Comisión de este miércoles. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Este miércoles llegó a la comisión de Coordinación de Les Corts la propuesta de reforma del Estatuto de Expresidentes planteada por Podemos que busca restar algunos "privilegios" de los que gozan los Molt Honorables. Era la segunda vez en esta legislatura que se abordaba la cuestión, pero a juzgar por el tono del debate, las palabras que se dedicaron sus señorías -no faltaron incluso el cruce de acusaciones de mentir entre los socios del Botànic- y el resultado de las votaciones de las enmiendas presentadas a la ley, todo quedará en lo mismo que la primera vez: en nada.
La polémica, aunque esperada, no resultó cuanto menos inverosímil por las alineaciones que se produjeron a lo largo de la jornada. Los votos conjuntos de PP y PSPV en todas las propuestas de modificación evitaron que se aprobara cualquier cambio sustancial en la norma, ya que sumaron mayoría en comisión (8) pese a que Podemos y Compromís contaron en esta ocasión con la adhesión de Ciudadanos. Y aunque la reforma todavía debe quedar vista para un pleno de Les Corts, de repetirse los posicionamientos, la aritmética le da a valencianistas, morados y naranjas una minoría parlamentaria frente a socialistas y populares.
No en vano, ante la imposibilidad de acometer ninguna reforma sustancial, Compromís advirtió al finalizar la comisión de este miércoles que si las posturas se mantenían, votarían en contra de la ley en el pleno de Les Corts porque los pocos cambios aceptados no modificaban prácticamente en nada la situación actual. Posición que también comparten en Podemos.
Una situación que devuelve el debate a la casilla de salida y repite la historia que ya se vivió al inicio de la legislatura con la primera iniciativa planteada también por la formación que lidera Antonio Estañ. Aunque entonces la propuesta superó el trámite de enmiendas en comisión, terminó siendo rechazada por unanimidad en el pleno de la cámara valenciana incluso por el propio impulsor, Podemos, ya que la mayoría de las modificaciones que querían introducir no habían sido aprobadas y consideraron que la reforma había quedado "descafeinada" y había "perdido su esencia".
La iniciativa planteada ahora contemplaba, entre otras cuestiones, eliminar la oficina a disposición de los expresidentes, los dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y la disposición de un chófer. También la posibilidad de la revocación parlamentaria en casos de condena firme por un delito contra la administración pública ocurrido antes, durante o después del mandato.
Pero el principal cambio que sugería el texto de los morados y al que se oponen en rotundo tanto PSPV como PPCV afecta al futuro de los exjefes del Consell una vez abandonan la Presidencia del Gobierno valenciano. Actualmente se convierten en miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano en el que pueden estar durante 15 años. Podemos propone que pasen a formar parte del Comité Económico y Social (CES), donde solo permanecerían un máximo de 5 años no prorrogables y que además sería incompatible "con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas".
La diferencia entre la pertinencia a un organismo u otro -además de las funciones encomendadas- como indicó la portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, es que en el CJC perciben una retribución y en el CES, no. "Ese es el quid de la cuestión por el que ustedes se oponen a este cambio normativo", aseguró la diputada ante la oposición de socialistas y populares.
Una afirmación que desde el PSPV trataron de rebatir después de apelar a la dignidad que tiene la figura de los expresidents tras haber "sacrificado su vida familiar y profesional durante muchos años". "Los expresidents son como jarrones chinos, lo dijo Felipe González. La cuestión es, ¿dónde los ponemos? Es como cuando algún familiar muy querido te hace un regalo de boda horroroso. Cuando a veces viene a comer a casa, ¿qué haces? ¿Lo escondes un rato y luego lo sacas? No", dijo el portavoz de los socialistas en Les Corts, Manolo Mata.
El también vicesecretario general del PSPV criticó que se considerasen el uso de coche oficial y la protección de los expresidentes de la Generalitat "prebendas" y también recordó que la Ley de Incompatibilidades aprobada en 2016 "imposibilita" a los expresidentes "trabajar, a no ser que luego sean funcionarios y puedan volver a sus puestos de trabajo". En concreto, esta norma establece que en los tres años siguientes a terminar el mandato el president o los consellers no pueden prestar servicios en entidades privadas. Un redactado cuya intención era evitar puertas giratorias.
"Este es el momento en el que una se cansa de ser siempre el pegamento, porque esta reforma es la segunda vez que se debate en Les Corts y lo hemos intentado absolutamente todo. Pero ahora ha faltado a la verdad. Y cuando se falta a la verdad no hay confianza para absolutamente nada", le espetó Mollà. "No es cierto que no se haya contemplado medios materiales para el desarrollo de las funciones que se le estipulen a un presidente. Y basar un discurso para oponerse a estos cambios diciendo que los que estamos de acuerdo -Podemos, Ciudadanos y Compromís- no queremos que los expresidentes tengan protección física es vergonzoso", añadió.
Respecto a las retribuciones, la diputada de Compromís hizo referencia a la propuesta que el partido de Albert Rivera había hecho minutos antes: establecer una retribución durante tres años del 60% o el 80% del sueldo como presidente mientras dura su incompatibilidad para ostentar otro puesto de trabajo al dejar de ser jefe del Consell para no condenar a "un difícil futuro laboral a quienes durante años sirvieron con dignidad, esfuerzo y dedicación". "Eso sí, durante los tres años de incompatibilidades, no 15 años como supone estar en el Consell Jurídic Consultiu, que esto no es una barra libre. Estábamos dispuestos a hablar de retribuciones y no han aceptado. Aquí estamos hablando de dinero, de nada más", zanjó Mollà.
"El tema económico no lo ha propuesto nadie. Ninguna de las enmiendas tiene en cuenta esa circunstancia. Por tanto, no mienta. La política en abstracto siempre está bien, lo difícil es lo concreto", devolvió Mata, quien incluso antes de comenzar su respuesta se pidió tranquilidad a sí mismo: "Mata, cálmate".
La tensión había ido incrementándose en el desarrollo del debate, pues ya al principio la diputada de Podemos, Fabiola Meco, cuestionó la negativa de los socialistas a realizar este tipo de cambios en la ley cuando era un compromiso del Acuerdo del Botánico al inicio de la legislatura. Un pacto rubricado por el actual jefe del Consell, Ximo Puig que incluía la profesionalización del CJC, la reducción de gastos superfluos y crear un sistema valenciano de integridad institucional. "Tendrán que explicar por qué faltan a la lealtad de un pacto, por qué no tienen palabra o si la tienen, por qué no la cumplen. Tienen hasta el pleno para saber dónde quieren estar, si con los que cumplen la palabra dada o cierran filas con el PP", subrayó Meco.
La batalla campal no sólo la protagonizaron los socios del Gobierno, también el PP tuvo intervenciones estelares. Para justificar su oposición a este cambio de destino de los Molt Honorables, el diputado popular Alfredo Castelló explicó que su grupo parlamentario no creía "en destierros al CES ni en revocaciones de cargos públicos" porque eso no tenía "nada que ver con la democracia representativa". Incluso hubo un momento en el que se acogió a una enmienda de los socialistas porque le pareció mejor redactada que la propia.
De hecho, Meco llegó a cuestionar en una ocasión a Mata si el PSPV y el PPCV habían hecho "los deberes juntos para asegurarse mantener a buen recaudo los privilegios de los expresidentes" porque las enmiendas de ambas formaciones eran "calcadas".
El desliz en la selección del lenguaje por parte de Castelló fue duramente criticada tanto por Podemos como por Compromís. "Ninguno ha explicado los motivos reales de porqué sí el CJC y no el CES. Decir que llevarlos ahí es el destierro, es para explicárselo al CES. Para ir a los sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, etcétera y decirles que los considera desterrados. Que ellos, que forman parte de la red socioeconómica y sindical de esta comunidad autónoma, son el destierro", recriminó Mollá. Con todo, el debate no está zanjado -pues todavía debe llegar a pleno- pero el resultado, bien podría anunciarse ya en un diario de sesiones.
