VALÈNCIA (EP). Trabajadores del Consorcio Valencia 2007, organismo público encargado de la gestión de la Marina de València, han denunciado fraude de ley en la liquidación del ente al ver "simulación" para perjudicarles, al tiempo que han pedido que se anulen todos los acuerdos y contratos celebrados desde mayo de 2022, cuando se acordó la disolución.
Así se desprende del recurso -al que ha tenido acceso Europa Press- que han interpuesto 14 empleados públicos del Consorcio -de un total de 26- ante el Consorcio de Valencia 2007, Administración General del Estado, Generalitat y Ayuntamiento de València.
El 30 de mayo de 2022 se acordó la disolución del Consorcio, lo que para los empleados es una decisión nula "de pleno derecho" al haberse incurrido en "manifiestos y graves errores" al continuarse con toda la actividad consorciada mientras se pretende finiquitar "ilícitamente" los contratos laborales de los recurrentes, representados por el abogado Manolo Mata.
Tras este acuerdo de disolución, según manifiestan los recurrentes, no se ha producido la "obligatoria" publicación del mismo ni su comunicación a los trabajadores, "hurtándoles" su derecho a combatir jurídicamente las "graves irregularidades" producidas en el proceso de disolución y liquidación "que deben ser depuradas".
En su recurso se indica que a pesar de haberse adoptado por el Consejo Rector del Consorcio un acuerdo de disolución, "no se acordó como tal la liquidación del mismo o, al menos, no se estableció qué modalidad de disolución se pretendía, y nunca se publicó". Es más, -añade-, los representantes de Ayuntamiento y Generalitat Valenciana no acreditaron los respectivos acuerdos de las instituciones que representaban de "no continuar en el Consorcio", ni de "no solicitar la cesión global de activos y pasivos".
Además, se alega que el Consorcio Valencia 2007 ha seguido desarrollando cada una de sus actividades, "sin limitarse en ningún momento a las gestiones compelidas estrictamente para su disolución y gestión de la extinción en estos más de dos años desde el acuerdo adoptado el 30 de mayo de 2022, sino más bien lo contrario".
Así, los trabajadores exponen que por la continuidad de la actividad desarrollada todo este tiempo por el Consorcio, la modalidad disolución, practicada de hecho, ha sido la extraordinaria o sin liquidación, es decir, aquella por la que se ceden tanto activos como pasivos a los entes consorciados, con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue.
En este sentido, indican que para el caso de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), con la prórroga del Convenio Administrativo, y el intento "fraudulento" de subrogar al personal, "ha pretendido no sólo continuar con la gestión mediante otras fórmulas de gestión no directas, sino que, además, ha buscado evitar asumir el personal como propio, al establecer en sus pliegos de condiciones que la nueva empresa adjudicataria del contrato de amarres, debe subrogar a 13 personas del Consorcio dedicadas al servicio de marinería y administración, pero no a la totalidad del personal".
De igual forma, añaden, el Ayuntamiento, este mes de julio, ha acordado revertir la cesión de espacios y se subroga en todas aquellas contratas en vigor con el Consorcio de Valencia 2007, sin hacer mención al personal. "Por lo que su intención es mantener también la continuidad de la gestión de dichos espacios, tal y como venia haciéndose, sin asumir el personal de la entidad que forma parte como ente consorciado, a pesar de que sí ha ofertado determinados puestos de trabajo a ciertas personas trabajadoras que forma parte de la dirección del mismo", alegan.
Así, los trabajadores estiman que no solo hay un fraude de ley al simular la disolución con liquidación de un Consorcio, "que como es el caso, no se extingue por haber alcanzado los objetivos del mismo, pues ninguna de las Administraciones públicas consorciadas pretende apartarse de la gestión de dichas actividades, sino que lo que pretenden las diferentes administraciones es mantenerlas pero mediante figuras y fórmulas de gestión privada más lucrativas y sin la asunción de las 27 personas trabajadoras que forman parte del personal asignado a la plantilla del Consorcio Valencia 2007".
En conclusión, manifiestan en el escrito que estamos ante una disolución extraordinaria en la que todas las actividades realizadas por el Consorcio y la explotación económica de todos los bienes patrimoniales "va a pervivir". "Se simula una liquidación únicamente para perjuidicarnos", se indica, y consideran que deberían ser absorbidos laborales por las tres administraciones consorciadas.
Ante esta situación, los trabajadores reclaman en su escrito la nulidad de todos los acuerdos que hayan sido adoptados por el Consorcio Valencia 2007, así como cualquier resolución de la que ellos derive, incluyendo la retroacción del patrimonio que se puso a disposición del Consorcio, o su ulterior cesión a iniciativas privadas empresariales, "ante el error continuado y manifiesto que ha supuesto emprender una liquidación sin su correspondiente acuerdo, así como sin determinar que tipo de disolución se pretendía".
Así, piden que se suspendan todos los acuerdos, licitaciones, adjudicaciones y contratos celebrados desde el 30 de mayo de 2022 por Ayuntamiento y Generalitat en relación con las actividades del Consorcio hasta que se dicten las resoluciones correspondientes ajustadas a la legislación vigente.