VALÈNCIA (EP). El síndic de Comptes calcula que podrían evitarse 12,8 millones de euros anuales en el coste de explotación de las estaciones depuradoras EDAR gestionadas por entidades locales (con un ahorro potencial de un 22 por ciento) si la Entidad Pública de Saneamiento (EPSAR) gestionara la totalidad de estas instalaciones con una modificación normativa que lo permitiera.
Así consta en la auditoría operativa de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales por la EPSAR de los ejercicios 2015-2017, consultado por Europa Press y que publica este martes la Sindicatura. Actualmente, de las 483 EDAR en funcionamiento, la EPSAR gestiona directamente 186 Y financia 297 infraestructuras más que son gestionadas por entidades locales.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana únicamente 27 municipios no disponen de EDAR, que suman en conjunto 4.044 habitantes, a fecha 1 de enero de 2018. La cobertura de las instalaciones llega al 99,9% de la población, aunque a causa de las características urbanísticas y demográficas del territorio, el síndic advierte que sigue "latente" un "riesgo adicional" que, en la actualidad, no está "bastante mitigado", que es la existencia de núcleos de población diseminados y de urbanizaciones no conectadas a un sistema de saneamiento próximo y que obliga a la administración a buscar una solución definitiva para estas zonas.
El canon de saneamiento medio del consumidor doméstico es de 0,90 euros/m3, una tarifa que no tiene carácter progresivo en consumos de agua significativamente mayores. El síndic estima que la liquidación del tributo según la carga de población (incluida la ponderada de concentración estacional) podría representar un incremento de 1,1 millones euros anuales en la recaudación.
El canon, como instrumento de solidaridad intermunicipal, establece una mayor carga tributaria a mayor tamaño del municipio. Para cumplir el principio de "quien contamina, paga", a juicio de este órgano "sería deseable que su objetivo fuera lograr un canon idéntico para todos los contribuyentes con independencia del tamaño de su municipio".
Así, señala que se "da la paradoja" de que un habitante en una gran ciudad aboca sus aguas residuales a un sistema general de saneamiento, cuyo coste se estima en 0,24 euros/m3, mientras que paga por el servicio 0,96 euros/m3. Sin embargo, en los municipios más pequeños, el coste de mantenimiento de las EDAR es de unos 1,77 euros/m3 y el contribuyente no paga canon.
Por ello, propone, para corregir esta "discriminación económica" entre usuarios, que se estudie la posibilidad de una reforma del canon para que la carga tributaria tenga "un mínimo importe similar" para todos los contribuyentes y se prevea que tenga un componente para la financiación de costes de explotación y otro para financiación de nuevas infraestructuras.
En esta línea, el síndic refleja que desde la puesta en marcha de la entidad, los ingresos por canon de saneamiento han excedido "significativamente" los costes de explotación, pero no han sido suficientes entre 1993/2008, con unas necesidades de capital de en torno a 64 millones. Entre 2009/2018 disminuyó el volumen de inversiones hasta una media anual de 30,9 millones, lo que supuso reducir el nivel de endeudamiento de la EPSAR.
De acuerdo con el informe, el índice de cumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas alcanzó en este periodo el 100%, una cifra superior a la media en España (97%) y europea (95%). La proporción de caudal sometida a tratamiento terciario fue del 21%, porcentaje "notablemente inferior" a la media estatal (33%).
Asimismo, revela que el 98,8% de las aguas residuales de la Comunitat se tratan correctamente con un tratamiento secundario y la totalidad de las residuales aplicable a las aglomeraciones que realizan vertidos en zonas "sensibles" reciben un tratamiento "más riguroso", con índices superiores al conjunto de España y de la UE.
El papel de este tratamiento en todo el proceso de depuración es el de higienizar y adecuar el agua para el consumo urbano y aplicaciones industriales que requiera la máxima pureza. El conjunto de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) están diseñadas para tratar el 55% del caudal total proyectado.
En el periodo analizado, el volumen medio anual de agua reutilizada para uso agrícola, recreativo, industrial y urbano ascendió a 128,2 hm3, el 29,4% de la tratada, por debajo de un posible objetivo futuro que establezca la UE, que considera que si se reutilizara para riego agrícola más del 50% del volumen de agua total de las EDAR en Europa, se reduciría más del 5% el estrés hídrico global.
El volumen total de agua distribuida para consumos municipales en la Comunitat fue de 31,9 hm3 en 2016 y únicamente se reutilizó para uso urbano una media anual de 1,7 hm3 de agua residual tratada en las EDAR, por lo que el síndic concluye que hay un volumen potencial significativo que puede destinarse a ese uso, siempre que haya infraestructuras adecuadas para garantizar la calidad exigible.
En cuanto a la evacuación de lodos, el destino agrícola ha sido el más importante, con un 89%, una cifra superior al 81% de media española. Con ello, la EPSAR cumple ya los objetivos previstos en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para 2020. Las
inspecciones de control de vertidos industriales han contribuido a disminuir en un 25% la cantidad de contaminación tratada en las depuradoras desde 2005 y, en consecuencia, se han reducido los costes asociados a su tratamiento.
Además, la auditoría revela que el 19% de la energía eléctrica consumida anualmente en las estaciones depuradoras se produce por dispositivos de aprovechamiento energético instalados en las plantas propias, una cifra inferior a la media estatal, que se sitúa en el 39%.
El informe refleja que según los indicadores de los tres parámetros previstos en la directiva europea --sólidos en suspensión, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno-- la calidad del efluente de las estaciones de Alicante (isla de Tabarca), Chiva y Xalans "registra concentraciones medias superiores a los límites" en la normativa, las tres son gestionadas por entidades locales.