Soler provisiona 128 millones por los fallidos de la SGR pero investiga cómo librarse de ellos

VALENCIA. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, presumió recientemente del "inédito" ejercicio de transparencia realizado para aflorar 3.000 millones de ajustes no reconocidos en las cuentas de la Generalitat, una rigurosa limpieza contable de la etapa del PP en el gobierno que ha disparado las pérdidas económico patrimoniales de 2015 por encima de los 4.500 millones y reducido los fondos propios negativos a más de 25.400 millones de euros.

Hacienda ha tirado por elevación para el saneamiento. Como suele suceder cuando se producen cambios de gestores, ya sea en la administración o en el ámbito privado, los contables hacen tabla rasa para cargar a los responsables anteriores las pérdidas actuales y futuras que puedan derivarse de su etapa para evitar sorpresas desagradables en el futuro.

Es lo que ha sucedido con las provisiones que ha dotado la Conselleria de Hacienda para reconocer los "agujeros" de los años anteriores, pasivos y compromisos no reconocidos por el anterior Consell que se reflejan en unas pérdidas económico patrimoniales por encima de los 3.084 millones de euros.

En ese saneamiento destaca la provisión por insolvencias de la deuda a largo y a corto plazo que las empresas públicas arrastran con la Generalitat de 339 y 1.132 millones de euros respectivamente que la Intervención de la Generalitat recomienda provisionar porque se considera incobrable. A ello se suma el ajuste en el valor contable por el que la Generalitat tenía anotada su participación en las empresas públicas, inflado en 471 millones a juicio de los actuales gestores.

Pero el criterio ha sido igualmente riguroso para los riesgos futuros. En este apartado se incluye el aumento en un 95% de la partida de pérdidas y gastos extraordinarios por las dotaciones de provisiones de las obligaciones con la SGR, la multa de 19 millones de la UE por la manipulación del déficit o los avales a Feria Alicante (IFA).

La provisión para cubrir las pérdidas que pueda generar la sociedad avalista, con la que Generalitat arrastra un riesgo de 400 millones de euros, supera los 128 millones. La obligación surge del contrato de reafianzamiento (avales de avales) en el que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se comprometía a asumir un porcentaje de las operaciones firmadas entre el año 2000 y 2013 que resultasen fallidas.

Por el momento, si se atiende a lo previsto en ese contrato de reaval, la factura de la que tendrá que hacerse cargo la Generalitat ronda los 120 millones de euros, pero puede engordar hasta 160 millones porque hay operaciones cubiertas que aún están vivas.

El IVF ya pagó el pasado agosto 20 millones de euros tras consultar a la Intervención de la Generalitat si procedía hacerse cargo al no estar definido si el compromiso debía considerarse aval o subvención. El segundo pago, por una cantidad similar, lo tiene que afrontar este verano.

Sigue el criterio de la Intervención

La provisión de 128 millones de euros que la Conselleria de Hacienda ha constituido ahora con cargo a las cuentas de 2015 está destinada a cubrir los pagos que tendrá que ir realizando en los próximos años por ese contrato. Según especifican fuentes del departamento que dirige Vicent Soler, la decisión se toma por razones de prudencia y siguiendo las directrices de la Intervención de la Generalitat.

Lo llamativo es que, en paralelo, la Conselleria de Hacienda aún intenta librarse de esa losa. Tal y como anunció el director de IVF en Les Corts el pasado mes de septiembre, la Intervención está verificando los avales cubiertos por el contrato de reaseguramiento para comprobar si se concedieron con criterios de "razonabilidad económica".

Esa suerte de "análisis forense" del IVF, que incluye la revisión de las condiciones de 24.000 avales otorgados por la SGR, aún no estaría concluido, según explicaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Hacienda.

El objetivo sería liberarse de aquellos que no se ajustasen estrictamente a lo previsto en el contrato. Entre otros requisitos, la SGR estaba obligada a tener presupuesto suficiente para esos avales.

El porcentaje de operaciones fallidas aumenta con el volumen de financiación, lo que avalaría la tesis de que los anteriores gestores de la SGR podrían haber incurrido en riesgos excesivos en operaciones que, por su elevado volumen, no formarían parte de las operaciones habituales de la sociedad. El porcentaje de fracaso en las operaciones de menos de 650.000 euros apenas alcanza el 10%, mientras que se dispara en las que superan ese importe.

Si la intervención determinase que el IVF no tiene que hacerse cargo de algunos de esos avales, la Generalitat podría recuperar el importe equivalente de la provisión y anotarlo como ingreso en sus cuentas.