VALÈNCIA. No es fácil el equilibrio entre el negocio y la convivencia. No al menos en las zonas más tensionadas por la actividad de la restauración en la ciudad de València. Y es que, la Federación de Asociaciones Vecinales de València ha pedido al consistorio que endurezca la vigilancia sobre las terrazas, especialmente en en aquellos lugares donde se suele concentrar una mayor cantidad de ruido.
Así lo trasladaron durante la reunión que mantuvieron este martes con la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud. Una reivindicación que además choca frontalmente con las aspiraciones de la hostelería, que se mostró muy crítica a finales de este mismo año contra la decisión de devolver las terrazas a su espacio original. Una medida que según ellos había llegado de manera "precipitada" y sin contar con las posibles restricciones que todavía podrían entrar en vigor en caso de que la pandemia se descontrolase.
Chocan de este modo de frente los intereses de vecinos y hosteleros, que transmiten quejas diametralmente opuestas al Ayuntamiento. En el caso de los vecinos, estos lamentan que el control sobre el cumplimiento del espacio de las terrazas es insuficiente. De hecho, denuncian que la Policía Local no actúa de oficio ante los casos de incumplimiento de las ordenanzas de municipales, lo que según han detallado obliga a que sean los propios ciudadanos quienes trasladen sus quejas una a una.
Sin embargo, lamentan, esto tampoco suele llegar a buen puerto. Y es que, piden que los servicios implicados dejen de "pasarse la pelota" a la hora de atender el problema. Esto es, por un lado, la concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige el socialista Aarón Cano, y por el otro, el servicio sancionador que encabeza Carlos Galiana, procedente de Compromís. En definitiva, quien controla a la Policía Local y quien tiene que asegurarse de que, en efecto, las sanciones impongan en caso de que sean oportunas. Así, demandan que "dejen de echarse mutuamente la culpa" y busquen soluciones al problema.
"Las medidas actuales son parciales, insuficientes, y no tienen en cuenta las propuestas de las asociaciones vecinales", concluyen al respecto. Así con todo, elevaban una petición para que la junta de gobierno local debata un plan para garantizar el cumplimiento sobre la ordenanza de dominio público que, bajo su consideración, no está obteniendo toda la atención que debería.
En el caso particular de las terrazas, consideran que la ampliación no debería considerarse como opción dentro de aquellas zonas que ya sufren de manera recurrente el aumento de las molestias por ruido. Aunque, a tal efecto, no muestran reticencias con que la medida pueda ponerse en marcha fuera de estos lugares "siempre que sea compatible con el uso normal del dominio público".
"Hablar de la ampliación de terrazas sin encauzar los conflictos no es sensato", aseveraban. Y es que, el consistorio ya decretó la vuelta de las terrazas a su espacio natural, al considerar que la iniciativa había cumplido con creces su función dentro de los periodos más duros de restricciones sanitarias. Una decisión que vino acompañada, también, por el retorno del cobro de la tasa de mesas y sillas, que había sido congelada durante 2020 y 2021 para apoyar a un sector de la restauración duramente castigado.
Aunque, a pesar de todo, el debate volvió a estar presente hace unas semanas cuando el grupo municipal de Ciudadanos llevó a pleno una moción para volver a la ampliación. Iniciativa que finalmente no salió adelante, pero que demuestra que el asunto no está del todo cerrado ni para algunos sectores políticos ni para el sector.
Dentro de las quejas por ruido, otra de las principales inquietudes de los vecinos es la aplicación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que ya se aprobó en el barrio del Carmen y que está pendiente en el caso de Ruzafa. Esta acción incluye, principalmente, el adelanto de la hora de cierre de las terrazas o incluso en algunos casos la limitación de los negocios que pueden operar en la calle, todo ello con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos durante la noche.
Además, también incluyen la instalación de sonómetros en los puntos más conflictivos para conocer cuál es el nivel de ruido y poder actuar en consecuencia. Sin embargo, durante la reunión de este martes, los vecinos trasladaron a Beamud sus inquietudes por la falta de diálogo durante la implantación de la medida. En este caso, lamentan que no se hayan atendido sus recomendaciones sobre los lugares donde deberían estar los sonómetros.
Así con todo, piden que los barrios sean un lugar "que garantice la convivencia" y donde se respeten todos los usos, "no únicamente el comercial".