El ministro de Sanidad, Salvador Illa, con la consellera Ana Barceló. Foto: GVADestacaba en el billete de la semana pasada que es bueno que los responsables de la sanidad en España estén transmitiendo confianza, si no entramos en detalles como el inoportuno manual de la ministra de Trabajo o el arbitrario cierre de algunos estadios que comentaré luego. Algunos lectores me lo recriminaron y otros señalaron supuestos errores de gestión de la crisis que circulan por Whatsapp que no perdí el tiempo en comprobar.
No obstante, hay un aspecto que es difícil pasar por alto, y es la aparente tibieza en las medidas para evitar el contagio que se están adoptando en España comparadas con las de otros países. La importancia de las medidas va aumentando muy lentamente a medida que se eleva el número de afectados –y de fallecidos–, y uno tiene la sensación de que no estamos aprovechando que Italia nos lleva más de un mes de adelanto en la crisis para anticipar medidas más férreas aunque sean incómodas.
En Francia, cuando tenía un número de casos similar que en España, se cerraron escuelas y se limitó la circulación en algunos departamentos, además de prohibir eventos que reúnan a más de 5.000 personas en todo el país. En Suiza, cuando apenas tenía unas decenas de casos, se suspendió la liga de fútbol, el carnaval de Basilea y las concentraciones de más de 1.000 personas. En los dos países se está recomendando el teletrabajo y que se eviten desplazamientos que no sean necesarios.
Si nos vamos al sector privado, las multinacionales hace semanas que suspendieron todos los viajes de trabajo de sus empleados y la presencia en ferias. El Mobile World Congress se canceló el 12 de febrero, hace casi un mes. EY mandó a los 3.100 trabajadores de su central de Madrid a teletrabajar desde casa en cuanto apareció un primer empleado afectado. Las ferias canceladas en España y en buena parte de Europa lo han sido por la renuncia de expositores, no por decisión de los gobiernos de turno. Forinvest se libró por los pelos esta semana en Feria Valencia, pero varias grandes compañías expositoras prohibieron a sus empleados acudir y cubrieron el expediente con un par de personas en el stand.
Las empresas tienen una ventaja respecto a los responsables políticos y es que no tienen que dar explicaciones más que a sus accionistas y trabajadores, a los que tratan de proteger con más celo del recomendado por el Gobierno. El hecho de que corten por lo sano asumiendo pérdidas inmediatas puede ser un indicio de que vislumbran un escenario peor que el que nos ofrecen las autoridades para no alarmarnos.
Pero un poco de alarma no está mal. El Gobierno transmite tranquilidad porque aunque te contagies "es como una gripe". Pienso en la gente mayor que se vacuna contra la gripe pero no se puede vacunar contra esta amenaza que es igualmente mortífera para los ancianos y grupos de riesgo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no deja de repetir que los ciudadanos deben tener la confianza de que el Ministerio y las Comunidades Autónomas conocen "la verdadera dimensión de la situación". La tenemos, pero uno no puede evitar sorprenderse cuando ve que la Generalitat valenciana aconseja a los ciudadanos no contagiados que hagamos "vida normal con la familia y los amigos", con solo dos recomendaciones preventivas: lavarse mucho las manos y cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.
Metidos en Fallas y con las fronteras abiertas a los ciutadans del món sencer, eso supone confiar en que gente que haya estado en zonas de riesgo no acudan a las carpas, a la mascletà ni a la ofrenda, lugares en los que es complicado lavarse las manos y evitar los saludos. Confiar en la suerte. En Álava y La Rioja hay 60 afectados –dato del sábado– que se contagiaron en un funeral, es decir, haciendo vida normal con la familia y los amigos.
En fin, que un servidor confía en el Gobierno y en la Generalitat, pero ha decidido, igual que las empresas privadas, tomar medidas adicionales por su cuenta porque no quiere que le toque esta lotería. Dicho sea sin ánimo de alarmar más de lo necesario.
Ayudan poco a esa confianza que piden las autoridades decisiones arbitrarias como la que tomó la consellera Ana Barceló de prohibir la entrada de público en dos espectáculos deportivos. El episodio es lamentable sobre todo por el empecinamiento de la responsable de Sanidad una vez advertida del error fruto de la desinformación. La consellera convirtió lo que era una "recomendación" del ministro –tanto Illa como la presidenta del CSD, Irene Lozano, recalcaron que la decisión final correspondía a las CCAA– en una orden de cierre de puertas sin hablar previamente con el Valencia Basket y Valencia CF.
La recomendación era que se jugasen a puerta cerrada los eventos deportivos profesionales "en los que se espere una alta afluencia de público de equipos provenientes de zonas de riesgo", cosa que no ocurría en el partido Valencia Basket-Olimpia Milán porque porque el 97% de las sillas las ocupan abonados valencianos y el club que preside Juan Roig ofreció dejar vacíos los 76 asientos restantes. La Euroliga estaba de acuerdo. En el caso del Valencia-Atalanta, el club propuso que entrasen solo los abonados con pase anual.
Pero la consellera Barceló tomó la decisión política de sostenella y no enmendalla disfrazada con falsedades como que era una orden del Ministerio o que respondía a "evidencias científicas" y "criterios técnicos". Todo ello con el respaldo de Ximo Puig, que conoció de primera mano la situación y no quiso intervenir.
El resultado es que la Generalitat ha cerrado al público valenciano –casi 50.000 personas que tenían incluida la entrada en el abono– los dos únicos espectáculos donde tenía garantizado que no iba a entrar ningún extranjero procedente de zonas de riesgo. Mientras, italianos de la zona de alto riesgo siguen llegando todos los días a València por tierra, mar y aire y pueden asistir a conciertos, cines, teatros, mascletaes, castillos y a los partidos de fútbol y baloncesto de la liga española. Un despropósito.
