MADRID (EP). La Plataforma de Perjudicados por Abengoa estudia ampliar su actual querella, presentada contra los exdirectivos del grupo Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega por la indemnización percibida tras su marcha de la compañía, a los actuales integrantes del consejo de administración y a los de su comisión de Nombramientos y Retribuciones "como cooperadores necesarios del mismo presunto delito", según indicaron hoy en rueda de prensa sus abogados, Felipe Izquierdo (Izquierdo Asociados) y Eliseo M. Martínez (Ius+Aequitas Abogados).
El abogado Felipe Izquierdo señaló que se ha pedido a la compañía la actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del consejo de administración en las que se aprobaron esas indemnizaciones por un importe total de unos 16 millones de euros para el expresidente y el exconsejero delegado del grupo de ingeniería y energías renovables para estudiar ampliar la querella contra los miembros de ambos órganos que dieron su visto bueno al pago.
"Lo primero es la comisión de Nombramientos y Retribuciones y luego, a la vista del acta del consejo, ver quiénes asistieron a ese consejo y quiénes votaron a favor", afirmó Izquierdo, quien subrayó que "en la cúpula de Abengoa hay mucho conde y marqués, pero poco noble".
Así, Izquierdo subrayó que se ejercitará la acción contra los miembros integrantes de la Comisión de Nombramientos, de la cual forma parte, entre otros, el político socialista y ex presidente del Parlamento Europeo José Borrell, también miembro del consejo de Abengoa. "Es curioso lo del caso del señor Borrell, que va a tener que dar más de una explicación", indicó el abogado.
Tras la presentación del preconcurso de acreedores por el grupo, la plataforma interpuso en la Audiencia Nacional una querella, en nombre de dos bonistas, contra Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, expresidente y exconsejero delegado de la compañía, respectivamente, por la presunta comisión de un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada, que fue admitida a trámite el pasado 18 de diciembre y que actualmente se encuentra en fase de instrucción.
Izquierdo destacó que esas indemnizaciones, de más de 11,4 millones de euros en el caso de Benjumea y de más 4,4 millones de euros para Sánchez-Ortega, "jamás debieron efectuarse" y criticó las justificaciones de la empresa para aprobar esos desembolsos en favor de los dos exdirectivos.
"Al señor Benjumea se le hace un pago por importe de 7 millones como reconocimiento a su permanencia en la entidad y en agradecimiento a su gestión en la misma durante los años pasados. A la vista de los datos, son un escándalo y aberración", dijo.
Asimismo, Izquierdo no descartó ampliar la querella contra el auditor de la compañía -Deloitte-, así como añadir los delitos imputados a falseamiento de información económico-financiera y estafa, aunque aseguró que para ello será necesario conocer el plan de viabilidad en el que está trabajando la compañía para presentar a la banca acreedora y el informe que elaborará KPMG.
Además, criticó el papel jugado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha sido "de nota" y "de pena", aunque descartó ir en su demanda contra ella, "ya que es ir contra un frontón y no vamos a sacar nada".
Por su parte, Eliseo Martínez estimó que un total de 311 perjudicados, entre accionistas y bonistas, han contactado ya con la plataforma desde que se admitió a trámite la querella, aunque no precisó el número de ellos que se han adherido.
Aún así, subrayó la importancia de personarse como afectado cuanto antes, sin esperar a la declaración del posible concurso de acreedores de la compañía, ya que el objetivo de la plataforma "no es otro que conseguir ejercitar en nombre de los accionistas y bonistas todo lo posible para conseguir lo máximo posible de su inversión".
