Foto VPLas tres formaciones afrontan complejas negociaciones en un contexto ‘blindado’ ante factores externos pero no exento de tiranteces por cuestiones como el Puerto o el Sáhara Occidental
VALÈNCIA. Los teléfonos del primer y del segundo escalón del Botànic echan humo y los borradores entran y salen de sus correos electrónicos. En las consellerias y en los partidos los 'fontaneros', personas puente entre las formaciones y en el seno de las mismas, hacan horas extras. Las negociaciones, las tensiones y las cesiones se entrecruzan estos días. Encima de la mesa: el macrodecreto que incluirá, entre muchas otras cosas, un nuevo marco para las plantas de energías renovables, la tasa turística e incluso los beneficios urbanísticos de la ATE del Valencla CF. Además, en los dos primeros casos, la cuenta atrás ha arrancado.
Tras frenar Compromís y Unides Podem la intención del PSPV de haber aprobado este pasado viernes un macrodecreto que incluirá desde asuntos de función pública a minas, pasando por la compleja Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Ximo Puig dio siete días para cerrarlo. Quiere que se apruebe el próximo viernes 1 de abril. Aunque el president circunscribió las diferencias a las diferentes consellerias afectadas lo cierto es que hay puntos de vista diferentes entre los partidos, especialmente en las plantas renovables. En otros puntos hay también diferencias internas entre ellos. Con tres partidos y varias corrientes internas dentro de los mismos, Compromís debe negociar también hacia adentro.
Este viernes, la vicepresidenta Mónica Oltra admitió que hará falta “un pacto técnico y político” entre los socios del Botànic en las cuestiones más complicadas pero lo vio factible pese a la complejidad de las materias, su laborioso encaje legal y a cantidad de actores implicados. “Ante eso lo mejor es que la inteligencia colectiva se ponga al servicio de un proyecto común y pongo como ejemplo de éxito la noticia de que para la gigafactoría de baterías Volkswagen haya elegido Sagunt”, apuntó. “Han participado muchos departamentos y ha acabado en éxito, y se han trabajado de manera coral, comun, mestiza, armónica, y cómplice y se ha conseguido un éxito”, remarcó.
Como muy tarde un día antes, el 31 de marzo, deberían presentar los tres grupos parlamentarios que dan apoyo al Consell una propuesta de ley en Les Corts para desarrollar una tasa turística municipal y voluntaria. Así lo acordaron y firmaron en la negociación de los presupuestos. Aunque puede que se den unos día de margen.
La oposición frontal de la patronal supone un problema para el PSPV, más cercano a los empresarios y en el que el impuesto también genera divisiones internas. Entre las más destacadas la del secretario autonómico de turismo Francesc Colomer. También aquí debe haber negociación interna. Esa situación (y la negociación del macrodecreto) puede retrasar unos días la presentación de un texto que no contará nunca con el beneplácito empresarial y sí con el de otros actores como municipios, vecinos, trabajadores y expertos académicos. Pero que los socialistas esperan que sea digerible para la patronal, al menos porque se retrase su aplicación.
Por último, y aunque hay menos prisa porque no hay un plazo exacto, han de llegar también a un acuerdo sobre si se mantienen o no los beneficios urbanísticos que le dio al Valencia CF la Actuación Territorial Estratégica que se le otrogó en su día para retomar las obras del Nou Mestalla aunque se caduque la propia ATE.
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de Arcadi España ha asumido la voz protagonista del análisis del proyecto que ha presentado el club pero, realmente, el acuerdo del Consell le encargó la gestión de la caducidad. La decisión sobre los beneficios se tomará en el Consell de manera colegiada. De momento, la Conselleria de Economía ve el proyectil ejecutable y el departamento de España es más escéptico y ha pedido sendos informes al IVF (sobre las garantías económicas) y al Ayuntamiento de València (sobre si se ajusta a lo que se estableció en el convenio que dio al club mediante una permuta y una compensación los terrenos del nuevo estadio). Eso dará tiempo y permitirá desencallar las otras negociaciones.
Estas tres complicadas negociaciones se producirán en un contexto en el que el Botànic ha demostrado su estabilidad ante complicaciones ‘externas’ como la guerra en Ucrania o el cambio de posición del Gobierno en la resolución de conflicto del Sáhara Occidental. Las distintas opiniones no han afectado al gobierno… de momento.
Porque las próximas semanas serán difíciles. Aunque el Consell no tiene en principio nada que decidir sobre la ampliación norte del Puerto, la confirmación por parte el Gobierno Central de que compete a la Autoridad Portuaria decidir si debe pedir o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental, algo que ya ha dicho este organismo que no es necesario, tensará las costuras entre el PSPV, Compromís y Unides Podem por otro. De momento Puig ha insistido en la necesidad de hacer compatible desarrollo y proteccción del territorio pero sus socios han anunciado una oposición que puede llevarlos a los tribunales.
Otro asusnto espinoso son las PNL que han presentado ambos socios minoritarios en Les Corts y que, salvo retirada, obligarán a retratarse a los diputados socialistas sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, una opción, la del referéndum, que el PSPV defendió como la más adecuada en ese mismo parlamento hace un año.
