VALÈNCIA. À Punt empezó a emitir en 2018 y parece que aún no ha salido del laberinto en el que arrancó, y que en parte arrastraba bajo la sombra de la agónica historia de Canal 9. Diez meses después de su puesta en marcha, parece que la reestructuración impulsada por PP y Vox, con una ley ad hoc para que la radiotelevisión valenciana volviera a la casilla de salida, no ha mejorado en ningún hecho objetivo su etapa anterior.

“La estrategia tiene que funcionar a medio plazo. Ahora mismo hay decisiones importantes que tomar, como la renovación de programas de productoras externas. El cambio importante, donde se podría notar esa nueva línea, debería ser en septiembre, con la nueva temporada”, adelantaba Vicente Ordaz en febrero, en una entrevista con Plaza, preguntado por cuándo se empezarían a notar los cambios en la línea de programación de À Punt.

La televisión acabará 2025 con mejores audiencias que en 2024 —un 2,8% o 2,9% frente al 2,6% del año anterior—, igualando el mismo dato que en 2023, pero muy alejada del máximo que marcó en 2021 (3,4%). Los datos, en todo caso, hay que ponerlos en contexto: 2024 empezó con un tropiezo importante en las audiencias, que rondaban el 2%, —en ese momento, Alfred Costa aún estaba al frente de la programación, a pesar del cambio de gobierno en mayo de 2023— pero el share del año lo salvó el terremoto informativo que supuso la trágica Dana en octubre, momento en el que la redacción de informativos de la cadena pública fue una de las principales referencias y se reivindicó como servicio público. El año acabó solo tres décimas por debajo del anterior.

El ejercicio 2025 ha seguido estando marcado por la tensión informativa derivada de la tragedia y sus consecuencias políticas. Vicente Ordaz, presidente de CACVSA, el nuevo ente que gestiona À Punt, y Francisco Aura, director general de À Punt y responsable último de la programación, entraron a gestionar la cadena en febrero con la promesa de un cambio de rumbo en la televisión que pudiera impulsar sus audiencias. Ese era el objetivo: buscar el equilibrio entre el servicio público y gestos y cambios para buscar más audiencia. Sin embargo, la nueva parrilla entró en juego en septiembre y, desde entonces, los datos no han dejado de caer.

El porqué de esta bajada de audiencias se encuentra, de hecho, en las grandes apuestas de este nuevo modelo, que sistemáticamente se han demostrado como el eslabón más débil de la parrilla: películas en castellano, retransmisiones de tauromaquia, magazines y debates políticos, y el rescate de rostros conocidos. Nada ha funcionado por ahora, y algunas de estas apuestas han hundido las franjas que ocupaban. Como ejemplo, La Plaça, un magazine de actualidad sobre tauromaquia, que empezó cosechando audiencias muy discretas y ahora está hundido, con datos cercanos al 0% de manera habitual.

Otra gran apuesta, El Debat (presentado por Toni Cantó), empezó con un 2,4% en su estreno, aunque durante la última hora de emisión hizo un cero técnico. À Punt recortó esa franja la semana siguiente para evitar que la media cayera, pero aun así el programa se hundió en su segunda retransmisión hasta el 1,5%; la última semana apenas remontó al 1,6%, muy por debajo incluso de la media de una cadena debilitada.

Por otro lado, lo que sigue funcionando es lo de siempre: los concursos, la sobremesa y los informativos; y, por supuesto, las retransmisiones especiales y los días de lluvia o de alto voltaje político en la Comunitat. À Punt sigue en la casilla de salida, con las mismas fortalezas y debilidades, pero el desequilibrio en las tertulias, la no retransmisión de la gran manifestación que exigió la dimisión de Mazón días antes de que fuera efectiva, los formatos noventeros y la vuelta de la tauromaquia han supuesto un importante cambio de percepción del público sobre el servicio público que sufragan.

Tampoco hay que olvidar la radio, de la que À Punt solo habla oficialmente cuando los datos le favorecen, pero que en estos años ha dibujado, en su histórico de audiencias (se miden trimestralmente), un gráfico de sierra, con grandes oscilaciones que no marcan tendencia alguna. Si antes del verano el Estudio General de Medios (EGM) bendijo muchos de los cambios estrenados tras las vacaciones de Pascua, hace una semana À Punt Ràdio volvió a demostrar su falta de seguimiento entre la audiencia valenciana, retransmisiones deportivas aparte.

El audiovisual se resigna

“Que de los 75 millones de euros de presupuesto de À Punt destinemos más de un 44% al sector audiovisual valenciano creo que es un esfuerzo muy importante y esa apuesta se va a mantener. No hay intención de reducir esa inversión”, también adelantaba Ordaz en sus primeros días al frente de À Punt.

Pero la realidad presupuestaria del ente corrigió la promesa y Francisco Aura anunció la imposibilidad de mantener una parrilla normal para lo que restaba de año, y trasladó al sector audiovisual que sería un año de ajustes. El paradigma fue el final de L’Alqueria Blanca, y con ella y desde entonces, el fin de la ficción propia en la parrilla de À Punt, precipitada por esa falta de fondos.

Los meses han pasado, las contrataciones se han ido retomando pero, como ha venido ocurriendo habitualmente, un cambio de organigrama ha significado un cambio de nombres de productoras (y, por qué no decirlo, de facturas de programas). Fuentes del sector reconocen cierto sentimiento de resignación a la hora de participar en la parrilla de la televisión, y se acogen a la apuesta —en principio intocable— de la inversión del ente en proyectos cinematográficos.

Tensiones internas

A los cambios en la programación se han sumado los últimos meses tensiones en el seno de la plantilla de la radiotelevisión pública, y especialmente en los servicios informativos. El nombramiento como nuevo jefe de Informativos de Josep Magraner, ex de Canal 9 y exdircom de la EMT de València, no fue del todo bien recibido y, al poco tiempo de llegar, presentaron la renuncia dos rostros importantes en la redacción: el subdirector de Informativos, Ximo Ferrandis, que pidió una excedencia para dirigir la comunicación del PSPV, y el jefe de Política en los informativos de la cadena, Santi Hernández, que sigue en la redacción pero sin dicha responsabilidad. No han sido los únicos movimientos internos desde entonces.

El malestar se ha disparado en los últimos meses desde que la dirección anunciara que iba a elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "adaptada a las necesidades" de la radiotelevisiòn pública valenciana. Aura deslizó en Les Corts algunas de las modificaciones y lamentó, entre otras cosas, que no existiera una categoría para los presentadores y locutores de radio, que sólo existan dos puestos de técnicos para gestionar el departamento jurídico o que, con la gran cantidad de periodistas que tiene la cadena, "sólo hay capacidad para emitir tres informativos porque sólo hay 23 operadores de equipo".

Con todo, la propuesta concreta de la nueva RPT incluía la reducción de la plantilla de lingüistas y del departamento de web, la degradación de la plaza de la meteoróloga Victoria Roselló y la amortización de plazas con personal en activo, lo que motivó el rechazo frontal de los sindicatos. La dirección, por su parte, alegaba la necesidad de amortizar puestos para crear otros nuevos para evitar el aumento de la masa salarial. Las fuertes críticas apenas supusieron algunos cambios como 'salvar' a Roselló pero se aprobó la nueva RPT que creaba 28 puestos y amortizaba 26, entre los cuales estaba la mitad del departamento lingüístico.

El conflicto provocó que parte de la plantilla empezara a reunirse en los apodados como 'viernes negros' y que, convocados por el Comité de Empresa, se han sucedido desde principios de noviembre para protestar por la remodelación de la RPT pero también por la marcha de los informativos o la deficiente cobertura de algunas citas importantes como la manifestación del aniversario de la Dana. En este contexto de descontento, hace apenas dos semanas el Consell d'Informatius organizó una consulta interna en la que votaron 179 trabajadores -menos de la mitad del censo-, de los cuales un 90% desaprobó la dirección de informativos, que no ve legítima la votación por la baja participación y porque se hizo sin garantías a través de un formulario en internet.

Precisamente la reforma del reglamento del Consell d'Informatius ha sido otro motivo de polémica porque fija limitaciones en el marco de las elecciones internas o la celebración de asambleas y porque, pese a las alegaciones presentadas, elimina la capacidad de la plantilla para pronunciarse ante el nombramiento del director de Informativos o sobre la continuidad de subdirecciones y jefes de redacción. Según la contestación que dio Ordaz, la nueva ley de À Punt aprobada en 2024 por PP y Vox "no contempla participación de la redacción ni del consejo de informativos" en el nombramiento del director de informativos y el consejo de administración "dispone de mecanismos de control y notificación previa sobre estos nombramientos".

En medio de este maremagnum, el retraso de las oposiciones ha provocado que la cadena pública haya empezado a poner fin a los contratos de los interinos que entraron en 2022, como publicó este diario. La nueva dirección decidió suspender las oposiciones convocadas para elaborar la nueva RPT y la Ley Iceta impide que haya plazas ocupadas por interinos por más de tres años a no ser que se hayan publicado las convocatorias de las oposiciones. De manera que empleados de À Punt en esta situación ya han empezado a salir de la radiotelevisión pública al expirar sus contratos mientras el Comité de Emperesa alerta de que la solución de "empalmar contratos de diferentes trabajadores sucesivos" supondría "esquivar conscientemente la Ley".

Al final de todo, una nueva financiación

La realidad es que los grandes problemas de À Punt tienen un pecado original: su falta de financiación, que lo acaba precipitando a casi todo el resto de conflictos: la falta de inversión en el audiovisual, una parrilla poco ambiciosa y mucha conflictividad laboral. La radiotelevisión no contó con fondos suficientes ni en la época del Botànic ni actualmente.

De hecho, una parte muy importante de su presupuesto, unos 10 millones de euros anuales, está atado de pies y manos por un conflicto de todas las radiotelevisiones públicas con Hacienda. Unas defienden que, al ser servicio público, la aportación de los gobiernos autonómicos están exentas de IVA, como ha sido habitual; la Administración cree lo contrario y se lo reclama desde 2021. Si el Tribunal Supremo acaba fallando a favor de las radiotelevisiones, À Punt no solo contará con más de 10 millones de euros más al año automáticamente, sino que además le será reintegrado todo lo que ha reservado estos últimos años. Parece un respiro, pero es vital.