El Supremo reitera la anulación parcial del decreto sobre los conciertos educativos en la Comunitat

VALÈNCIA (EP). El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación parcial del decreto del Gobierno valenciano por el que se aprobó el Reglamento de Conciertos Educativos en la Comunitat Valenciana tras decisiones emitidas en el mismo sentido recientemente, según recoge en una providencia dada a conocer por el PP.

En esta ocasión, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que estimó en parte el recurso presentado contra dicho decreto por tres representantes del PPCV.

El Alto Tribunal adopta esta medida tras no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, de fecha 25 de mayo de 2018, que estimaban parcialmente el recurso planteado por los 'populares' Rubén Ibáñez, Luis Santamaría y Juan de Dios Navarro contra el decreto autonómico de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana y anulaba algunos preceptos del documento.

Así, el TS alude a las resoluciones que ha emitido sobre este mismo tema y en el mismo sentido que este último y señala que "las cuestiones jurídicas objeto de controversia han sido ya resueltas por la sección cuarta de esta sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de octubre de 2020" y de 21 de octubre de 2020" a partir de otros recursos de casación y "en sentido contrario a la tesis que sostiene la parte recurrente".

En esta línea, apunta que se ha fijado "como doctrina de interés casacional, en primer término, que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares
firmados por las comunidades autónomas en los niveles educativos no
obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985".

Asimismo, apunta, "en segundo término, que el régimen del silencio a observar en los procedimientos de renovación de los conciertos ha de ser el previsto por la ley".

"Ilegal y contraria"

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que se ha referido a la resolución del Supremo en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para hablar de temas de actualidad, ha indicado que este muestra que "el gobierno de Puig, limitó y coartó la libertad de los padres al elegir la educación de sus hijos". 

Bonig ha añadido que también señala que su "política educativa en materia lingüística y de conciertos, ilegal y contraria a la normativa estatal". "Puig no respeta ni la ley ni la Constitución. Eso dice la sentencia del alto tribunal, que ratifica la que ganamos en el TSJCV".

"Ahora entendemos las ansias de Puig, el PSPV, Compromís, el gobierno socialista y comunista, de controlar también el poder judicial", ha declarado, a la vez que ha valorado "la labor y la independencia de la justicia sin fisuras".

La responsable 'popular' ha agregado que el jefe del Consell se ha situado "a la cabeza del laboratorio de la izquierda" en cuanto a lo que pretende la Ley Celaá".

"Tratan, a través de la ley, de vulnerar lo que los ciudadanos han ganado en los tribunales", ha apuntado. Igualmente, ha expuesto que "la Ley Celaá se salta todas esas sentencias igual que ha hecho Puig en la Comunitat Valenciana con el plurilingüismo" y con los fallos que "declaraban contrario a derecho su sistema educativo".

Responsabilidad patrimonial 

Isabel Bonig ha aseverado que "ahora hay una responsabilidad patrimonial". "Se habla de 20 millones de euros para indemnizar los conciertos que quitó por sectarismo", ha apuntado, tras lo que ha preguntado "quién va a pagarlos" y ha planteado si "lo va a pagar Puig de su bolsillo por el perjuicio que ha causado a los colegios y a los padres por su sectarismo".

La también portavoz del PP en las Corts Valencianes ha asegurado que estos son "20 millones que no van a ir a sanidad, a dependencia o a proteger al personal sanitario". "Seguiremos el tema. Queremos saber quién lo va a pagar", ha insistido.

Tras ello, Bonig ha subrayado que el PP "ha defendido la libertad de los padres" y ha valorado que haya "acudido a los tribunales" para ello. "Ese es el dinero mejor invertido, el de la defensa de la libertad educativa", ha apostillado.