Supermercados

El encarecimiento de los precios de los alimentos es a día de hoy una de las mayores preocupaciones para millones de familias en nuestro país. El año 2022 finalizó en España con una tasa de inflación interanual del 5,7%, un buen dato que contrasta con la subida de los precios de los alimentos, por encima del 15%.

Sin embargo, este no es el único problema que atraviesa el sector de la alimentación en España. Tanto el pequeño comercio minorista como el sector primario atraviesan una crisis estructural cuya duración no se cuenta por años sino por lustros y décadas. El incremento de costes que han padecido ambos sectores con especial agudeza en los últimos dos años, no está haciendo sino acelerar ese proceso de debilitamiento y agonía. En estos tres fenómenos que se vienen desarrollando en paralelo hay un factor común que es la enorme concentración que se está produciendo en el sector de la alimentación en torno a las grandes cadenas de supermercados.

Empresas enormes que se han convertido en clientes únicos de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas a las que pueden imponerles condiciones muy duras y precios por debajo de sus costes; empresas que tienen la capacidad financiera suficiente para librar guerras de precios y expulsar de la competencia al pequeño comercio; empresas que, una vez han ganado una cuota de mercado lo suficientemente grande, tienen capacidad para alterar los precios en el mercado. Hoy en día, las tres mayores cadenas de supermercados en España controlan más del 41% del mercado y una única empresa, Mercadona, controla el 25,8%.

Pero el poder creciente que estas empresas están logrando concentrar no se ciñe a la competencia en el mercado. El poder del dinero llega mucho más allá y sirve también para influir, por un lado, en eso que habitualmente se denomina “la opinión pública” y, por otra parte, como no, en el poder político. Un pequeño comerciante o un pequeño agricultor no tienen ni los medios, ni el dinero, ni la notoriedad como para influir en un medio de comunicación o en un partido político. Las grandes cadenas de supermercados sí que se lo pueden permitir, y lo hacen. Cualquier intento de regulación en el ámbito de alimentación que se pretenda llevar a cabo en este país va a conllevar que estas empresas intervengan y que lo hagan, como no puede ser de otra manera, en defensa de sus intereses. Esto no es hablar por hablar, esto ya ha ocurrido. Ocurrió con la Ley de la cadena alimentaria a nivel estatal y ocurrió con el Plan de acción territorial del comercio en la Comunitat Valenciana.

Por supuesto es legítimo y, en última instancia, inevitable, que las grandes empresas protejan sus beneficios. El problema es que se trate de silenciar esto, el problema es que se convierta en tabú expresar una opinión, también legítima, sobre el papel de estas grandes empresas y quienes las dirigen. Si quieren saber mi propia opinión, la polémica sobre las palabras de la ministra Ione Belarra solo tiene un propósito y es tratar de soslayar el debate de fondo, que es el de las medidas que el Estado debería tomar para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, para dar oxígeno al pequeño comercio o para ayudar a las millones de familias que no pueden llenar la nevera. Como ese debate no se quiere tener, como ese debate supone abrir melones que no se quieren abrir y afectar a intereses que se quieren resguardar, el debate se traslada a un terreno mucho más cómodo, infértil e insustancial, el de los modos y maneras.

Lo que pasa es que cuando la polémica caduque y se cierre, de un modo u otro, el problema seguirá encima de la mesa. Nuestro pequeño comercio seguirá requiriendo ayudas directas y límites a la expansión de los supermercados, nuestros agricultores y ganaderos seguirán necesitando precios justos para que sus explotaciones sean viables y las familias seguirán teniendo que hacer la compra a precios cada vez más caros. Por lo demás, hay una lección que deberíamos tener ya aprendida, y que vale tanto para el terreno de la economía como el de la política (que es a menudo un terreno común): la concentración de demasiado poder y riqueza, si no se limita y se somete a una fiscalización constante, es por sí misma peligrosa, y eso es precisamente lo que está ocurriendo.