VALÈNCIA. (EP). La comisión no permanente de investigación de las actividades de la empresa pública Ciegsa ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP, su dictamen que concluye que la empresa pública funcionó como "una herramienta diseñada para eludir el control" administrativo y derivó en unos gastos financieros adicionales de 486 millones.
El dictamen ha contado con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Cs y en contra del PP al entender que es una "chapuza" porque está "sesgado" y lleno de "mentiras y falacias". Los portavoces de Podemos y Cs han planteado además una enmienda 'in voce' para aclarar que cuando citan como cooperadores directivos a los directivos Joan Vergara, Elena Bosque y Carlos Roqués se refiere, "en exclusiva", a "la responsabilidades políticas descritas".
La comisión se ha producido entre un tenso debate en el que el portavoz del PP, José Juan Zaplana, ha acusado a la presidenta la diputada de Compromís Marian Campello de "parcial y sectaria" por la concesión de los tiempos de turnos de réplicas después de que 'el popular' se enzarzara con el diputado de Podemos, a quien le espetó que "se había bajado los pantalones" y este le reprochó su "falta de respeto".
Asimismo, se ha producido un rifirrafe por la propuesta del PP de que sea el diputado de Cs Toni Woodward el encargado de leer el dictamen, ya que no estaba presente, mientras que el resto de grupo planteaba que fuera la presidenta de la comisión. Al final se han votado las dos propuestas y ha resultado elegida Campello. Ahora se abre un plazo de cinco días para presentar votos particulares antes de que dictamen sea llevado a pleno.
El informe responsabiliza a todos los consellers de Educación desde 2001 a 2013 y en especial cita la responsabilidad política 'in vigilando' de Alejandro Font de Mora y que la etapa "más negra" fue bajo la dirección de Máximo Caturla como secretario autonómico y consejero y posterior consejero delegado.
También se apuntan a desviaciones en las obras "elevadísimas e injustificables" y a un "sobredimensionamiento" de la plantilla y pide a la Generalitat que arbitre los mecanismos para realizar "una completa auditoría financiera y de legalidad" que cuantifique los perjuicios causados por Ciegsa.
En su intervención, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha destacado que hay "amplio acuerdo" en que Ciegsa funcionó como "una patente de corso" con el objetivo, como declaró el propio expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, de conseguir que "un gobierno diera lecciones a España de cómo se implantaba en tiempo récord la Logse". Para ello, se permitió a Ciegsa "operar para la búsqueda de financiación y contratistas a cualquier precio".
Por su parte, el portavoz socialista Alfred Boix ha resaltado que se trata de un dictamen "serio y riguroso" elaborado a partir informes de instituciones y de comparecencias, pero que han sido muy "pulcros" porque han "obviado muchas cosas que sabemos, como desviaciones o mordidas, pero que nos las podemos escribir" ya que están investigación judicial, como los informes de la UCO que sostienen que Ciegsa "se usó para financiar al PP en la Comunitat".
Boix ha señalado que todo surgió de las confesiones de Marcos Benavent --el autroproclamado yonki del dinero-- y que luego fue el secretario general del PPCV Ricardo Costa "el que ha admitido ante la Justicia que había mordidas en Ciegsa". "Se hizo para construir colegios y se acabo haciendo negocios", ha recriminado.
La portavoz de Compromís, Belén Bachero, ha recalcado que Ciega fue "un mecanismo para poder robar", pero ha aclarado que no se han podido cuantificar los sobrecostes, entre otros factores, por el propio sobredimensionamiento de la empresa y porque se limitaron las bajas de las ofertas al 16% y por tanto se limitó "la competencia y el ahorro". "No sabemos a cuánto han ascendido, pero que ha habido sobrecostes por encima de los mil millones está claro", ha recalcado.
Del mismo modo, la portavoz de Cs, Mercedes Ventura, ha destacado que el dictamen es lo "más objetivo posible" "sin poner en boca de nadie lo que no se ha dicho" y ha enmarcado "el descontento" del PP a que "sale la verdad". Ventura ha aclarado que se ha valorado el rango de tiempo aprobado por el plan de trabajo, aunque ha coincidido con el PP en que Ciegsa "sigue abierta y contratando" y esto se debería "evaluar".
Por contra, el portavoz del PP Juan José Zaplana ha recalcado que en las conclusiones, tras tres años, "no han podido demostrar ilegalidades, que es otra cosa que irregularidades, ni tampoco mordidas, ni corrupción, ni los mil millones de agujero". Además, ha lamentado "la bajeza moral" de responsabilizar al exconseller Manuel Tarancón, ya fallecido, por acusarle sin tener capacidad de defenderse.
Asimismo, ha lamentado que esta comisión ha estado plagada de "irregularidades" desde su constitución como "parar la investigación en 2015 cuando Ciegsa sigue en vigor, no analizar la actividad de la empresa pública, los 622 colegios que construyeron, ni se ha demostrado la ilegalidad del convenio con Educación, ni han sido capaces de limitar el impacto sobre las arcas públicas".
