La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Foto: GABRIEL LUENGAS/EPVALÈNCIA (EFE). La senda de déficit para el periodo 2024-2026 y el techo de gasto para 2024, paso previo a la elaboración de los Presupuestos, llegan esta semana al Congreso de los Diputados, donde todo apunta a que serán avalados antes de afrontar el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
El primer Pleno del año en el Congreso abordará una pieza clave del proceso presupuestario, que arrastra ya un notable retraso debido a las elecciones generales y la formación de Gobierno, pero que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en culminar a finales de marzo o principios de abril.
La senda de estabilidad presentada por el Gobierno prevé reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2024, cumpliendo así las reglas fiscales europeas, y avanzar en esa corrección en 2025 (2,7 % del PIB) y 2026 (2,5 % del PIB).
Por lo que respecta a la deuda, la senda de estabilidad prevé que cierre en el 106,3 % del PIB en 2024, el 105,4 % del PIB en 2025 y el 104,4 % del PIB en 2026.
Junto a la senda de estabilidad, el Gobierno presenta a las Cortes el límite de gasto no financiero o techo de gasto de 2024, que no se somete a votación, y que se sitúa en un máximo histórico de 199.120 millones, un 0,5 % más que en 2023.
Este techo de gasto incluye 9.905 millones de fondos europeos -de eliminar este factor sería de 189.215 millones, un 9,3 % más- y 5.350 millones de la prórroga de parte de las medidas antiiflación, como la extensión de la supresión del IVA para productos básicos o la gratuidad del Cercanías.
En principio, todo apunta a que la mayoría de la investidura avalará la senda de estabilidad en el Congreso, pero la tramitación podría complicarse en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ya ha mostrado su intención de usarla para vetar los nuevos objetivos.
Este rechazo constituye un escollo importante, ya que la Ley de Estabilidad exige la aprobación de la senda en ambas cámaras sin que el Congreso pueda levantar el veto del Senado, como ocurre con las demás leyes. Y en este momento no hay ningún objetivo aprobado porque las reglas fiscales llevan suspendidas desde 2020.
Una vez que se consume el veto, el Gobierno tiene 30 días para presentar una nueva senda de estabilidad, que previsiblemente también será rechazada por el Senado, lo que, aparentemente, conllevaría un bloqueo del proceso presupuestario.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que un informe de la Abogacía del Estado avala que se presenten los Presupuestos de 2024 aunque no haya senda de estabilidad aprobada, siempre que se haya cumplido el requisito de presentar dos paquetes de objetivos.
De llegar a este extremo, las cuentas tendrían que basarse en los objetivos de déficit enviados a Bruselas en abril en lugar de en las nuevas metas propuestas, que aunque no varían en términos globales (3 % del PIB), sí lo hacen en la distribución entre subsectores.
Recurrir a los objetivos de abril supondría, en la práctica, exigir un mayor esfuerzo a comunidades autónomas, que tendrían que cerrar 2024 en equilibrio en lugar de con una décima de déficit, y ayuntamientos, que tendrían que registrar dos décimas de superávit en lugar de equilibrio.
Por ello, el Gobierno insiste en pedir al PP que no bloquee la senda de déficit, ya que esto perjudicaría también a las comunidades autónomas y ayuntamientos que gobierna y que ya cuentan con presupuestos aprobados conforme a unos objetivos de déficit más flexibles.
