VALÈNCIA. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reclamado este miércoles que la "compensación" de la deuda histórica que arrastra la Comunitat Valenciana por la infrafinanciación que ha "sufrido durante años" forme parte del debate para la futura reforma del modelo de financiación autonómica.
Soler ha lanzado esta petición en un comunicado con el que responde al estudio de la fundación Fedea que señala a la Comunitat Valenciana y Murcia como las regiones con mayor déficit estructural. En ese comunicado, el conseller valenciano defiende que el nuevo modelo de financiación debe ser "sencillo, transparente y predecible", lo que permitirá la planificación a medio y largo plazo y coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las comunidades autónomas.
Además, tras mostrar su satisfacción por la investidura de Pedro Sánchez, ha asegurado que los expertos de la Generalitat "trabajan ya en la preparación del proceso negociador para la reforma del sistema de financiación autonómico, que el presidente del Gobierno se ha comprometido a iniciar de inmediato".
Este proceso, a su juicio, "no debe abordarse como un debate entre territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar, ya que de lo que se trata, es de que los ciudadanos cuenten con los mismos recursos y oportunidades con independencia del territorio donde vivan".
Otro de los aspectos esenciales a la hora de abordar la reforma del sistema hace referencia, según Soler, al actual desequilibrio vertical en el reparto de recursos, por lo que es necesario reordenar esos recursos en favor de las comunidades autónomas para salvar el Estado del Bienestar, con un reequilibrio vertical de los recursos fiscales.
Para el conseller de Hacienda, una premisa básica a la hora de plantear la reforma del modelo es que el dinero "no es del Gobierno, sino del contribuyente, que paga sus impuestos para tener unos servicios públicos adecuados y como esos servicios están en gran parte en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, se hace necesario un cambio del marco legal vigente".
Soler ve además necesaria la aplicación "efectiva" del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas para que las nuevas necesidades de gasto vayan acompañadas de los recursos correspondientes. En este mismo sentido, ha de acometerse, un proceso de armonización fiscal como "condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa".
Sobre el informe de Fedea, que señala que en 2018 todavía quedaba pendiente un importante ajuste estructural en la Comunitat del 1,5% del PIB, Soler lamenta que el trabajo no haga mención alguna a que precisamente la Comunitat y Murcia "son las más infrafinanciadas en el vigente sistema de financiación".
En concreto, alude a que sin infrafinanciación, el déficit estructural de la Comunitat Valenciana en 2018 descendería hasta el 0,3% del PIB, situándose al nivel medio del conjunto de comunidades autónomas.
El informe de Fedea también destaca que desde 2014 el déficit estructural de la Comunitat Valenciana ha aumentado en 0,4 puntos porcentuales de PIB. Este incremento del déficit estructural es, según el conseller de Hacienda, "consecuencia del objetivo del Consell de converger hacia el gasto por habitante del conjunto de CCAA de Régimen Común".
En 2014 el gasto público por habitante valenciano era un 6% inferior a la media de las CCAA de Régimen Común. Según el conseller, la "mayor intensidad" en el gasto social, en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales en la Comunitat ha provocado que en 2018 el gasto per cápita ya solo sea un 1,5% inferior.
Con todo, Soler recuerda que, en un reciente informe, la propia Fedea certiticó que los gastos siguen aumentando en la Comunitat por debajo de la media de las comunidades autónomas (un 3,7% frente al 3,8%), mientras que los ingresos han crecido en la Comunitat menos de la mitad que en la media de las comunidades autónomas: un 1,2% en el caso valenciano, frente al 2,8% de la media autonómica.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral