Esta decisión, entre otras que ha adoptado el consejo en su reunión de este martes, tiene el objetivo de "seguir avanzando en las soluciones" de la situación de la empresa, derivada de la finalización de la encomienda de servicios a Tragsa, desde la creación de la sociedad en 2018 como consecuencia de la aplicación de las recomendaciones de obligado cumplimiento efectuadas por la Sindicatura de Cuentas.
El gerente de la entidad ha presentado al consejo un informe en el que expone la afección del fin del encargo a Tragsa en los distintos departamentos tanto de personal de estructura en determinadas áreas de la empresa como en otras cuestiones relativas a suministros, servicios o movilidad, han detallado desde la Conselleria de Justicia e Interior.
En este mismo informe, el gerente de la sociedad ha expuesto las distintas direcciones en las que se trabaja para "seguir prestando el servicio". Entre las medidas expuestas se encuentra la habilitada para dar continuidad a un apartado "de vital importancia" para el Servicio de Bomberos Forestales como es el de la movilidad y el mantenimiento de flota de vehículos.
En este caso, y previo informe favorable de la Abogacía de la Generalitat, se ha aprobado por parte del consejo un nuevo encargo a Tragsa, centrado únicamente en este capítulo, con el que también se cumple con las recomendaciones vinculantes de la Sindicatura de Cuentas y con los informes de otros órganos, como la Intervención General de la Generalitat.
En este punto, la dirección de la empresa ha explicado que, debido al "gran porcentaje" de vehículos de la flota comprometidos, se trata de "la única vía posible" para "garantizar la operatividad del servicio".
Respecto a los distintos departamentos afectados por la finalización del encargo, la gerencia ha informado de los diferentes procesos iniciados para "asegurar la viabilidad" del servicio que presta la empresa pública en el momento actual. Por su parte, desde la dirección de la empresa han trasladado al consejo que "continuará analizando" la situación de SGISE.
Por último, la dirección ha transmitido que la situación por la que atraviesa SGISE es "extremadamente delicada", pero ha defendido que "los pasos dados son necesarios" para mantener "las funciones esenciales" y garantizar "la operatividad actual del servicio".
La Sindicatura de Cuentas el pasado 27 de noviembre emitió un informe vinculante, tras el cual el pasado 22 de diciembre el Consejo de Administración de SGISE "se vio obligado" a finalizar la encomienda con Tragsa, ha explicado la compañía.
La SGISE nace en el último trimestre de 2018 para encargarse de la gestión del personal y de las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias. Su razón de ser era dar una respuesta "lo suficientemente ágil y rápida como lo requieren las emergencias".
Sin embargo, según el actual equipo de la Conselleria de Justicia e Interior --encabezado por la consellera Elisa Núñez (Vox)-- "más de cinco años después" la empresa "carece de estructura propia para poder llevar a cabo muchas de estas funciones" y sufre "numerosos problemas, muchos de los cuales tienen su origen en la propia fundación de la empresa y que no se resolvieron por parte de la gestión anterior".
Al respecto, fuentes de la Conselleria han insistido en que se trata de una empresa "que nació para resolver necesidades logísticas y de emergencia en la Comunitat Valenciana", pero que por "la negligente gestión" del equipo de --la anterior consellera-- Gabriela Bravo "ha sido incapaz de hacerlo durante todo este tiempo", con lo que, además, "ha puesto en riesgo los servicios logísticos esenciales de los bomberos forestales y llegado a una situación en la que las consecuencias de esta mala gestión las están sufriendo los trabajadores".