Hoy es 1 de septiembre
VALÈNCIA. Fue el pasado mes de enero cuando saltaron las alarmas entre los profesionales de la cultura ante lo que calificaban entonces de “mercadillo” en la nueva convocatoria de plazas de funcionarios, una convocatoria que pretende aglutinar los puestos ofertados "bajo un título genérico de 'Administración Cultural' sin definición de los puestos a ocupar”, tal y como denunciaban varias asociaciones y colegios profesionales de la Comunitat. “Según esto, una geógrafa/o ¿Podría restaurar una tabla gótica? Una restauradora/or ¿Podría realizar propuestas de organización museológica?”, criticaban desde los sectores culturales. Se remitían, también, a la polémica sobre los restauradores en el Museu de Belles Arts, plazas cubiertas con profesionales no cualificados para dicha labor, tres empleados que acabaron en el departamento de registro "dada su falta de experiencia”, justificaron desde la conselleria. Las críticas cayeron como un jarro de agua fría en la administración pública y, de hecho, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, apuntó que eran “fruto del desconocimiento” sobre cómo funciona la provisión de puestos de trabajo en la administración pública.
Meses después del cruce de comunicados y declaraciones, lo que parecía un muro inquebrantable entre profesionales del sector y Conselleria de Cultura se ha suavizado tras una reunión con la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit. Aunque califican el encuentro de “positivo”, lo cierto es que la solución definitiva a sus demandas todavía está lejos de materializarse. En este sentido, los profesionales aglutinados en la bautizada como 'Plataforma por la cultura pública' aplauden que se haya llegado a un acuerdo para que en el mes de septiembre se lleve a cabo una reunión que incluya a Función Pública y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública con el objetivo de exponer las necesidades del colectivo, un diálogo que continúa aunque, eso sí, “al mismo tiempo”, advierten, continuarán con su reivindicación.
Y es que, los profesionales, "además de reconocer la necesidad de ese cambio del marco legal que rige la contratación pública", demandan cambios a corto plazo, tal y como reflejan en un comunicado. “El problema de base se encuentra en la interpretación sesgada que se hace de la legislación. Tanto en la anterior ley autonómica como la actual como, también, la estatal contemplan mecanismos y herramientas suficientes para poder hacer convocatorias ajustadas a los perfiles profesionales y a las necesidades de los diferentes puestos de trabajo por cubrir en las instituciones culturales pública y posibilitar, así, una correcta y completa gestión de nuestro patrimonio cultural valenciano, actualmente en claro riesgo por falta de técnicos en las instituciones”.
En este sentido, las distintas entidades presentes apuntan que "con esta dinámica de convocatorias, las bolsas constituidas no se pueden utilizar porque resultan inoperantes". "Así y todo, continúan sin aplicar cambios ni en las ya existentes ni en las de nueva creación", lamentan. El escrito ha sido firmado por la recientemente creada Plataforma por la cultura pública, integrada por: ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España); AVA (Associació Valenciana d’Antropologia); AVALEM (Associació Valenciana d’Educadors de Museus i Patrimonis); Sección de Arqueología (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante); Sección de Arqueología (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón); Sección de Historia del Arte (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante) y Sección de Historia del Arte (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón).