Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. (EP) UGT y CSIF han solicitado este jueves que las 1.157 plazas que se han quedado sin cubrir de la Oferta de Empleo Público (OPE) de Enfemería se sumen a las procesos pendientes ya convocadas.
Asimismo, CSIF ha exigido a Sanidad que haga públicas las pruebas y las planillas de resultados de dos exámenes más para gestantes y para una opositora con discapacidad para poder analizar "si su dificultad fue tan elevada como la del examen general".
Además, exige que la directora general de Recursos Humanos ofrezca con "carácter inmediato" explicaciones por el retraso en dar los resultados del examen de Enfermería--más de seis meses y medio--, lo que "constituye una falta de respeto a las miles de personas que han dedicado años a prepararse esta prueba y merecen esa explicación y una disculpa por la demora".
La central sindical insiste, por otro lado, en exigir las actas de las reuniones del tribunal y quiere saber, además del retraso "desproporcionado" en corregir las pruebas, con qué criterio escogieron las preguntas sin que, en numerosos casos, estén referenciadas y, sobre todo, con un "elevado nivel" de dificultad.
El sindicato considera que la prueba más evidente del "inadecuado" examen la constituye que solamente lo hayan aprobado 2.660 opositores y hayan quedado 1.157 plazas vacantes.
Por su parte, UGT ha señalado que durante el último año se han llevado a cabo multitud de exámenes para cubrir las 11.800 plazas convocadas en la OPE 2017-2018 y la de Estabilización del 2019.
La mayoría de las pruebas realizadas durante el 2022 se han ido resolviendo en un plazo medio de tres meses, pero algunas de las pruebas realizadas durante el primer trimestre del 2023, concretamente las de Enfermero, Fisioterapeuta, Técnico especialista en Radiodiagnóstico, entre otras, se han visto "bloqueadas" por la gran cantidad de alegaciones presentadas por las personas opositoras debido a la complejidad de los exámenes.
Además, algunas de las pruebas efectuadas en dichos procesos fueron de "extrema dificultad y no se ajustaban a la realidad de las profesiones", lo que dio lugar a un "gran malestar" por parte de las personas aspirantes que vieron frustradas sus sueños de estabilidad.
De hecho, advierte de que quedarán un gran número de plazas sin adjudicar por no llegar a la puntuación mínima requerida con lo que no se cumplirá con el objetivo de reducir la temporalidad y continuará "la inestabilidad y precariedad" entre el personal de la administración pública, que es "muy elevadas".
