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tribuna libre / OPINIÓN

Sostenibilidad vs radicalismo político

15/10/2021 - 

¿Cuál es el significado de sostenibilidad? En grandes líneas, se trata de un conjunto de acciones dirigidas a que, en el presente, las personas podamos vivir satisfaciendo nuestras necesidades actuales, sin que por ello puedan verse comprometidas las necesidades de las generaciones venideras. Este conjunto de acciones ha de tener tres grandes ejes indivisibles, que han de funcionar de manera articulada y proporcional: la protección medioambiental, el sostenimiento económico y el desarrollo social.

En los tiempos actuales, a escala planetaria, gobiernos, instituciones, organismos, empresas y consumidores tienen la obligación ética y vital de redirigir sus actuaciones, para que se dé un replanteamiento del modelo productivo, en el que se tenga en cuenta que los recursos son finitos y agotables, cambiar los hábitos de consumo e incrementar los factores de inclusión social. Además, no hay que olvidar que el demostrable cambio climático está urgiendo a que esta transformación del modelo global se aborde aún más velozmente, en relación a lo que sucedería en otras circunstancias menos dramáticas.

A escala de las ciudades, donde hoy en día vive el 55% de la población mundial, con perspectiva de que en el año 2050 esta cifra se eleve hasta casi el 70%, este cambio de modelo ya se está viendo reflejado en aspectos clave del día a día urbano, como son la movilidad, el urbanismo y la vivienda, las zonas verdes y la jardinería, la limpieza y la recogida de residuos, el tejido comercial, la actividad de los autónomos, los mercados, el turismo, la eficiencia energética, el ciclo del agua, la protección social, e incluso las operaciones cotidianas en los cementerios.

La sostenibilidad y sus tres grandes ejes indivisibles están prácticamente presentes o deberían estar ya prácticamente presentes en todas las actividades de las ciudades. A nivel institucional en cada urbe, este cambio de modelo debe ser pilotado desde los diversos ámbitos de gobierno, así como desde sus correspondientes servicios municipales. En este contexto, la ciudad de València, sus pueblos y áreas periféricas están siendo objeto de un modelo de gobierno cotidianamente apellidado como 'sostenible'. Es justo decir que en una parte importante de las actuaciones municipales, la sostenibilidad practicada está teniendo en cuenta, de facto, estos tres grandes ejes. Sin embargo, en algunas actuaciones urbanísticas, pero, sobre todo en materia de movilidad, el modelo de sostenibilidad que nos quieren continuamente imponer desde el Ayuntamiento de València, tanto Compromís, como el PSPV, se parece más a un modelo político radical de invención propia, que a un modelo europeo técnicamente estandarizado y validado.

El modelo ‘a la valenciana’ de movilidad sostenible, que ha impuesto el gobierno del Rialto en València, no tiene en cuenta para nada el eje clave del desarrollo económico en la pretendida sostenibilidad anunciada y también es muy cuestionable a nivel medioambiental, tal y como después evidenciaremos. Como ejemplo de lo expuesto en materia de falta de sostenibilidad económica, pueden preguntarles a los propietarios de los negocios del centro de València, que se están viendo abocados al cierre de sus locales por la clara rotura de la conectividad con sus clientes. Esta rotura de la cadena comercial no sólo se ha producido por una descoordinación continua de actuaciones y obras en el centro de la ciudad, sino también, por la falta de una estrategia integral metropolitana, en sus múltiples frentes y facetas.

En relación a lo descrito, el gobierno del Rialto ha convertido a València en un Reino de Taifas de la movilidad, excesivamente aislado de su entorno, habiendo renegado de una estrategia metropolitana de transporte púbico, en la cual, nuestra ciudad sea un elemento troncal, pero no el único. Tampoco se ha tenido en mente, hasta la fecha, la presentación de una oferta pública alternativa potente, en forma de carta unificada de servicios públicos intermodales metropolitanos, que puedan ayudar a convencer (que no a imponer) a las personas de València y del área metropolitana, sobre las ventajas de que dejen su coche en casa y tomen, e intercambien, alternativas de transporte público en sus poblaciones de origen, en los aledaños de la ciudad o en sus propios barrios, en el caso de aquellos que vivan en la propia urbe.


Todos nosotros somos multimodales durante las 24 horas del día. En ese corto periodo de tiempo, podemos optar por varios modos de transporte, en función de nuestro trabajo, vida y circunstancias, incluyendo caminar. Sin embargo, nos falta esa buena carta multimodal de servicios públicos. También, nos falta una tarifa única, simple y transparente, así como un modo de pago sencillo, moderno y unificado. Piensen ustedes que con esa acertada estrategia metropolitana, esos servicios bien definidos, fácilmente conectables entre sí, con buenos precios, aceptables frecuencias y ágiles tiempos de desplazamiento, podríamos tener un aliciente lo suficientemente convincente como para poder optar por probar, de modo libre e incentivado, algunas de las alternativas en un mismo día. Imaginen disponer con un solo click y un solo pago, con mínimas esperas, de múltiples servicios de tren, metro, tranvía, autobús, carsharing, motosharing, alquiler de bicicletas o de patinetes eléctricos, con suma facilidad de encontrarlos y buena coordinación. En este ecosistema intermodal, público e interconectado, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo económico y social estarían garantizados, suponiendo todo ello una auténtica sostenibilidad.

Este paradigma de alternativas públicas e interconectividad descrito, no fue seguido por el gobierno de Compromís y PSPV de la ciudad de València. Al contrario, equivocaron el modelo cuando lo impusieron, en vez de proponerlo. Esta manera de pensar queda resumida en una histórica y célebre frase de Henry Ford: “Un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro”. El alcalde de València y sus 16 concejales de gobierno han llevado a cabo una inapropiada e innecesaria guerra contra el vehículo privado y sus usuarios, en vez de hacerlo progresivamente contra el CO2, auténtico protagonista mundial del proceso global de lucha contra la contaminación y contra el cambio climático, mediante la descarbonización. En este contexto, los gobernantes valencianos deberían haber incentivado positivamente el cambio a una movilidad más limpia, en la que el coche eléctrico también es y será uno de los agentes clave, junto con las demás alternativas. Sin embargo, el ayuntamiento de València renegó erróneamente de las presentes y futuras ventajas de los vehículos eléctricos privados, cuando por ser eléctricos no eran el enemigo, sino un aliado más.

En València hay una realidad: el parque privado de vehículos se ha incrementado en más de 10.000 unidades de 2015 a 2021, en la etapa de Joan Ribó como alcalde. En el futuro, quien necesite un vehículo propio, lo adquirirá sin dudarlo, si bien, lo hará con una motorización híbrida o eléctrica. En este mismo periodo descrito de seis años, el gobierno municipal ha eliminado más de 10.000 plazas de aparcamiento público de superficie, y no ha construido ningún aparcamiento de interconexión modal en los barrios de la periferia de València, perjudicando a los que más decían proteger, a la clase trabajadora, que no suele tener aparcamiento propio de pago. También, ha perjudicado al comercio minorista y de proximidad, debido a que las personas del área metropolitana tienen, hoy por hoy, carencia de alternativas, así como una incremental dificultad de acercarse al centro de la ciudad y muchos de sus barrios en coche por los atascos y la disminución de aparcamiento. La gran cantidad de centros comerciales fuera de la ciudad tampoco ayuda, obviamente, al comercio urbano.

El gobierno municipal del Rialto también se equivocó con el modelo de movilidad ‘sostenible’, al generar una competición entre los diferentes modos de transporte en el seno de la ciudad, en vez de promover su múltiple oferta, su cooperación y coordinación, habiendo dejado en esa lucha en una posición muy débil al peatón, especialmente a los niños, a las personas mayores y a las que presentan movilidad reducida. En este proceso de equivocación contumaz, los gobernantes sólo vislumbraron en el horizonte la jerarquía de la bicicleta sobre otros modos de transporte, cuando por ejemplo, la movilidad eléctrica, en forma de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP), era una tipología que venía pisando más fuerte que la bicicleta. Les aporto un dato que demuestra la falta de visión del gobierno municipal: a día de hoy, por los carriles bici de nuestra ciudad, ya circulan más patinetes eléctricos que bicicletas.

El equipo de gobierno nos dice que “ya respiramos un mejor aire” y eso no es cierto. De hecho, han atascado demostrablemente el área urbana y sus accesos al confundir la fluidez del tráfico con la velocidad. Por este motivo, València ahora ya es la cuarta ciudad de España en la que más han crecido los atascos. Así mismo, València se encuentra entre las 200 ciudades más congestionadas de Europa y entre las 300 del mundo, según el Traffic Index 2020 de Tom Tom. Esto hace que respiremos un peor aire y nos veamos sometidos a un incremento de la contaminación acústica. En este contexto, no es movilidad sostenible, sino radicalismo político, inventarse también mil restricciones más para ralentizar al máximo cada año el tráfico en un eje clave como la CV-500, fundamental para conectar la ciudad con las playas del sur, las poblaciones del Saler y las de la Albufera, destino veraniego de más de 70.000 valencianos y vital en la actividad económica de más de 25.000 personas.

El gran problema cuando un gobernante confunde la sostenibilidad con el radicalismo político, es que ese gestor público pierde el horizonte del bien común y entra en una espiral de auto-convencimiento propio, casi quijotesco, de consecuencias funestas para el futuro de la ciudad y de sus habitantes. Con la pandemia de la COVID-19, se ha dado una incremental tendencia de buscar hogares más espaciosos fuera de las ciudades, en muchos casos, previa o posterior venta del piso que se tenía en la urbe. Con el planteamiento de una sostenibilidad urbana equivocada que les he descrito en este artículo, este fenómeno migratorio podría acrecentarse. De hecho, quien trabaja fuera de la ciudad, pero vive en València, a causa de esta guerra contra el vehículo privado y la disminución de aparcamiento, puede acabar buscando su casa fuera. Así mismo, quien vive fuera, pero trabaja en la ciudad, a causa del estrangulamiento diario del tráfico y la falta de visión global metropolitana, puede acabar por buscar el trabajo fuera de la urbe.

La movilidad políticamente radical, disfrazada de ‘sostenible’ que nos han impuesto Compromís y PSPV incide, como hemos descrito, en la manera de vivir y trabajar, así como en los hábitos de consumo, favoreciendo que las personas que trabajan fuera, viven fuera y compran/consumen fuera, puedan acabar no necesitando visitar la ciudad, salvo muy esporádicamente y, si cuando puntualmente vienen, todo son restricciones y se encuentran con negocios cerrados, acaban por decidir no venir nunca.

Los valencianos no deseamos sufrir a medio y largo plazo un fenómeno de despoblación progresiva en nuestra ciudad a causa de tener unos gestores políticamente radicales, en vez de ser unos gestores realmente sostenibles. Además, estos gestores están perjudicando demostrablemente el desarrollo económico y ni siquiera consiguen que se contamine menos. Todo esto es algo que los valencianos no tenemos por qué terminar pagando, por nuestro propio bien y el de nuestras futuras generaciones.

Narciso Estellés Escorihuela, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València 

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