Tirón de orejas de Antifraude Les Corts por la falta de transparencia en las subvenciones de los grupos

VALÈNCIA. Al cuestionamiento que realiza la Sindicatura de Comptes cada año sobre la fiscalización que Les Corts realizan sobre las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, ahora se suma también la Agencia Antifraude. El órgano que dirige Joan Llinares publicó este lunes su memoria anual relativa al ejercicio 2019 en la que critica que no se han producido "avances significativos" en la fiscalización que realiza la Cámara valenciana al destino que le dan a las subvenciones los partidos políticos.

En concreto, el informe señala que en 2018 la Agencia ya realizó algunas recomendaciones para dar publicidad de forma detallada al fin de las ayudas que las formaciones reciben de la institución. Sin embargo, añade, durante el año pasado "no se han observado avances significativos sobre las asignaciones por subvenciones que tienen carácter finalista, ni sobre la justificación o detalle de de los gastos anuales en los que incurren los grupos (personal, contratos, servicios, proveedores, etcétera)". La aportación anual del erario público es de 3,7 millones de euros -14,8 millones durante la legislatura pasada-, sin que un órgano fiscalizador como la Sindicatura de Comptes pueda realizar ningún tipo de control. 

Hace ya tres años, de hecho, en 2017, la Sindicatura presentó la primera auditoría realizada a Les Corts Valencianes. En aquel informe, el órgano presidido por Vicent Cucarella recomendaba al parlamento valenciano que fiscalizara más y mejor los gastos que los partidos hacían de las ayudas que recibían de la propia institución. En concreto, pedía que la documentación contable que los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, Podemos, Compromís y PSPV presentan cada año a la Mesa de Les Corts reflejara "con claridad el destino de las subvenciones anuales previstas en las bases de ejecución presupuestaria".

Sin embargo, desde entonces la información que cuelgan las formaciones en el portal de transparencia del Parlamento sigue siendo prácticamente la misma. Para tratar de cambiar esta situación, el president de Les Corts, Enric Morera, trasladó a finales de 2019 un documento con las nuevas normas para que los grupos justificaran todos sus gastos -desde las dietas hasta las contrataciones de personal- después de que el Tribunal de Cuentas informara a la Cámara que el órgano que subvencionaba tenía la potestad de fiscalizar. 

De momento, el único cambio que se ha producido respecto a años anteriores es que Ciudadanos decidió colgar sus cuentas en la página web. Pero la Agencia Antifraude continúa considerándolo insuficiente: "Fuera del ámbito de Corts, la iniciativa por parte de un grupo parlamentario de incorporar en su web esta información con carácter mensual, no consigue las exigencias actuales que contempla la legislación vigente sobre transparencia". 

Llinares explica que más allá de lo que dispone la Ley Orgánica de gestión economicofinanciera de los partidos políticos, son los reglamentos de las cámaras autonómicas los que deben incorporar la forma en que los grupos deben rendir cuentas. Sin embargo, cuestiona, la normativa de la cámara "se limita a referir que en la información presupuestaria se incluya un apartado de contratación, convenios y subvenciones". 

"La información reflejada en el Portal de Transparencia de Les Corts se ha reducido en la mayoría de ocasiones a indicar el importe total de los ingresos de origen público, la cantidad percibida en concepto de subvenciones anuales y los gastos de personal. Pero sin desglosar con mayor grado de detalle las partidas que la Ley de Transparencia de 2015 exige que figuren como, en el terreno contractual, los contratos y encargos a medios propios, indicación de objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, si se ha utilizado publicidad, prórrogas o procedimientos que se han quedado desiertos", describe el la memoria de Antifraude. 

"Cuanto menos, debería poder comprobarse que las contrataciones se han producido en condiciones normales de mercado y no se han producido tratos privilegiados, a efecto de ofrecer mayor información patrimonial y profesional que sea útil para prevenir la aparición de conflictos de interés o incompatibilidades", conluye el documento.