Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. (EP) La Sindicatura de Comptes ha señalado que la Generalitat no cumplió el plazo que establecía en sus ayudas para afectados por los ERTE al principio de la pandemia, y ha considerado que la tramitación de este decreto "no fue rápida".
La Sindicatura de Comptes ha elaborado un informe especial de auditoría de las ayudas otorgadas por la Generalitat a personas con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid-19. Las ayudas auditadas, reguladas en el Decreto Ley 3/2020 y en el Decreto 54/2020, forman parte de las medidas urgentes adoptadas por la Generalitat para reducir los efectos negativos de la declaración del estado de alarma debido a la pandemia.
Según la sindicatura, aunque "la respuesta de apoyo para el colectivo afectado por la pandemia de la COVID-19 fue rápida al tratarse de ayudas urgentes (el decreto de las ayudas se publicó el 30 de abril de 2020), su tramitación no lo ha sido". En este sentido, apuntan que el plazo de tres meses no se ha cumplido y que al finalizar el ejercicio 2020 se habían resuelto y pagado el 98,7% de los 30 millones de euros destinados a este fin.
Por su parte, Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (CESSPCT) tramitó entre el 1 de marzo y el 1 de diciembre de 2020 un total de 70.508 ERTE de todo tipo que han afectado a 481.615 trabajadores. De estos, un total de 64.809 ERTE fueron solicitados en el periodo cubierto por el Decreto 54/2020, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, y afectaron a 398.648 trabajadores.
En cuanto a las ayudas auditadas, los beneficiarios máximos posibles son 200.000 y cada uno de ellos recibiría 150 euros con el límite global de 30 millones de euros. Tenían prioridad las personas cuyas bases de cotización fueran inferiores y hasta el 31 de enero de 2021 se concedieron las ayudas a 199.503 personas.
Debido a que la gestión de la ayuda se ha realizado fundamentalmente mediante comprobaciones y cruces de bases de datos tanto de la Generalitat como del SEPE estatal, gran parte de la fiscalización se ha efectuado mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos propias de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI). Además, hemos coordinado nuestro trabajo con la Viceintervención General de Control Financiero (VGCF) de la Intervención General de la Generalitat, con la finalidad de optimizar los recursos aplicados a la fiscalización de las ayudas y hemos compartido los resultados, recogiéndolos en sendos informes de auditoría emitidos por cada institución.
Desde Sindicatura también han señalado que la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para la concesión de las ayudas realizada por el órgano gestor "solo ha resultado factible confiando exclusivamente en la fiabilidad de la información facilitada por el SEPE".
"A pesar de las dificultades, innegables, para procesar las ayudas tal como estaban diseñadas en sus normas reguladoras, podrían haberse establecido controles adicionales para garantizar que se cumplían los requisitos previstos en la normativa".
Finalmente, la Sindicatura ha recomendado a la Generalitat "elaborar y aprobar procedimientos detallados de gestión de las subvenciones en los que se concrete la forma de comprobar y aplicar los requisitos establecidos por la normativa que regula su tramitación".
También han pedido que "toda la información recabada en los expedientes administrativos se almacene en las bases de datos estructuradas de las aplicaciones utilizadas para la gestión de esos expedientes, para que pueda ser utilizada en otros procedimientos relacionados, con las debidas medidas de protección de los datos personales".
"Recomendamos que en la tramitación de subvenciones masivas en las que se utilicen bases de datos de otros entes públicos (como el SEPE) se validen los ficheros de información utilizados, verificando su integridad y completitud de forma previa a su uso", han agregado.
