Foto: AERTEVALÈNCIA (EP). El Síndic de Greuges ha admitido a trámite las quejas presentada por la Asociación Empresarial de residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) por "el bloqueo" producido en el sistema de atención a salud mental y dependencia por la entrada en vigor, el mes de agosto pasado, del Decreto 102/2022, según ha informado la patronal valenciana en un comunicado.
Al respecto, Aerte explica que la Consellería de Igualdad tiene ahora un mes para dar las explicaciones pertinentes sobre cómo afecta este decreto a las personas que necesitan una atención específica en salud mental.
El presidente de Aerte, José María Toro, ha explicado que se encuentra a la espera de una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, tras la concentración que se produjo el pasado 16 de febrero a la que "acudieron más de 500 personas, entre profesionales, personas usuarias, asociaciones de familiares y entidades en protesta por esta situación".
Al respecto, ha recordado que ese mismo día de la concentración pidieron una reunión con Mas, ya que consideran que es "la persona que puede desbloquear esta situación". "Parece que la Conselleria quiere acabar con las viviendas supervisadas, a pesar del extraordinario resultado que han dado para apoyar los procesos de rehabilitación de las personas", ha lamentado y ha advertido de que "si no conseguimos avances, tendremos que seguir concentrándonos".
Así, señala que el Decreto 102/2022 "limita" el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental ya que hasta el mes de agosto se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora "se concede solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellas ser atendidos por falta de recursos económicos". Además, esta situación está "impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona".
Por otro lado, aseguran que también "limita" la ayuda de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que "impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda".
Al mismo tiempo, "no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia".
