MADRID (EP). La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido mantener el rating de España en A/A-1, con perspectiva estable, a pesar de la incertidumbre política, según ha informado a través de un comunicado. "A pesar de la incertidumbre política, la competitiva economía española, impulsada por los servicios, debería registrar tasas de crecimiento superiores a la media de la zona euro en 2023 y 2024", señala la agenda.
La confirmación del rating de España refleja, según S&P, la resistencia de la economía española frente a una serie de perturbaciones. Según la agencia de calificación, la fuerte recaudación de impuestos y los buenos resultados del mercado laboral, en un contexto de desapalancamiento externo del sector privado, respaldan la solvencia de España.
Así, S&P prevé que la economía española se expandirá más rápidamente que la media de la zona del euro, dada la resistencia del mercado laboral, y a pesar de las previsiones de precios del petróleo y del gas algo más altos durante el resto de 2023 y en 2024.
Todo ello pese al incierto escenario político tras las elecciones del pasado 23 de julio. En este sentido, la agencia ha señalado que cualquier acuerdo de coalición para formar un gobierno en minoría implicaría probablemente "complejas concesiones políticas que podrían hacer al próximo gobierno vulnerable a las demandas de unos pocos grupos parlamentarios más pequeños". Si fracasaran las negociaciones, España repetiría las elecciones nacionales a principios del próximo año.
"Hasta ahora, la parálisis política ha tenido efectos mínimos en la economía española", ha asegurado la agencia de calificación. Para 2023, S&P estima un crecimiento de la economía española del 1,6%, mientras que para el próximo año ha proyectado una ligera desaceleración, antes de un crecimiento del 2,3% en 2025, apoyado por una mayor ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.
Al mismo tiempo, se prevé que la deuda bruta de las Administraciones Públicas españolas se sitúe en 2023 en torno al 108% del PIB, 12 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y que gran parte de ella esté en manos de no residentes. "El ritmo futuro de reducción de la deuda depende de un mayor saneamiento presupuestario, de las perspectivas de crecimiento económico de España y de la ausencia de nuevas perturbaciones", se advierte en la nota.
Aun así, se prevé un saneamiento presupuestario gradual entre 2023 y 2026, aunque la agencia ha advertido de que la indexación del gasto en pensiones a la inflación seguirá lastrando los resultados presupuestarios, impidiendo la reducción de la deuda de las Administraciones Públicas. La perspectiva estable refleja riesgos equilibrados para la solvencia de España, dada la elevada deuda pública, el debilitamiento de la demanda en los principales socios comerciales europeos y la incertidumbre política.
El riesgo clave es que los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña obstruyan la elaboración de políticas, según explica el analista
