Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. "Está produciendo un daño considerable al crédito de la institución". Así de contundente y duro se mostró este miércoles el Síndic de Greuges con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra en la presentación de su informe anual de 2017. ¿Los motivos de semejante afirmación? El elevado número de casos en los que este departamento del Ejecutivo valenciano no ha respondido a los requerimientos de la institución.
En el documento que este martes entregó José Cholbi al president de Les Corts, Enric Morera, señalan que la conselleria ubicada en el Palau dels Valeriola registró el año pasado un importante número de quejas tramitadas en materia de atención a la dependencia. En total, 937, la mayoría de ellas referidas a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones.
Aunque esta materia no es la que acumula más protestas -por delante se encuentran áreas como la de Educación o Sanidad-, el documento especifica que el crecimiento de un 12% respecto al pasado año es significativo puesto que se trata de "denuncias exclusivas, no agrupables", como sí sucede en las otras dos materias.
Ahora bien, para este órgano estatutario dependiente de la cámara valenciana no sólo es grave esta elevada cifra, sino que también lo es que Igualdad no les haya contestado a 133 peticiones de información. Una situación que, denuncian, ha obligado a que por "primera vez" la institución haya tenido que dictar "resoluciones sin haber recibido respuesta alguna de la conselleria tras reiterados requerimientos y habiendo transcurrido plazos superiores a los cuatro meses desde la primera solicitud del informe".
Conviene señalar que la ley del Síndic de Greuges fija un plazo de 15 días para que los departamentos del Consell den respuesta a sus requerimientos o remitan los informes oportunos sobre las denuncias que interponen los ciudadanos y, en casos excepcionales, se otorga una prórroga de otra quincena. Por lo que, en la memoria anual de actividades realizadas, el órgano hace especial mención al "incumplimiento de las obligaciones legales de la Conselleria" en relación a la institución.
Así, la memoria relata cómo ante los sucesivos tirones de orejas al departamento de Oltra, la conselleria justifica los retrasos en la carencia de personal y medios materiales. Una excesiva burocracia y falta de funcionarios de la que en más de una ocasión se ha quejado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, quien alega, además, que existe una disparidad entre la fecha en la que se registran las quejas y en la que llegan a la propia conselleria, que en ocasiones supera los seis meses.
No obstante, esta argumentación no convence al órgano presidido por Cholbi que determina que, aunque no pueda concluir si "estas anomalías se deben a falta de medios o a una deficiente organización", los retrasos resultan "incomprensibles" si se tienen en cuenta que en el mayor caso de los supuestos, "lo que ofrecen los informes de conselleria son respuestas estandarizadas sin una previsión clara sobre la solución del problema". "No parece que este tipo de respuestas exija un esfuerzo de elaboración que justifique tamaños retrasos. La situación resulta difícilmente sostenible y está produciendo un daño considerable al crédito de la institución", subraya el informe.
"Si conocer las instituciones de defensa de la ciudadanía es importante, no lo es menos contribuir a mantener la imagen de utilidad de las mismas. Quienes sienten violentados sus derechos necesitan, primero, saber de la existencia del Síndic y, después, confiar en su utilidad", resalta el síndic. "La peculiar naturaleza de esta institución, cuyas resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, requiere de un elevado grado de colaboración de las administraciones y organismos sujetos a su control", zanja el informe.
Tras hacerse público el documento, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Generalitat Valenciana, Helena Ferrando, defendió que el número de quejas de la ciudadanía al Síndic de Greuges en relación a la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas había descendido un 72% desde 2014, último año de gestión del antiguo gobierno del PP.
Ferrando subrayó que las quejas dirigidas a Igualdad habían pasado de un total de 4.423 en 2014 a las 1.208 del año pasado, lo que, a su juicio, evidenciaba que la gestión de este departamento "va por buen camino". En cuanto a la gestión de dependencia, la dirigente autonómica expresó que la media de quejas entre 2015 y 2018 es de un total de 591, frente a las 1.535 que hubo entre 2011 y 2014. Una reducción que, de hecho, el informe les reconoce, pero que nada tiene que ver con el motivo de la amonestación principal a este departamento.