Transparencia busca sede para sus funcionarios y el nuevo Consejo de Transparencia

VALÈNCIA. El patrimonio de la Generalitat se ha quedado corto para la actual estructura del Gobierno del Botánico II. Los espacios de los que dispone la Administración valenciana son pequeños para acoger al personal al servicio de los organismos de nueva creación que ha puesto en marcha el tripartito a pesar de las últimas adquisiciones de bienes inmuebles que se han acometido. 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el miércoles pasado un anuncio de la Conselleria de Participación y Transparencia para buscar un inmueble que pueda acoger a los funcionarios del citado departamento, pero también al nuevo Consejo de Transparencia, que con la reforma de la ley de Transparencia aprobada en diciembre adquirió una mayor independencia orgánica respecto de la Conselleria dirigida por Rosa Pérez. En total, se necesita espacio para un total de 40 personas, según confirman fuentes del Consell. 

El departamento de Pérez busca tener al personal en las inmediaciones de la sede de la administración -actualmente en el antiguo Hospital de la Cigüeña- tanto para evitar los excesivos desplazamientos como para ser más eficientes y que los funcionarios de su cartera estén próximos entre sí aunque deban distribuirse en dos edificios. Para ello, el deseo es hallar un espacio con una superficie útil de entre 400 y 800 metros cuadrados, preferiblemente en las áreas comprendidas por los códigos postales 46010, 46004, 46021, 46001, 46002 y 46003, con accesibilidad adaptada y con un acceso a pie desde la vía pública.

Lo que sí será indispensable, según recoge el documento, es que esté "perfectamente acondicionado para su uso inmediato, con destino administrativo y sin necesidad de ninguna obra de adaptación (suelo, paredes y habilitación para puestos de trabajo)". Esto es condición sine qua non porque la Conselleria de Transparencia busca que el personal pueda entrar a trabajar directamente en el espacio que alquile. También deberá contar con un correcto funcionamiento de las instalaciones de "saneamiento, fontanería y electricidad, como las de climatización, ventilación e iluminación" y "contar con todos los permisos y licencias necesarios para el desempeño inmediato de la actividad administrativa que pretende darse".

Según fuentes del citado departamento, la Conselleria lleva cerca de un año tratando de ampliar el espacio del que dispone y compartimentando su actual sede para dar cabida a todos los funcionarios que trabajan en el edificio de la Cigüeña. Sin embargo, tras todo un ejercicio en espera y negociando con otras carteras del Gobierno valenciano la cesión de espacios, han debido recurrir al alquiler para hacerse con un inmueble para que sus funcionarios "puedan trabajar en condiciones". 

A esto se suma, además, la nueva estructura del Consejo de Transparencia, que con la nueva ley pasa a estar asesorado por personal técnico y sería imposible en las condiciones actuales dotar a los consejeros de despachos individuales. Una circunstancia que por el momento, eso sí, no sería de las más preocupantes porque a pesar de que la normativa ha reducido de cinco a tres el número de miembros del Consejo, en la actualidad siguen siendo cinco porque el órgano sigue en funciones año y medio después porque los grupos parlamentarios de Les Corts no han nombrado aún a los nuevos integrantes. 

De esta manera, 40 personas esperan ser trasladadas a un nuevo emplazamiento: funcionarios, Consejo de Transparencia, la oficina de apoyo al Consejo de Transparencia y, además, la delegación de protección de datos. 

No es el único

La búsqueda de nuevos emplazamientos ha sido una tónica en los últimos meses en el Botànic. La última en hacerlo fue la Conselleria de Hacienda, que tuvo que lanzarse a alquilar oficinas para albergar a sus empleados hasta que terminaran las labores de rehabilitación de los Palacios del Almirall, de Calatayud y del de Tremolar.

Previamente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya había pedido ofertas para alquilar un inmueble en Alicante para su dirección territorial; la Conselleria de Justicia hizo lo mismo en Valencia; y Agricultura trató de arrendar un espacio cercano a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre (CA90) para trasladar a algunos de sus funcionarios.