Socialistas, Verdes e Izquierda piden que se anule la investigación a Oltra en el Parlamento Europeo

BRUSELAS. Bajo la acusación partidista a la Presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat (PP), los grupos socialista, Verde e Izquierda han solicitado la anulación de la votación que dio lugar a una comisión e investigación sobre Mónica Oltra como responsable por los abusos de menores tutelados en centros de la Generalitat Valenciana. En el centro de esta queja formal está el procedimiento irregular que se propició en la sesión, celebrada hace un mes, y que provocó la salida de estos grupos antes de procederse a la votación.

Con un cambio de voto en el último minuto, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó dejar abierta la investigación de los diez casos de menores abusados bajo tutela de la Generalitat, según la denuncia presentada por la diputada del PP Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil. La Administración Pública estuvo representada por el Director General de la Portaveu del Consell, de la Vicepresidencia de la Generalitat, Juan Vicente Santos, quien aportó casi mil páginas de documentación rebatiendo las acusaciones.

Los tres grupos, que representan casi la mitad de la eurocámara, piden formalmente que se anule la votación por la que se decidió investigar a Oltra, acusando a la eurodiputada que preside el Comité de Peticiones de no actuar de acuerdo al Reglamento. En primer lugar, dicen, la diputada Dolors Montserrat incurrió en un “evidente conflicto de intereses” y debería haberse inhibido en esta Petición, ya que los peticionarios son de su mismo partido, el Partido Popular (PP).

Además, decidió añadir esta petición a la agenda del Comité, “sin tener en cuenta completamente” la respuesta de la Comisión Europea, que mantiene que el Parlamento no es el competente, sino la Justicia española, uno de cuyos casos denunciados está subjudice. La Comisión explica que “no hay ninguna conexión entre la petición presentada y procedimiento de infracción del Derecho Europeo que la Comisión abrió contra 23 Estados miembros por deficiencias en la transposición de la Directiva contra abusos sexuales a menores y pornografía infantil.

Conducta inapropiada 

Los tres grupos parlamentarios acusan Dolors Montserrat de “conducta inapropiada” durante la votación que presidió en el Comité de Peticiones, en detrimento de los derechos de los eurodiputados y de la credibilidad de la Cámara. Durante la sesión, explica el escrito, cambió el procedimiento de votación, en lugar de por grupos representados proporcionalmente en el Parlamento, decidió que se votara por miembros presentes en ese momento, mientras un importante número de eurodiputados abandonaban la sala en protesta. De haber seguido el procedimiento habitual, ambas peticiones se habrían cerrado sin investigación.

Acusan a la Presidenta del Comité

La demanda oficial de los grupos firmantes explica que la Presidenta del Comité omitió seguir el procedimiento de votación mencionando las reglas aplicables, calificando esta conducta como “muy negligente e imparcial”. También detalla las normas del procedimiento que Montserrat infringió durante el momento previo a la votación con su decisión de no delegar la votación al grupo de Coordinadores, como establece el Reglamento.

Esta decisión debería haberse votado tras ser expuesta por varios miembros, como se puede ver en el link del vídeo que se aporta en la queja. No obstante, Montserrat lo ignoró, en contra de la norma. Por ello, los grupos denunciantes piden “firmemente” que se declare nula y sin efecto la votación y se vuelva a poner en agenda la votación de las dos peticiones, insistiendo en la prevención de futuras infracciones del procedimiento y actuaciones imparciales por parte de la Presidencia del Comité.

El Parlamento Europeo investigará la petición del PP por los abusos a menores en la Comunitat Valenciana 

Con el cambio de un voto en el último minuto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado dejar abierta la investigación de los diez casos de menores abusados bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que ha denunciado la diputada del PP Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil. La Administración Pública ha estado presente y representada por el Director General de la Portaveu del Consell, de la Vicepresidencia de la Generalitat, Juan Vicente Santos, quien ha defendido las nuevas políticas sociales de protección de menores.

La abogada Ana María Gil han sido la primera en hablar sobre ”175 casos de abusos en menores tutelaros”, sin dar ningún detalle al respecto. En el mismo sentido, la diputada popular Elena Bastidas habló del informe del Síndic y la obstaculización de una investigación sobre abusos, haciendo referencia directa a la ex vicepresidenta Mónica Oltra como “responsable de la política social”. En este punto ha recordado el caso de su ex marido y el procedimiento judicial en el que están imputados 13 funcionarios y la propia ex vicepresidenta “por ocultar los hechos” por los que se ha condenado al ex marido. “La presión social y judicial forzó la dimisión de la vicepresidenta”, ha manifestado.

A continuación llegó el turno del DG portavoz de Vicepresidencia, Juan Vicente Santos, como representante de la Generalitat, quien afirmó que “la petición sólo establece falsedades, con daño para los niños tuteados y para sacar rédito electoral”. Y añadió que la Generalitat trabaja para aplicar la Directiva de 2011, “cuya dejadez del Gobierno de las peticionarias cuando gobernaban -PP-, ha devenido en un procedimiento de infracción contra España”. Se refiere Santos a tres casos de menores abusados en centro de menores, los únicos de la denuncia excepto el que afecta a Mónica Oltra, que se produjeron antes de 2015, cuando gobernaba el Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

La Comisión Europea dice que no es competente

Coincidiendo con el informe de la Comisión, que ha reiterado su informe, dice que “no se cumple la norma europea para aceptar la petición” y la Comisión ya ha dicho que “es el sistema judicial español el competente”. Por ello, pidió el “cierre de este expediente para no contradecirse con procedimientos judiciales en España”. Santos reitera lo aprobado en una prolija documentación y recuerda que “todos los casos denunciados ante la Comisión  se produjeron fuera, excepto el que se refiere al ex marido de la Vicepresidenta, cuya sentencia no es firme”. También afirma que “son falsas las acusaciones contra los funcionarios de la Conselleria”, cuyo caso está subjudice.

Varios eurodiputados pidieron la palabra en un debate muy enconado en dos posiciones clemente encontradas, donde se puso de manifiesto que la víctima “ya ha sido amparada con una sentencia a su favor”, y que “las acusaciones contra la Conselleria no están probadas y están en el marco de un proceso judicial”, por lo que este proceso es “totalmente redundante”. Por su parte, Jordi Cañas, de Renew-Ciudadanos, pidió “que se abra al debate político cuando las Administraciones están detrás de los delitos y cuando ha habido menores abusadas”.

Diana Riba, de ERC, defendió que “esta Comisión no puede pronunciarse sobre el fondo, que está subjudice”. Pero sí denuncia la “instrumentalización de este comité, donde se viene a decir lo que es evidente, que se ha puesto al servicio de la derecha y la extrema derecha, para convertirlo en un lodazal”. Riba recordó, por último, que la Comisión Europea ha dicho su palabra dejándolo en manos de las autoridades competentes españolas, y otra decisión “erosiona la credibilidad de este comité”.

VOX apoya al PP

Por su parte, Jorge Buixadé, de VOX, pidió que “se abra una comisión de información y se les obligue a abrir una comisión de investigación en Valencia”, alarmando sobre el “silencio y complicidad de la Administración. Se trata de hacer cumplir la ley y depurar las responsabilidades”. Mientras que la valenciana Sira Rego, de Esquerra Unida, alertó sobre  que “esta Comisión no es un tribunal”, recordando que “este asunto ya está siendo investigado por la institución competente y debemos ser respetuosos con el proceso judicial que se está llevando a cabo allí”.

Para Javier Zarzalejos, del PP, “cualquier investigación parlamentaria sería adecuada. Sin perjuicio de la investigación judicial”. Mientras que el socialista Ibán García del Blanco, fue contundente al recordar que también en la Comunidad de Madrid hay casos de menores tutelaras abusadas, “donde gobierna el PP” Pero, parece que no importan, que importa quién manda en cada lugar”. Otra eurodiputada pidió cerrar la investigación porque ya se está investigando por las autoridades competentes y porque “tenemos cientos de comisiones abiertas a las que no pretendemos volver”, alertando de la perversión del sistema. Ernest Urtasun de Els Verds, también advirtió de que “esta petición está muy politizada. Siento que el tema de fondo es importante pero no creo que sea la intención de esta petición”.

Los socialistas piden que se cierre 

Ha sido la eurodiputada valenciana del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien ha emitido un discurso más claro en defensa del representante de la Generalitat, “que ha tenido que venir a defender su posición en una comisión que nunca debería haberse celebrado y que está siendo utilizada políticamente por la derecha de forma interesada". La valenciana alude al informe de la Comisión Europea, en el que quedó claro que la competencia es de los Estados miembros. Me pregunto si los eurodiputados presentes se han leído toda la documentación que se ha presentado y que desmonta todas las falsedades que aquí se han vertido hoy”. Y añade que, como saben las peticionarias, a través de la Generalitat se ha ofrecido toda la documentación y la justicia ha actuado. En estos momentos hay un procedimiento judicial en curso para un único caso”.

Por último, Rodríguez-Piñero explica que la Comisión de peticiones es “para que los ciudadanos tengo un canal de acceso y amparo en las competencias europeas. El PP ya ha presentado su petición en las Corts valencianas, como diputados. Pero esta comisión esta para los ciudadano que no tienen otros canales. ¿Acaso la diputada Elena Bastidas no tiene lugar para pedir amparo en las Corts y en el Parlamento? Incluso su partido ha anunciado que va a personarse en el procedimiento judicial contra los funcionarios de la Conselleria. Pido que esta comisión se utilice con profesionalidad y se cierre”.

La peticionaria habla de 175 menores abusados bajo tutela

La respuesta de la abogada ha sido inmediata: “Yo no soy cargo público ni político”. Y ha insistido en que “en ningún caso se pide un juicio paralelo, sino unas medidas concretas para proteger a los menores tutelados”. Para Bastidas, que también tenia derecho a réplica, al contrario que la Generalitat, “hay falta de voluntad política por parte de las autoridades de la Comunitat para esclarecer los casos de los 175 menores abusados y el caso de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta”.

Ante un debate que quedó en tablas, el eurodiputado Urtasun pidió al presidente del Comité, Dolors Montserrat, del PP, que l votación pasara a la reunión de coordinadores, “para que decida de forma sosegada”. Pero el coordinador dijo que es la reunión del comité quien lo tiene que decidir. Por nueve votos a favor y ante el abandono de la sala por los diputados contrarios a la petición para evitar el quórum, el Comité dejó abierta la petición tras el cambio de voto de un eurodiputada de Renew.

Ahora el Comité debe proceder a investigar la petición de la diputada del PP, Elena Bastidas, “para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto”.

En su petición, expone una serie de casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en centros públicos dependientes de la Generalitat y señala como elemento común la laxitud de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión, así como su falta de diligencia en lo relativo a la investigación y control de tales hechos una vez presentadas las denuncias. solicita que la Comisión de Peticiones recabe datos y testimonios que sirvan para adoptar unas conclusiones que obliguen a las autoridades nacionales a proteger a los menores que son víctimas de abuso.

La Generalitat se defiende

Por su parte, la Generalitat desmonta esos casos con un expediente que consta en un   informe explicativo de 289 páginas, documentación complementaria con 383 documentos  y 3.493 páginas de anexos que una eurodiputada ha asegurado que no se habrían leído los presentes en la sala. “No existe ningún peligro añadido a las personas menores de edad tuteladas por la administración autonómica distinto al que puedan tener en cualquier otro espacio (sea familiar, social o institucional)”, explica la Generalitat. Y, añade, “negamos rotundamente que exista laxitud, así como tampoco hay dejadez en las instituciones españolas, ni en el Gobierno de la nación, ni tampoco en el Gobierno regional en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones de control y supervisión respecto a la investigación de denuncias por supuestos abusos sexuales a personas menores de edad en la Comunitat Valenciana”. Señalando, además, que “la peticionaria y el PP tratan de dar amparo a una injustificada campaña de desprestigio personal y político que no duda en utilizar de manera espuria las instituciones públicas y que va a rebufo de la extrema derecha”.

En este sentido, explica que la petición sólo aporta “mensajes claramente tergiversados , con sólo diez casos. Ocho de ellos, sobre casos de menores abusadas en un establecimiento  de la Conselleria, ninguno cumple la condición de ser una menor tutelada abusada entre 2015 y 2022. En tres casos, la Administración bajo gobierno del PP no actuó correctamente. En tres casos no eran menores tuteladas. En dos caso, los menores fueron los agresores. Todos los casos se produjeron fuera de las instalaciones de la Conselleria”.

Por último, “de los dos casos restantes, referidos al ex marido de la ex Vicepresidenta Mónica Oltra, uno tiene sentencia, no firme, recurrida por infracción procedimental grave, con ausencia de testigos clave que negaron los abusos. Respecto al otro caso sobre deficiencia en el procedimiento, son falsas las curaciones contra funcionarios y altos cargos de la Administración y que está subjudice”. Y, “de los 175 casos de menores tuteados abusados, no hay ninguno cierto. El PP ha difundido falsedades y utiliza un informe del Síndic de Greuges que dice lo contrario”.