Todo lo que estaba roto

VALÈNCIA. Las situaciones de crisis de cierta gravedad, como la que ha generado la pandemia de covid-19 durante lo que llevamos de 2020, no sólo hacen que aparezcan problemas nuevos o que se acrecienten tensiones preexistentes. También permiten detectar problemas estructurales previos que quizás habían sido pasados por alto porque no eran hasta entonces tan visibles o porque las consecuencias negativas que se derivaban de ellos se podían considerar soportables en condiciones de normalidad. Por así decirlo, estas situaciones permiten identificar con bastante facilidad todo aquello que está institucional, social y económicamente roto aunque la fractura venga de tiempo atrás y no haya sido provocada por la crisis en sí. 

Asumida esta premisa, resulta interesante analizar la situación que estamos viviendo para hacer una pequeña evaluación de nuestra sociedad y nuestras instituciones. Cuando baje totalmente la marea, por supuesto, este proceso de reflexión podrá ser más completo y contará con más datos, porque todos los desperfectos estarán más a la vista. Pero ya podemos señalar no pocas cosas, a cuenta de lo ya sucedido, por lo que vale la pena intentarlo. De este análisis quizás se puedan extraer algunas conclusiones sobre las deficiencias existentes que puedan servir para ir introduciendo, desde ya, cambios o mejoras que puedan ayudar a navegar mejor por lo que nos queda hasta superar totalmente esta situación.

Por ejemplo, si nos referimos a la situación española en su conjunto, es bastante obvio que estos meses han convertido en imposible no identificar una serie de problemas ciertamente graves de nuestro diseño institucional. Ha coincidido la pandemia con un reality-show protagonizado por la Casa Real, huida del Rey emérito a paraíso legal regado con petrodólares incluida, que expone bien a las claras la carcoma del modelo de Jefatura de Estado que tenemos. A esta situación se le ha añadido la actuación de un poder judicial -cuya cúpula lleva dos años en funciones porque las cosas son así- que no parece nada interesado en hurgar en los casos de corrupción que afectan al gran poder financiero ni, por supuesto, a la monarquía… salvo que jueces y fiscales de otros países lo hagan y haya que crear una pieza para tratar de atraer las competencias a un lugar más seguro y propicio, como es nuestro Tribunal Supremo. Mientras tanto, el gobierno, sus apoyos parlamentarios y la oposición han demostrado más bien poca capacidad de respuesta a la crisis y nula voluntad de entendimiento, y han estado más ocupados en lanzarse causas judiciales a la cabeza, en ocasiones con intervención mediante de las cloacas del estado, muy activas siempre, y que parecen haber gozado de una sorprendente libertad de actuación. Para rematar la cuestión, recordemos que seguimos conviviendo con una fractura política, territorial y hasta emocional en relación a la llamada “cuestión catalana” que como país hemos sido incapaces no ya de intentar resolver sino siquiera de afrontar. Salvo que consideremos que una forma de hacerlo es meter en la cárcel a los líderes políticos que ganan elección tras elección en esa región, apalear y procesar a manifestantes y alterar las reglas del juego constitucional hasta una groserísima deformación que además de decir muy poco de nosotros como sociedad y de nuestra cultura democrática garantiza revolcones semestrales en las instituciones supranacionales a medida que les van llegando los asuntos.

Con este panorama, resulta incluso normal que la gestión de la respuesta a la pandemia en sí misma haya sido muy deficiente en términos objetivos -España tiene los peores números de Europa en términos de fallecidos per cápita si nos vamos a los datos globales de exceso de muertos este año- sin que además sepamos aún muy bien ni siquiera por qué. ¡Es hasta comprensible que, con tanto lío, ni nos hayamos dedicado mucho al tema dejando la responsabilidad en las estructuras administrativas y burocráticas estables! 

El problema es que la crisis también ha dejado al descubierto las enormes carencias de diseño institucional del país en esta parcela, incluyendo a sectores o a características de nuestra sociedad de las que nos vanagloriábamos hasta hace bien poco. Baste pensar en que no era infrecuente leer o escuchar ritualmente que la nuestra era la mejor sanidad del mundo o que en España cuidábamos a nuestros mayores como en ningún sitio. El temporal que nos ha azotado en forma de covid-19 ha dejado claro que nuestra sanidad puede ser, sí, muy eficiente porque para lo poco que se invierte comparativamente en ella, gracias al esfuerzo de muchos profesionales y a un modelo de organización felizmente “soviético” con muy poco margen para la entrada del mercado dentro del sistema público, pues más o menos logra unos resultados decentes. Pero también ha puesto de manifiesto con desagradable crudeza que milagros no se pueden hacer con la escasa inversión que le dedicamos.

De igual modo, hemos sido incómodamente sorprendidos por la constatación de un Estado social esquelético, donde por ejemplo el cuidado a los mayores se externaliza en residencias mayoritariamente privadas que permiten “aparcar” a los ancianos a los que la falta de una debida red de apoyo hace que no puedan ser debidamente atendidos en sus casas o con sus familias, no es ni mucho menos algo de lo que debamos enorgullecernos. Por acabar con este punto, y del mismo modo que el ímprobo sobreesfuerzo a que se ha sometido a la sanidad y su personal empieza a pasar factura, estamos empezando a comprobar también cómo sin más inversión la escuela pública va a tener muchas dificultades para mantener todas las medidas y protocolos puestos en marcha para garantizar la educación de los niños, y no tan niños, con una calidad mínima en el empeño. Con todos los problemas de futuro y de igualdad y cohesión social que ello permite avizorar.

A estos problemas estructurales, que obligan a que nos replanteemos si algunas de nuestras fortalezas eran en verdad tales, se han añadido otros descubrimientos desagradables que entroncan con tradicionales carencias españolas, ahora si cabe más notorias. La lista podría ser larga, pero vale la pena empezar por la labor del Ministerio de Sanidad en la gestión de la pandemia. Su desempeño ha sido más que criticable, en gran parte debido a sus tendencias absurdamente centralistas y controladoras. Recordemos que en la primera fase de la crisis, por ejemplo, incluso prohibían hacer tests PCR a las Comunidades Autónomas, porque consideraban necesaria su centralización. Ahora bien, probablemente la crisis ha aflorado también una cuestión de pura incapacidad de los responsables en principio “técnicos” de algunas instituciones y grandes centros estatales dedicados a la gestión de crisis sanitarias, cuyos cuadros y equipos hemos descubierto que tenían muchas veces una preparación sorprendentemente alejada de lo que podría justificar su nombramiento -a dedo, por supuesto, y sin ningún tipo de proceso que atendiera a los méritos específicos para la función encomendada-. Algo que se traduce en consecuencias concretas que bordean lo increíble, como que pasados seis meses desde el inicio de la crisis sigamos sin tener los datos mínimamente actualizados de lo que está ocurriendo de modo fiable, mientras que sí hay varias Comunidades Autónomas que llevan meses ofreciéndolos de forma mucho más completa y más rápida. Si ni lo más básico somos capaces de asegurar con un mínimo de rigor, inquieta pensar cómo se están gestionando retos más exigentes.

Tampoco el proceso de toma de decisiones, extraordinariamente opaco para cualquier canon europeo, ayuda demasiado a que éstas sean mejores. Seguimos sin conocer la identidad completa de los comités que han asesorado en todo este proceso al gobierno y, lo que es si cabe más grave, siguen sin ser públicos los informes, tanto en lo que se refiere al análisis de la situación como en las propuestas concretas realizadas por los expertos seleccionados, en que se plasmó el trabajo de los mismos y a partir de los cuales, es de suponer, se han ido sucediendo las decisiones del gobierno. Con estos mimbres, no es de extrañar que hayamos vivido episodios vergonzosos de comunicación a la población -y eso dejando aparte la época del estado de alarma, donde ésta directamente la realizaban miembros de las fuerzas armadas o de las FCSE- como los ya famosos “esto es como una gripe”, “la mascarilla no sirve de nada” o el no menos impactante “sin estado de alarma no se pueden tomar medidas jurídicas de ningún tipo para luchar contra la pandemia” con los que nos machacaron insistentemente un tiempo y que han quedado, todos ellos, radicalmente desmentidos.

Este repaso a las carencias estructurales reveladas por la pandemia no puede acabar sin recordar los enormes problemas de fondo de un modelo económico caduco, inadaptado a las exigencias de los tiempos y excesivamente dependiente de sectores de bajo rendimiento, generadores de precariedad… Así como enormemente tributarios de actividades como el turismo, lo que ha provocado que una apertura a toda costa incluso de las discotecas y los pubs -que en gran parte de Europa han estado bien cerraditos todos estos meses- nos haya puesto de nuevo, por segunda vez, a liderar los contagios entre los países de nuestro entorno. Frente a esta situación, y a pesar de las rituales apelaciones al cambio de modelo productivo, a la economía verde y a la profundización en las medidas de protección de los más desfavorecidos por el autointitulado “gobierno más social de la historia de España”, las medidas de salida que se atisban ya dicen muy poco del país, también, en este terreno. De momento, tenemos propuestas de congelación del gasto social y del sueldo de los trabajadores públicos -a excepción de militares y policías-, apoyo a los sectores productivos tradicionales en declive en lugar de inversión en nuevas actividades generadoras de innovación y valor añadido -incluyendo un plan del gobierno de utilizar los fondos que lleguen de Europa en hacer más líneas de alta velocidad- y la fallida pretensión de apropiación de fondos municipales aprovechando la legislación que nos legó Montoro… y que al igual que sus presupuestos, parece que la nueva mayoría política no tiene muchas ganas de cambiar. Por supuesto, de las carencias en inversión y, en consecuencia, en músculo a la hora de la verdad, de nuestro sector tecnológico o de la investigación, a la que ahora pedimos respuestas, mejor no comentar nada, porque dedicamos un porcentaje a estas actividades que es, siendo generosos, la mitad del que es común en nuestros socios europeos. No pinta muy halagüeño el panorama, especialmente para la población de menos de 35 años, que lidera las cifras del paro juvenil en Europa. Frente a esta situación, de momento, ¿a alguien le suena si tenemos alguna propuesta económica de reforma mínimamente sólida, y ya no digamos con contenido social, de la que estemos hablando?

Por supuesto, no todo lo que hemos vivido nos deja sólo lecciones negativas. También hemos aprendido cosas buenas sobre la resiliencia de colectivos de trabajadores como el personal sanitario o, ahora, del mérito enorme de nuestras maestras y maestros. O lo buena que ha sido la capacidad de respuesta de algunas Comunidades Autónomas, así como la utilidad de que existan diversas aproximaciones para tomar nota de los errores y aciertos. Igualmente, hemos redescubierto las bondades de modos sostenibles de desplazarnos que algunas ciudades, por fin, están implantando.  Pero, en general, conviene centrarnos en lo malo si queremos mejorar. Aunque es verdad que de estas fortalezas también tiene sentido hablar, porque nos ilustran sobre algunos elementos interesantes de nuestro modelo institucional, político y económico, también a nivel autonómico. ¡Prometido queda que el próximo mes nos ocupamos de ello!