Foto: CORTSVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes entregó este viernes a les Corts el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2017. En él, la Sindicatura destaca que "las cuentas de la Generalitat cumplen con los principios contables y la normativa legal de aplicación, con las salvedades comentadas en el Informe" y que "los auditores de la Sindicatura no han encontrado ninguna situación de la que se pudiera derivar responsabilidad contable", según ha explicado en un comunicado la institución que preside Vicent Cucarella.
Entre las mejoras que la Sindicatura cree necesarias están el aumento del rigor presupuestario tanto en los gastos como en los ingresos, y señala especialmente las subvenciones, las provisiones, la deuda del Plan de Vivienda, las liquidaciones de las concesiones sanitarias y los ingresos ficticios incluidos en los presupuestos.
El informe destaca el importante desequilibrio patrimonial de la Administración de la Generalitat a 31 de diciembre de 2017. Los fondos propios negativos con los que GVA cerró el año fueron de -29.294,8 millones de euros y la deuda financiera ha ascendido hasta los 45.604,8 millones. No obstante, el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por primera vez desde el inicio de la crisis.
El órgano fiscalizador reconoce el buen comportamiento de los ingresos y tributos cedidos, que permitieron un incremento de 1.236,3 millones en los ingresos de la Comunitat, pero destaca que el sistema de financiación autonómica continúa perjudicando a la Comunitat Valenciana de forma significativa. En este sentido, el resultado negativo del ejercicio 2017 fue de 1.368,2 millones de euros (14.535,9 millones de gastos y 13.167,7 millones de ingresos), una cifra similar a la reivindicada con una reforma equitativa del modelo de financiación autonómica.
Un año más, la Sindicatura alerta de las consecuencias negativas que el actual sistema de financiación autonómica tiene sobre la Comunitat, y considera que “existe unanimidad en considerar que la Comunitat Valenciana se ve afectada negativamente por los criterios vigentes”.
El Informe advierte que la elevada deuda pública condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de reestructuración de la deuda o de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años.
Se ha observado que las consignaciones presupuestarias son insuficientes para pagar las subvenciones que se debieron haber concedido durante el ejercicio y se constatan niveles de pago muy bajos en algunas líneas de subvenciones, según señala en Informe.
La Sindicatura recuerda que en el presupuesto solo deben incluirse las previsiones de ingresos que se espera obtener de manera razonable, a pesar de los anuncios sobre la modificación del modelo de financiación autonómica.
En el informe se identifican varias salvedades a la auditoría financiera de las cuentas de la Generalitat Valenciana, entre las que destacan las siguientes:
En los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral (departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L´Horta Manises y Elx-Crevillent), aún quedan 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o recurridas.
La Sindicatura de Comptes insiste en que sigue habiendo dificultades para estimar de forma razonable las ayudas que la administración adeuda en materia del Plan de Vivienda, del que aún no se habían aplicado 21 millones de euros a final del año pasado.
A la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, se observa un defecto de provisión para su cobertura superior a los 87 millones de euros.
En materia de contratación, la Sindicatura ha identificado algunos incumplimientos concretos. Entre ellos, la indeterminación de los precios, la falta de preponderancia real de los criterios objetivos en los procesos de contratación o la falta de documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera de los licitadores.
Igualmente, se ha identificado que diferentes instituciones no han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat determinados contratos menores ni otros pagos efectuados por el sistema de caja fija.
La institución fiscalizadora recuerda que el declive de la energía procedente de los combustibles fósiles y la lucha contra el cambio climático conducen a una menor disponibilidad de energía por habitante y, por tanto, a una enorme dificultad para mantener el crecimiento económico. Invita a la administración pública a aumentar la eficiencia y la eficacia en el gasto público, implantar análisis previos de coste-efectividad y establecer prioridades de gasto público, no sólo teniendo en cuenta su financiación actual, sino también previendo su posterior mantenimiento en situaciones adversas.
El síndic major, Vicent Cucarella, entregó este viernes a la vicepresidenta primera de Les Corts, Carmen Martínez, y a los portavoces de los grupos parlamentarios el mencionado Informe de fiscalización. A continuación, se reunió con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para hacerles partícipes de los resultados del documento.
Además de la fiscalización de la Cuenta General, el informe recopila la fiscalización de entidades específicas de la administración valenciana, cuyos informes específicos ya han sido publicados a lo largo del segundo semestre del 2018. Entre ellos, se encuentran el Instituto Valenciano de la Juventud, el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A., la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, elConsorcio "Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela" o el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC).
