VALÈNCIA (EFE). El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado este jueves que de los 873.000 expedientes de ingreso mínimo vital (IMV) tramitados en los últimos nueve meses, se han denegado más de 600.000, lo que supone un 68,7 %, la mayoría de ellos por superar los niveles de renta.
Durante su comparecencia en el Senado, Escrivá ha detallado que, en nueve meses, se han recibido 1,2 millones de solicitudes, se han tramitado el 75 % -873.000 expedientes- y de ellos se han denegado más de 600.000 y se han aprobado más de 210.000, lo que hace que esta prestación llegue ya a unas 565.000 personas.
De vuelta a los denegados o inadmitidos, Escrivá ha señalado que el 60 % de las solicitudes rechazadas ha sido por incumplir los criterios de renta y que, de estos, el 40 % superaba el límite de renta en más del doble y el 70 % en más del 50 %.
Escrivá ha reconocido que están analizando las razones de este volumen tan alto de rechazos de solicitudes y estudiando cómo mejorar esta situación.
Y ha subrayado que es la primera vez que en una prestación de este tipo se cruzan datos de renta con la Agencia Tributaria.
También ha destacado el papel del IMV frente a las rentas mínimas autonómicas y ha detallado que, en 8 meses, los beneficiarios del ingreso mínimo superan a los de los autonómicos en siete comunidades y en las dos ciudades autónomas.
"La cobertura es abrumadoramente superior a las de todas las rentas mínimas autonómicas (3,5 veces mas) en un período de tiempo comparable desde su introducción", ha defendido Escrivá, que ha añadido que el ingreso mínimo vital paga, en promedio, una prestación 900 euros más alta al año que las rentas mínimas.
Escrivá también ha hecho balance en el Senado de la situación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), bajo los que actualmente, ha apuntado, hay unos 805.000 trabajadores, unos 100.000 menos que a cierre de febrero.
Además, ha incidido en el gasto total que están teniendo las distintas medidas en protección de empleo -ERTE, ayudas a autónomos e incapacidad temporal- y que rondará los 40.000 millones de euros acumulados en el mes de mayo.
Escrivá ha afirmado que las negociaciones del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos están "muy avanzadas" y que aspira a poder traer el nuevo modelo al Senado y al Congreso "pronto". El esquema temporal incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia recoge que la cotización de los autónomos estará disponible desde antes de junio de 2022.
El ministro ha explicado que va a buscar el "máximo consenso" en el marco del diálogo social. Escrivá también ha valorado positivamente que la afiliación de autónomos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), "a diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis", tiene ahora más afiliados que antes del inicio de la pandemia.
A finales del pasado mes de febrero en el encuentro que el Ministerio mantuvo en el marco del diálogo social y con organizaciones de autónomos para abordar el nuevo RETA, el Gobierno presentó una propuesta en la que recogía que los trabajadores autónomos podrían elegir entre 13 bases de cotización provisionales a la Seguridad Social en función de su previsión de rendimientos netos.
También apuntó que, en 2019, el 46% de los autónomos (unos 1,3 millones) tuvieron unos rendimientos netos por debajo del SMI, mientras que el 54% (unos 1,6 millones) registraron unos ingresos por encima de los 12.600 euros.
En la propuesta que está estudiando el Gobierno estarían recogidos los autónomos societarios, los que tributan por estimación directa, objetiva y atribución de rentas, y faltaría por determinar lo que pasa con los familiares colaboradores y los religiosos.
