de todo esto, es ver a Juanma Moreno o a Isabel Díaz Ayuso protestando porque una armonización fiscal supondría un ataque a las competencias fiscales de las Comunidades Autónomas, como si alguna vez se hubieran creído el Estado de las Autonomías. Todo lo contrario, defender que haya tipos mínimos comunes en determinados impuestos es una forma de defender el autogobierno porque las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus competencias en tanto en cuanto tengan ingresos suficientes para ello. Del mismo modo que España no perdería soberanía, sino que la ganaría, alcanzando un acuerdo internacional para acabar con los paraísos fiscales y para establecer impuestos mínimos comunes a las grandes corporaciones a nivel global.