Susana Camarero, consellera de Servicios Sociales. Foto: CortsVALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales alargará los plazos para implantar el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, pero también realizará cambios en cuestiones como las ratios de personal. Una demanda realizada por asociaciones empresariales como la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) y otros entes, que no veían 'razonables' los nuevos parámetros marcados en la norma por el Govern del Botànic para las residencias.
Fue el pasado mes de septiembre cuando el departamento liderado por Susana Camarero sacó a consulta pública una modificación de la normativa que apuntaba a unos períodos temporales más extensos que permitan una "mayor y mejor adaptación a la realidad". Mientras, este lunes la conselleria iniciaba las reuniones con sindicatos y agentes empresariales de servicios sociales para iniciar un diálogo con el que abordar los cambios en el decreto.
Por su parte, este martes el Pleno del Consell aprobaba la declaración de urgencia en la tramitación del decreto por el que se modifica la norma que entró en vigor hace ocho meses, y que paralizarán las disposiciones transitorias que marcan periodos para la adaptación de la instalaciones a los requisitos establecidos, para los que se daba un plazo no superior a dos años, o la de ratios de personal, para las que se marcaba un máximo de doce meses con un incremento progresivo.
Según explican fuentes de la conselleria, algunos de estos ratios y modificaciones marcados en las disposiciones transitorias entrarían en vigor el próximo marzo, por lo que la intención es desplazar esos plazos para aplicarlos progresivamente. Mientras, se dan entre nuevo y diez meses para modificar las condiciones del decreto con las aportaciones del sector, algo que no quedaba claro dada la consulta pública planteada, pero que según explican sí está entre los planes, aunque no la derogación.
Un buen número de asociaciones ya recurrieron el decreto además de Aerte. Asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, València, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana o la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) planteaban sus dudas acerca de la norma aprobada el pasado Gobierno.
Aerte valoraba este martes positivamente la aprobación por parte del Pleno del Consell de la declaración de urgencia en la tramitación del decreto por el que se modifica la norma. Como se apuntaba, desde su entrada en vigor en marzo de este año, muchas entidades habían mostrado su desacuerdo con el texto definitivo y la necesidad de modificarlo para adaptarlo a las necesidades actuales de las personas atendidas. Incluso, muchas de ellas, habían presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto.
"La falta de base científica en mucho de los aspectos planteados, la carencia de un presupuesto público suficiente para que no supusiera un mayor coste para las personas usuarias de los servicios y la insuficiencia de respaldo sectorial habían sido criticas que había recibido esta norma impulsada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas", señalan desde la asociación.
"El sector vuelve a mostrar su voluntad de dialogo y de búsqueda de soluciones y mejoras para las personas que atendemos. La colaboración público-privada es fundamental para ofrecer los servicios que necesita cada persona en cada momento. Estamos a disposición de la Conselleria, como siempre, para poder abordar todos los retos que tenemos por delante", apunta su presidente, José María Toro.
