Servicios Sociales planea ampliar los plazos para que las residencias se adapten al decreto de tipologías

VALÈNCIA. Las empresas de residencias de la Comunitat Valenciana han recibido un pequeño respiro con el último movimiento de la Conselleria de Servicios Sociales respecto al decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales. A la espera de ver por dónde direccionaba el nuevo Consell - ya con promesas de cambio desde que estuviera en la oposición-, el departamento de Susana Camarero ha sacado a consulta pública una modificación de la normativa que tanto revuelo causó en el sector sociosanitario la pasada legislatura. 

La pasada semana, Camarero señaló en su comparecencia en Les Corts que llevarían a cabo una modificación y revisión del mismo, en consenso con las administraciones locales y entidades del sector, aunque sin precisar formas ni tiempos. Ahora, se ha dado un primer paso para ampliar los periodos de adaptación de los centros de servicios sociales a las condiciones funcionales, estructurales, materiales y personales establecidas en la nueva norma, tal y como recoge el documento.

Desde la conselleria, buscan las aportaciones del sector para adecuar los plazos a unos períodos temporales más extensos que permitan una "mayor y mejor adaptación a la realidad", concreta . Una medida contemplada al entender "la dificultad material de su cumplimiento" en determinadas cuestiones, aunque mantendrá la vigencia en aquellas que sí resulte posible su realización.

Más de una decena de asociaciones recurrieron

Menos plazas por residencias, modelos por unidades de convivencia y más personal por cada paciente son algunas de las cuestiones que se plantean en este decreto aprobado entre críticas durante el anterior Gobierno y que hacen que las empresas consideren poco viable el modelo. Entre las disposiciones transitorias de las que se prevé su modificación, se encuentra la adaptación de la instalaciones a los requisitos establecidos, para los que se daba un plazo no superior a dos años, o la de ratios de personal, para las que se marcaba un máximo de doce meses con un incremento progresivo.

Un buen número de asociaciones ya recurrieron el decreto, como las asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, València, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana o la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).

También el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese). La Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana afirmaba no haber participado en el proceso consultivo, y el Colegio de Fisioterapia se mostraba en contra del criterio seguido por la Conselleria en la regulación de centros de diversidad funcional.

Asimismo, la Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indicava que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Múltiple estaban en peligro por el nuevo Decreto de Tipologías. Eso, sumado al incremento de costes de las plazas que, en todo caso, el anterior Gobierno señaló que sería asumido por la propia Conselleria y no por los ciudadanos.

Aerte ve positiva la apertura del proceso

Desde Aerte, quien ha encabezado la petición de modificar la norma, califican como positiva la apertura de un proceso de consulta pública al pretender una ampliación de los plazos de ejecución, ya que había muchas entidades con problemas para poder avanzar con las disposiciones que venían recogidas en el decreto en el plazo que se estaba estableciendo. "No sé si la idea de la conselleria es entrar en el fondo del decreto y corregir cosas que no se comparten, y con esto generar un periodo transitorio hacia la nueva redacción", señala el presidente de Aerte, Jose María Toro. "En todo caso me parece positivo que se haya abierto el proceso ya, porque es verdaderamente importante".

Desde Servicios Sociales, a preguntas de este medio, señalan que están recibiendo muchas quejas respecto al decreto de Tipologías. "Vamos a abrir una consulta para conocer las alegaciones de las entidades y tomar decisiones de mejora",  apuntan.