Los sindicatos minoritarios llevan al Constitucional la ley de subvenciones que el PP quiere cambiar

VALÈNCIA. CSIF, SI, Intersindical y USO van a continuar "en las calles y en los tribunales" con su "pelea" contra la Ley de Participación Institucional. Como parte de esa estrategia, los cuatro sindicatos han recurrido al Tribunal Constitucional el reglamento de esta ley autonómica que blinda las subvenciones directas para la patronal autonómica CEV y los sindicatos UGT-PV, CCOO-PV mientras excluye a los menos representativos.

Los representantes de las cuatro organizaciones se mostraron este jueves muy críticos con una ley "discriminatoria" porque garantiza la "financiación de dos sindicatos y la patronal" y arremetieron tanto contra el PP por impulsarla en su momento como contra el actual Consell por desarrollarla con un reglamento "aún peor".

El recurso al Constitucional, de hecho, se presentó a pesar de que la Conselleria de Economía trató de frenarlo con un aumento de las subvenciones en los Presupuestos de la Generalitat de 2018 que permitirá a CSIF, SI, Intersindical y USO recibir de la Generalitat más ayudas directas según su número de delegados, según explicó el portavoz de Intersindical, Vicent Maurí.

Maurí, quien recordó que el propio conseller Rafael Climent ha cuestionado públicamente en el pasado la forma de repartir los fondos previsto en la LPI, explicó que la Conselleria de Economía convocó a los cuatro sindicatos "en un intento negociador para redistribuir las partidas, pero dijimos que no porque no atacaba el problema de fondo". "No nos conformábamos con las migajas. No exigimos prebendas, sino trato igualitario", advirtió.

El portavoz de Intersindical arremetió contra el partido que teóricamente le es más afín, Compromís, al considerar que éste "tendrá que explicar por qué se abstuvo en la ley y después ha aprobado un decreto muy duro que consolida el bisindicalismo". "Nos hemos visto obligados a acudir a la justicia porque no vimos posibilidades de negociación", concretó.

Intersindical: "compromís tendrá que explicaR por qué ha aprobado un decreto muy duro que consolida el bisindicalismo"

La LPI, promovida por el Consell de Alberto Fabra y aprobada en Les Corts al final de la pasada legislatura con el voto a favor de todos los partidos y la abstención de Compromís, destinó 5,2 millones de euros en 2015 y en 2016 a la patronal autonómica, UGT-PV y CCOO-PV como compensación por su participación en los órganos consultivos de la administración.

Este año, aprovechando la extinción de Cierval, la Conselleria de Economía propuso reducir de 5,2 a 2,8 millones las ayudas a la patronal, UGT-PV y CCOO-PV para aumentar de 380.000 euros a 2,25 millones el fondo destinado a las ayudas directas que reciben todos los sindicatos en función de sus delegados. También se constituyó un fondo de 600.000 euros para financiar mediante concurrencia competitiva acciones en prevención de riesgos laborales.

"No es una ley de participación institucional, con la que estaríamos de acuerdo, sino de financiación de dos sindicatos y la patronal", criticaron los representantes de CSIF, USO, SI e Intersindical, que subrayaron que no es bueno que un sindicato se financie mayoritariamente con dinero público porque va contra la independencia sindical.

El Supremo tumba parte del reglamento

A pesar de mejorar su financiación, los cuatro sindicatos han decidido acudir al Constitucional porque el Tribunal Supremo ya les ha dado la razón al anular dos artículos del decreto que desarrolla el reglamento de la LPI, aprobado hace poco más de un año. Con el recurso al TC, presentado el pasado 14 de septiembre y pendiente de admisión, tratan de tumbar el reglamento en su conjunto.

Aunque los sindicatos excluidos de las ayudas iniciaron la vía judicial en septiembre de 2015, el debate sobre la LPI ha resurgido a raíz de la intención manifestada por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para cambiar esta ley y que las ayudas se concedan por concurrencia competitiva y no directa.

En este sentido, Fermín Palacios, secretario general del Sindicato Independiente, criticó que Bonig les "martirizó" en 2015 y ahora viene como "salvadora de la patria". "Bienvenida toda la ayuda para tumbar esa ley perjudicial, pero no me olvidaré jamás de quién trajo la ley y quién trajo el reglamento", subrayó.

Por su parte, el secretario general de CSIF, Daniel Matoses, descartó que el PP actúe por "revancha" contra los sindicatos y la patronal que convocaron la manifestación para exigir la mejora de la financiación del pasado 18 de noviembre y dijo que Isabel Bonig ya se había comprometido con el CSIF a "asumir" la idea del este sindicato sobre el reparto de los fondos de la LPI.

Por parte de USO, Ismael Montero consideró que los fondos que ahora se reparten la CEV, UGT-PV y CCOO-PV son "financiación directa a sus actividades ordinarias", por lo que esas organizaciones "están compitiendo de manera desleal" y "no existe libertad sindical plena". "Es una ley injusta a todas luces. Planteamos su eliminación", destacó.

Aunque se ofrecieron a abrir una ronda con los partidos para negociar una reforma de la ley y el reglamento de la LPI, el representante del SI aseguró que se reservan la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas porque, tras la anulación parcial del reglamento, las subvenciones de 2015 y 2016 estarían incorrectamente justificadas.