Pancartas de la protesta de la comunidad de vecinosVALÈNCIA. Los 33 pisos que quedan vacíos en la Torre Girasol de Paterna han servido como escenario de conflicto durante los últimos meses entre la comunidad de vecinos y la Conselleria de Vivienda. Y es que, Vivienda adquirió estos inmuebles con la intención de dedicarlos al alquiler con perspectiva social, un hecho que puso sobre alerta a los propietarios de los otros 19 pisos y que ha generado un foco de malestar al no saber cuál será el régimen del alquiler o el perfil de los beneficiarios.
Una situación que finalmente la conselleria ha intentado calmar atendiendo las peticiones de la comunidad. Así, la principal queja que han trasladado los vecinos es que "nadie" les ha informado sobre cuál será el régimen del alquiler. Ellos dividen entre dos tipos: por una parte el social, que atribuyen a los colectivos más vulnerables y que tan solo requieren del pago de una cantidad simbólica para poder permanecer en la vivienda.
Por otro lado, señalan su opción favorita, la del alquiler asequible, que también se mueve dentro del campo de la protección social pero que en este caso exige el ingreso de una renta mínima procedente del trabajo por parte de la familia. Así, este tipo de régimen va dirigido por ejemplo a colectivos como el de personas jóvenes que se quieren independizar pero que no pueden hacer frente a los precios del mercado libre o incluso a las familias que aunque trabajen no pueden hacer frente a los precios de la vivienda, entre otros.
Según ha explicado la representante de la comunidad de vecinos: "Nos preocupa que estos pisos se utilicen para esponjar el barrio de La Coma, tal y como nos dijeron desde la conselleria de Vivienda". En este sentido, explica que las autoridades públicas ya disponen de "muchas viviendas" en La Coma para alquiler social "pero que no pueden hacer uso de ellas porque muchas están en mal estado o incluso han sido ocupadas de manera irregular".
Del mismo modo, también muestra su preocupación por la convivencia entre los propietarios y las personas que puedan entrar dentro del edificio dentro del régimen de un alquiler social: "Tenemos constancia de que en otros edificios no muy lejanos al nuestro, la convivencia ha sido muy complicada e incluso ha habido que dividir las comunidades de vecinos entre los alquileres y los propietarios", apunta la portavoz de la comunidad de la Torre Girasol.
"Sí que estamos de acuerdo, sin embargo, con que se dediquen viviendas a mujeres víctima de violencia de género, personas menores de 35 años o ancianos que necesiten una vivienda más accesible que la que poseen", concluye al respecto.
Finalmente, la Conselleria de Vivienda ha explicado a Valencia Plaza que tras las quejas de los vecinos ha aceptado atender las peticiones y poner un régimen de alquiler que obligue a ingresar entre el 1,5 o 2,5 del índice de precios al consumo. Esto implica que las familias que se postulen para vivir en la Torre Girasol deberán ingresar entre 800 o 1.300 euros al mes para poder afrontar el precio el alquiler, aunque sea asequible.
"No hay motivos para la alarma. Su propuesta era propiciar un mix de personas jóvenes y personas mayores, y los criterios de valoración en la mayor parte de sus puntos contemplan a los colectivos que ellos proponen", añaden. Aunque, eso sí, no se muestran de acuerdo con "las formas" en las que los vecinos han defendido su postura e incluso lamentan que se haya intentado hacer una diferenciación tan incisiva entre los tipos de alquileres según el colectivo a los que van dirigidos.
"Creemos que en cuanto a los problemas de convivencia, los miedos son infundados. Pero hemos atendido a sus peticiones porque no estamos aquí para generar problemas". Y con respecto al barrio de La Coma han añadido que las personas que se postulen "no tendrán más puntos por ser de un barrio cercano al edificio. La baremación está abierta para cualquier persona que esté empadronada en un municipio de la Comunitat Valenciana y se hará una valoración objetiva de sus circunstancias".
Una explicación que a priori podría encajar con los intereses de los vecinos, pero que aun así todavía genera malestar entre los representantes de la comunidad. Y es que, aún existe el miedo de que estas condiciones estén "maquillando" un alquiler social. "Si una familia de 4 personas ingresa 800 euros no puede pagar un alquiler de 500", reflexionan, por lo que entienden que el precio aun así seguiría siendo "simbólico".
"Pedimos en reiteradas ocasiones que nos dejaran participar en la redacción de las bases para el alquiler y no ha sido así", lamentan finalmente. Por todo ello, su solución reside en que la Conselleria de Vivienda vuelva a poner a la venta los pisos: "Lo ideal sería que los vendan todos, los 33. Pero como mínimo buscamos que sean 13".
Así, su interés es que el gobierno valenciano deje de tener una representación mayoritaria en la comunidad de vecinos. Algo que por lo pronto no sucederá: "No entra dentro de nuestro interés. La conselleria compra viviendas allí donde se le presenta la oportunidad para poder ampliar el parque público, así que no tenemos intención de venderlas", avanzan. Aun así, la comunidad de vecinos y Vivienda todavía se han emplazado a una reunión en las semanas próximas para negociar estas condiciones.
En este sentido, cabe recordar que la conselleria compró las viviendas a Solvia haciendo uso del derecho de tanteo y retracto, después de que el banco ya hubiera cerrado transacciones con los otros 19 propietarios que ahora ocupan el edificio. "Es muy complicado porque cuando nosotros queremos sacar votaciones adelante, como por ejemplo la de arreglar el jardín, no podemos porque la última palabra la tiene la conselleria", lamentan los vecinos.
Finalmente, los vecinos también se han mostrado preocupados por el hecho de que los pisos vacíos puedan sufrir okupaciones. "Nos avisaron de que se había corrido la voz y de que había grupos dedicados a la okupación de viviendas merodeando por la finca", ha lamentado la portavoz. Tanto es así que incluso trasladaron sus miedos a la conselleria, que acabó instalando cámaras para la tranquilidad de los vecinos.
"Hemos tenido que cerrar con un muro el jardín", continúa la representante de la comunidad de propietarios. "Hay gente muy disgustada con la situación, que incluso ha intentado poner a la venta el piso. Pero claro, ahora ya nadie los compra porque saben lo que hay en esta finca". En este sentido, denuncia que los propietarios compraron los pisos sin saber que la mayoría del edificio acabaría como alquiler para la protección social: "Eso ha devaluado mucho el precio de nuestras casas", zanja al respecto.
