Así se cumple lo establecido en la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
VALENCIA, (EP). Los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento que se elaboren desde los distintos departamentos del Consell deberán contar con un informe sobre el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia, garantizando así que se elaboran atendiendo el interés superior del menor y el principio de no discriminación de este colectivo, que podrá ser consultado en el proceso, según ha informado la Generalitat .
La elaboración de este informe de impacto, que cumple lo establecido en la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, han llevado a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a elaborar, en colaboración con UNICEF, una guía metodológica que sirva de apoyo a los técnicos, y que irá acompañada de un curso formativo ofrecido por el IVAP.
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha destacado que con estas acciones formativas destinadas a facilitar y a aclarar la elaboración de estos informes, la Comunitat Valenciana se convierte en la primera autonomía que se preocupa de que "los órganos productores de normativa cuenten con el apoyo necesario para elaborar los informes pertinentes".
Ibáñez ha explicado que el objetivo de estos informes de impacto es "prevenir los efectos negativos no deseados y potenciar los efectos positivos, siempre contribuyendo a garantizar que se respeta el interés superior del niño y asegurar que se cumple el "principio de no discriminación", trabajando para que en los procesos de elaboración de normativas y diseño de políticas se tenga en cuenta a los menores.
Asimismo, el informe se realizará de forma simultánea a la elaboración del proyecto normativo y en él constará, entre otras cuestiones, si para su redacción se han realizado consultas a entidades relacionadas con la infancia, a niños o a adolescentes, directamente. El objetivo es "establecer la vinculación que pueda tener la norma analizada con los derechos y las necesidades concretas de la infancia", ha explicado el secretario autonómico.
El análisis del impacto en la infancia deberá servir para conocer de qué manera la regulación vigente o la falta de la misma influye sobre la situación de las necesidades y derechos de la infancia, además de para identificar los cambios que puedan originar la puesta en marcha de una futura norma sobre la situación de los menores de edad cuando ésta entre en vigor.
Para garantizar que el impacto de la norma sea positivo, el informe deberá especificar los cambios que se han de introducir para corregir las situaciones que se han detectado que dificultan el cumplimiento de los derechos de la infancia, así como las recomendaciones complementarias que pudieran evitar el impacto negativo.